Bajo asedio estuvo la libertad de expresión e información durante el primer cuatrimestre de 2025, especialmente en el periodo de la juramentación presidencial durante el mes de enero. La organización Espacio Público difundió el viernes 2 de mayo un balance, donde contabilizaron 108 denuncias relacionadas a transgresiones de estos derechos.
La ONG señaló que hubo "una intensificación de estas dinámicas de represión" durante los primeros cuatro meses del año, con distintos sectores afectados. Durante el mes de enero registraron 38 casos, principalmente debido a la violencia política desplegada para impedir a la disidencia reclamar por la juramentación de Nicolás Maduro que, según el CNE, fue el ganador de las presidenciales del pasado 28 de julio.
Entre las violaciones más frecuentes registradas por Espacio Público están la censura (37 casos), intimidación (25 casos) y restricciones administrativas (22 casos), relativos a difusión de contenidos, bloqueos e impedimentos a la cobertura.
"A pesar de que la cantidad de casos disminuyó luego de la etapa postelectoral, la autocensura, la desinformación, y la falta de pluralidad informativa son hoy características importantes del ecosistema comunicacional venezolano".
64% de los casos registrados por la oenegé se produjeron en internet, con 21 bloqueos a sitios y plataformas web por parte de Cantv y que acompañaron algunas operadoras privadas.
Estos bloqueos, indicó Espacio Público, "se mantienen como un patrón que refuerza la censura en medios digitales y redes sociales".
Además, se registró el cierre de cinco emisoras radiales en los estados Bolívar, Mérida, Portuguesa y Táchira. Cuatro de ellas cerraron por órdenes directas de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) y la quinta debido a una falla eléctrica que afectó la operatividad de algunos de sus equipos.
Espacio Público aseveró que el cierre constante de emisoras "es una política implementada por el Estado venezolano para limitar los canales de denuncia ciudadanos en las regiones y restringir aún más la capacidad de los venezolanos para informarse de manera oportuna".
En este primer cuatrimestre también se registraron 19 detenciones arbitrarias relacionadas al ejercicio del derecho a la libertad de expresión, entre ellas las de 10 personas particulares, ocho periodistas y un trabajador público.
De este grupo, seis de esos arrestos fueron justificados por las autoridades con supuestos delitos de odio. Espacio Público destacó los casos de Rory Branker, periodista y editor de La Patilla que fue detenido el pasado 20 de febrero por funcionarios del Sebin; y la periodista Nakary Mena y su esposo Gianni González, quienes fueron detenidos a principios de abril y procesados judicialmente por presunta instigación al odio y publicación de noticias falsas.
En el caso de Rory Branker se desconoce su paradero hasta la fecha, mientras que el Tribunal 1º de Control del Área Metropolitana de Caracas le asignó a Nakary Mena como centro de detención el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF) Los Teques y su esposo Gianni González fue asignado al Internado Judicial Rodeo II, en Miranda.
Caracas / Tal Cual
