La ONG venezolana Espacio Público aseveró el lunes 6 de marzo que en el país se registraron al menos 28 violaciones a la libertad de expresión solo en el mes de febrero del 2023, donde se destacan la instigación y amenaza a 14 periodistas y 2 medios de comunicación.
«En cinco oportunidades la víctima fue la ciudadanía en general. El Estado, por su parte, fue responsable de 19 violaciones: 10 funcionarios, dos instituciones del Estado y dos cuerpos de seguridad», resaltó la ONG en su nota de prensa.
Espacio público denunció el predominio de «la amenaza, la censura, el hostigamiento verbal y la intimidación» como los mecanismos más frecuentes para violar el derecho a la información. Explicó que 56% de los casos registrados ocurrieron en internet y las redes sociales.
Adicional a sus declaraciones, varios venezolanos publicaron reseñas sobre el lanzamiento del libro. A finales de enero, días después, sus familiares recibieron amenazas por mensajería privada de Instagram, por lo que Rísquez interpuso la denuncia ante la Fiscalía.
Singer publicó un reportaje en el referido medio en el que habla sobre el uso de avatares creados con inteligencia artificial (IA) para presentar noticias positivas sobre Venezuela. Estos avatares son usados por el gobierno.
La alcaldesa García acusó a la prensa de ejercer «terrorismo mediático» por dar a conocer los problemas del municipio el pasado 28 de febrero.
Génesis Chinchilla, reportera de El Bus TV, narró ante Espacio Público que el CDI del terminal de pasajeros era un lugar habitual donde se ponen los periódicos murales (llamados «papelógrafos») desde hace dos años. El día del incidente, uno de los trabajadores le comentó que, semanas atrás, la directora del recinto le había llamado la atención al personal por permitir pegar esa información, motivo por el que no podrían hacerlo en esta ocasión.
De acuerdo con el reporte anual de IPYS, publicado el 6 de marzo, en 2022 se registraron 257 casos que representaron 373 violaciones a las garantías informativas de periodistas, medios de comunicación y ciudadanos.
Entre el registro, se pudo detectar 43 casos de restricciones de acceso a la información y 21 actos de censura.
Del mismo modo, durante el año pasado se cerraron 107 emisoras de radio en todo el país sin que las autoridades públicas dieran especificaciones al respecto.
El informe especifica que el Estado venezolano es el principal victimario de estos casos, con 192 registros contra la libertad de expresión nacional. De ese grupo, los principales agresores fueron la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, con 111 casos, los cuerpos de seguridad del Estado (36), los simpatizantes oficialistas (24), y las alcaldías y sus dependencias (14).
Caracas / Runrunes
