La emboscada de este viernes en la que fueron asesinados siete policías en el suroeste de Colombia es el ataque más grave cometido en el país desde la llegada a la Presidencia de Gustavo Petro, quien no dudó en considerarlo como un sabotaje a su propuesta de "paz total".
El ataque fue perpetrado con explosivos en la vereda (aldea) de Corozal contra una unidad policial que se movilizaba en una camioneta tras una jornada de trabajo en el caserío de San Luis, en la zona rural de Palermo, en el departamento del Huila.
El Gobierno informó inicialmente de ocho muertos pero posteriormente la Policía precisó en un comunicado que eran siete, entre ellos tres auxiliares de 18, 19 y 20 años de edad que tan solo llevaban tres meses en la institución.
Las víctimas fueron los intendentes Wilson Cuéllar Losada y Luis Alberto Sabi Gutiérrez; los patrulleros Duberney Carreño Rodríguez y Jhon Fredy Bautista, y los auxiliares Santiago Gómez Endes, Arles Mauricio Pascuas y Cristian Ricardo Cubillos.
Hasta el momento se desconocen los responsables del atentado, aunque en el departamento del Huila, que fue duramente golpeado durante décadas por la antigua guerrilla de las FARC, operan disidentes de ese grupo que no se acogieron o renunciaron al acuerdo de paz firmado en noviembre de 2016.
Petro, que asumió la Presidencia hace 25 días con la promesa de lograr la "paz total" en el país, donde además de las disidencias de las FARC persisten otros grupos como la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y numerosas bandas criminales dedicadas principalmente al narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión, condenó de inmediato la emboscada.
"Rechazo contundentemente el ataque con explosivos donde murieron 8 policías en San Luis, Huila. Solidaridad con sus familias", manifestó inicialmente el presidente en su cuenta de Twitter.
El mandatario fue más allá y señaló: "Estos hechos expresan un claro saboteo a la paz total".
"La paz total va en contravía de la connivencia y el silencio ante la criminalidad. Esta acción de terror es un saboteo a los propósitos de superar estas violencias que sirven para los intereses de unos pocos, que viven y han vivido de la guerra", manifestaron por su parte el Ministerio de Defensa y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz en un comunicado conjunto.
Esta ambiciosa iniciativa hasta hoy no había tenido resistencia entre los grupos armados ilegales que manifestaron por distintas vías su intención de buscar un acuerdo con el Gobierno, bien sea mediante una negociación de paz en casos como el del ELN -una guerrilla política-, o un sometimiento a la justicia para los involucrados en delitos comunes, como los de las bandas de narcotraficantes o las disidencias.
En el caso del ELN, los contactos avanzaron el mes pasado en Cuba donde los negociadores de esa guerrilla y el Gobierno acordaron la reanudación de los diálogos de paz interrumpidos en 2018.
En las semanas previas a la investidura de Petro, que tuvo lugar el 7 de agosto, el Clan del Golfo, la mayor banda criminal del país, desató una ola de ataques contra policías, mediante el llamado "plan pistola", en represalia por la extradición a Estados Unidos en mayo pasado, de su líder, Dairo Antonio Úsuga, alias "Otoniel".
Esa ofensiva, que costó la vida a 36 policías, fue interpretada por analistas como una demostración de fuerza del Clan del Golfo, también llamado Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), con el fin de llegar fortalecido a una eventual negociación con el Gobierno de Petro al que el mismo día de su investidura le anunciaron "un cese unilateral de hostilidades ofensivas" para buscar "caminos de paz".
Por eso el sangriento ataque de hoy, que por ahora no se lo ha atribuido ningún grupo, fue rechazado por distintas autoridades y organismos internacionales ya que supone un duro golpe a la esperanza de paz abierta en las primeras semanas del Gobierno de Petro, el primer presidente de izquierdas del país.
"Este tipo de acciones no contribuyen al anhelo de paz que tenemos los colombianos", manifestó la Defensoría del Pueblo en un mensaje en redes sociales.
También el representante especial del secretario general de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, muy activo en las iniciativas de paz, condenó el ataque a la patrulla policial en el Huila.
"Confío en que las autoridades competentes investiguen rápidamente este hecho. Debemos seguir insistiendo en los esfuerzos alrededor de la paz", manifestó el diplomático.
Por su parte, el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) dijo que "los terroristas se burlan de la generosidad" del Gobierno con ataques como el de hoy y "son desdeñosos con las ofertas sociales", por lo que afirmó que "al terrorismo solamente lo arredra la autoridad".
"No hay Estado de Derecho respetable sino se ejerce TODA LA FUERZA LEGITIMA DEL ESTADO contra estos asesinos", manifestó Barreras en su cuenta de Twitter.
El senador pidió además al Ministerio de Defensa "desplegar la más fuerte reacción policial y militar para capturarlos y castigarlos" y sentenció: "Su impunidad sería fracaso humillante para el Estado de Derecho".
Bogotá / Redacción web /Efe
