Mientras avanzan las investigaciones sobre los dos atentados que el jueves pasado sacudieron a Colombia y dejaron al menos 19 muertos y cerca de 80 heridos, el conflicto armado irrumpe como eje central de la campaña para las elecciones de 2026.
Hasta el momento se han detenido a tres hombres señalados de participar en el ataque contra una base aérea en Cali, capital del Valle del Cauca y principal ciudad del suroeste colombiano.
Uno de ellos, según informó el presidente Gustavo Petro, es Diomar Mancilla; los otros dos son Walter Esteban Yonda Ipía y Carlos Steven Obando, cuya detención un juez legalizó este sábado.
Según la Fiscalía, los dos hombres presentados ante la Justicia trasladaron dos camiones cargados con artefactos explosivos hasta las inmediaciones de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez y «habrían activado las plataformas de artefactos improvisados, generando el estallido de uno».
«Dicho procedimiento fue legalizado y avalado por el juez que dirige las audiencias. Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales los imputará cargos por su participación en el ataque terrorista», señaló la Fiscalía en un comunicado.
Los dos jóvenes detenidos fueron imputados de los delitos de homicidio agravado en persona protegida; tentativa de homicidio agravado; concierto para delinquir agravado; y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos.
El atentado en la Escuela Militar se le atribuyó al Estado Mayor Central (EMC), la facción más poderosa de las disidencias de las FARC, mientras que el ataque contra un helicóptero policial, ocurrido durante un operativo de erradicación de coca en una zona rural de Amalfi (Antioquia), se atribuyó al frente 33, otra disidencia.
Aunque en un principio se habló del uso de drones para derribar la aeronave, Petro aclaró este sábado que en realidad se trató de una «trampa» previamente instalada en el terreno donde el helicóptero aterrizó.
El lugar, explicó, «ya había sido acondicionado desde días antes, quizás meses, con cilindros de explosivos enterrados bajo un metro en el subsuelo».
«Es probable que los atacantes del narco podían presuponer que un helicóptero aterrizaría allí, o podían interceptar las comunicaciones de la unidad policial», añadió el presidente, al detallar que las cargas estallaron cuando los policías comenzaban a evacuar.
Petro subrayó que «la trampa era muy difícil de detectar» y rechazó que el aumento de cultivos ilícitos y de presencia armada sea consecuencia de su política, pues afirmó que «han crecido un poco por el incremento de consumo (de cocaína) en Europa».
«Busqué hablar con ellos (grupos armados) para que dejen la violencia y no me arrepiento. Nadie debe arrepentirse de buscar la paz», dijo.
El ministro de Defensa colombiano, Pedro Sánchez, encabezó este sábado una reunión extraordinaria con la cúpula militar y de la Policía en la ciudad de Rionegro, en Antioquia, con el fin de «coordinar acciones para fortalecer las capacidades de la Fuerza Pública en la región”.
Mientras tanto, la presión crece sobre el Gobierno y los grupos armados en un ambiente cada vez más electoral.
«Los atentados en Cali, Amalfi y otras partes del país son actos terroristas. Los grupos armados ilegales deben desistir de su estrategia de sobrepuja (…) La violencia sólo produce más odio y dolor, que alejan el país del camino de la paz», advirtió hoy el embajador de la Unión Europea en Colombia, Gilles Bertrand.
En la arena política, el precandidato presidencial independiente Juan Carlos Pinzón, quien fue ministro de Defensa en el Gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018), expresó su «preocupación» ante el «debilitamiento» y «desmoralización» de la Fuerza Pública, de lo que responsabilizó a la Administración de Petro.
«No pueden jugar a la política con las Fuerzas Armadas. El Gobierno de Petro está utilizando los ascensos de nuestras Fuerzas Militares, en el caso particular de la Policía, como una herramienta de control político», afirmó.
En la misma línea se expresó la senadora y aspirante presidencial del partido de derecha Centro Democrático Paloma Valencia, quien aseguró que el Ejecutivo «se quedó dormido frente a los violentos» y «hoy la violencia nos está comiendo».
El llamado urgente a la seguridad marcó también el discurso que dio hoy el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) en un acto de homenaje al precandidato presidencial de su partido Miguel Uribe Turbay, en el lugar del occidente de Bogotá donde en junio pasado ocurrió el atentado que le costó la vida.
«Que, como lo reclamó Miguel, haya seguridad para que en las veredas, en los pueblos y en las ciudades de Colombia se pueda dormir con tranquilidad, sin la pesadilla de esperar el asalto del violento», expresó el exmandatario, líder y fundador del Centro Democrático.
Esa formación política anunció el viernes que Miguel Uribe Londoño, padre de Uribe Turbay, ocupará su lugar en la carrera presidencial, en las antípodas ideológicas de otro recién proclamado precandidato: el senador de izquierda Iván Cepeda.
Cepeda, quien fue facilitador del proceso de paz entre el Gobierno y las FARC en el acuerdo de 2016 y es contraparte del expresidente Uribe en el llamado ‘juicio del siglo’ en Colombia, confirmó que será precandidato a la Presidencia por el Pacto Histórico, la coalición que llevó a Petro al poder en 2022.
«Soy defensor de derechos humanos, sobreviviente del genocidio político, hijo de un senador de la Unión Patriótica asesinado por su compromiso con los derechos de la gente», recordó el senador, en referencia a su padre, Manuel Cepeda Vargas, asesinado en 1994 por militares y paramilitares.
Tras el asesinato de Uribe Turbay y los recientes atentados, Colombia se encamina a las elecciones legislativas y presidenciales de marzo y mayo de 2026, respectivamente, con el temor de revivir la violencia política de los años 80 y 90, cuando varios candidatos presidenciales fueron asesinados.
