El chavismo abrió un nuevo capítulo político de sus casi 26 años de historia al juramentar como presidenta encargada a Delcy Rodríguez, tras la captura por parte de Estados Unidos del mandatario Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en un ataque militar a Caracas y otras zonas de Venezuela.
La funcionaria, juramentada por su hermano, el presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), el chavista Jorge Rodríguez, se convierte así en la primera mujer en la historia de Venezuela en encabezar el Ejecutivo.
Rodríguez aseguró tras la ceremonia que en estas "horas terribles de amenazas contra la estabilidad" no va a descansar "ni un minuto para garantizar la paz".
"Vengo con dolor por el sufrimiento que se le ha causado al pueblo venezolano luego de una agresión militar ilegítima contra nuestra patria", dijo Rodríguez durante el acto, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), durante el que denunció que Maduro y Flores son "rehenes" en EE.UU.
En los dos días transcurridos desde la captura del presidente, Rodríguez se ha erigido no solo como interlocutora de Caracas con la Administración Trump sino también como líder del chavismo, que ha cerrado filas alrededor de su figura.
La vicepresidenta Rodríguez fue convocada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a ejercer como presidenta encargada del país tras la captura de Maduro y Flores.
El domingo, presidió su primer consejo de ministros y designó una comisión, presidida por su hermano e integrada por hijos de Maduro, para gestionar la liberación del mandatario y su esposa en Estados Unidos.
La ciudad de Caracas fue retomando su normalidad este lunes, luego de sufrir el ataque militar de Estados Unidos la madrugada del sábado que llevó a sus ciudadanos a resguardarse, por lo que la mayoría de los comercios y transporte público se mantuvieron restringidos.
Durante la jornada los comercios fueron abriendo, especialmente los supermercados y farmacias, aunque no en un 100 %. Además, el transporte público empezó a reactivarse en la ciudad.
Igualmente, el equipo de EFE constató varios puntos de control de diversos órganos de seguridad del Estado, especialmente de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), en autopistas y avenidas de la capital venezolana.
La ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos denunció que en estos puntos -conocidos como alcabalas- los funcionarios ejecutan acciones de "intimidación, tales como requisas arbitrarias y detenciones injustificadas de personas por poseer material digital vinculado con los acontecimientos del pasado 3 de enero".
"Todo ello ocurre en el marco de un despliegue inusitado de fuerzas de seguridad, amparado en el reciente decreto de conmoción exterior", añadió.
El mismo sábado del ataque, Delcy Rodríguez declaró el estado de conmoción exterior, un tipo inédito de estado de excepción que otorga facultades especiales al Estado para tomar medidas en situaciones de conflicto.
Entre esas facultades se incluye, por ejemplo, movilizar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en todo el territorio, tomar militarmente y de manera inmediata la infraestructura de los servicios públicos, así como de la industria de los hidrocarburos y de las empresas básicas, para garantizar su "pleno funcionamiento" y activar "todos los planes de seguridad ciudadana".
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este lunes en una entrevista telefónica con NBC News que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, está "cooperando" con las autoridades estadounidenses.
Además, el mandatario descartó que en el país suramericano se celebren elecciones en los próximos 30 días hasta que el país "recupere su salud".
Por su parte, Rodríguez reiteró ayer su disposición a trabajar en una "agenda de cooperación" con Estados Unidos.
En una sesión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU, el embajador de Venezuela ante el organismo, Samuel Moncada, denunció la "violación flagrante" de la Carta de la ONU y el derecho internacional por parte de Estados Unidos y revindicó el respeto a la inmunidad, la liberación y retorno de Maduro.
También exigió a los países miembros una condena "inequívoca" del uso de la fuerza contra Venezuela, la reafirmación del principio de no adquisición de territorio ni de recursos mediante la misma, y la adopción de medidas para la desescalada, la protección de la población civil y el restablecimiento del derecho internacional.
Estados Unidos defendió la operación y negó estar en guerra o en una ocupación de Venezuela.
Su embajador ante la ONU, Mike Waltz, afirmó que Maduro es "un narcotraficante" y "un presidente ilegítimo", y sostuvo que la detención fue una "acción policial" destinada a proteger a los estadounidenses del narcoterrorismo.
Otros países como Colombia, Chile, Brasil, México, Cuba y Nicaragua rechazaron el ataque, mientras que Argentina, Paraguay y Panamá abogaron por el comienzo de una transición política en Venezuela.
Caracas / EFE
