Los países miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobaron prorrogar durante dos años más el trabajo de la misión internacional independiente para Venezuela, que en sus informes ha acusado al Gobierno de Nicolás Maduro de graves abusos, incluidos posibles crímenes de lesa humanidad.
La resolución que incluía esta prórroga fue aprobada por 23 votos a favor, seis en contra (Argelia, China, Cuba, Eritrea, Sudán y Vietnam) y 18 abstenciones en la última jornada de la 57ª sesión del Consejo.
La misión, creada por el propio Consejo de Derechos Humanos en 2019 y cuya labor es investigar violaciones de las libertades fundamentales en Venezuela desde 2014, está presidida por la jurista portuguesa Marta Valiñas y la completan los expertos Francisco Cox (Chile) y Patricia Tappatá (Argentina).
La resolución demanda a las autoridades venezolanas a cooperar con la misión así como con la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, cuya representación local en Venezuela fue expulsada el pasado febrero.
El texto lamenta profundamente aquella decisión de la autoridades y también expresa alarma por "el agravamiento de las violaciones y transgresiones de los derechos humanos y el aumento de las restricciones del espacio cívico y democrático", en especial en el contexto de las elecciones presidenciales del 28 de julio.
Insta ante ello a Venezuela a "poner fin a la represión y persecución selectivas que se están llevando a cabo en todo el país por motivos políticos" y a liberar a todas las personas privadas de libertad de manera arbitraria, "incluidos los presos políticos".
Por otro lado, la resolución afirma que "solo puede haber una solución pacífica y democrática a la crisis actual" en Venezuela, una solución "que incumbe al pueblo venezolano, sin ningún tipo de injerencia extranjera en el plano militar".
El texto de la resolución fue inicialmente patrocinado por Argentina, Canadá, Chile, Ecuador, Guatemala y Uruguay, y se unieron en su apoyo alrededor de medio centenar de miembros de la ONU. Según sus promotores, la renovación del mandato de la misión investigadora era necesaria tras el agravamiento de la situación de derechos humanos en Venezuela con las elecciones de julio.
Cuba, Bielorrusia, Rusia y Eritrea trataron de frenar la aprobación del texto presentando cinco enmiendas, en particular una de la delegación cubana que pedía expresamente retirar la parte del texto en la que se prorrogaba la misión investigadora.
Ninguna de las cinco enmiendas logró los 24 votos necesarios (de 47) para salir adelante, pese a contar en todos los casos con el sí de China y Cuba, además de otros países.
La delegación venezolana criticó antes de la votación el texto de la resolución, asegurando que el Gobierno de Maduro "no reconoce los mandatos impuestos bajo criterios selectivos, politizados y de doble estándar".
"Los países occidentales insisten en convertir este Consejo en un instrumento de coerción y chantaje, en un tribunal de inquisición contra los gobiernos y pueblos del sur global", aseguró la representación de Venezuela
Cuba se sumó a las críticas asegurando que la misión de investigación era un mecanismo "falaz, parcializado e inoperante que es la antítesis de los valores que nos comprometimos a defender cuando se creó el Consejo de Derechos Humanos".
En la votación de la resolución destacó la abstención de potencias emergentes como Sudáfrica, India, Indonesia o Brasil, delegación esta última que dijo estar en contra de iniciativas que "condenen en exceso o sean demasiado prescriptivas".
La misión investigadora ha emitido cinco informes completos desde 2019 y numerosas actualizaciones orales sobre la situación en Venezuela, denunciando ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas o el uso de la justicia como herramienta para la política represiva del régimen.
Washington / EFE
