El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, decidió ayer mediante decreto, y sin esperar respuesta del Tribunal Constitucional, la convocatoria de una consulta popular con la que pretende anular la ley de reelección indefinida y decidir sobre otros asuntos de interés nacional.
La consulta, que según los plazos legales definidos este miércoles debe celebrarse a finales de enero o principios de febrero, estaba pendiente desde principios de octubre de que el Tribunal Constitucional le diera su venia, pero el Gobierno ha considerado que se ha excedido en los plazos.
El pedido de Moreno ocurre a pocos días del regreso al país del expresidente Rafael Correa, de quien se ha distanciado.
Correa, hoy acérrimo rival de Moreno, calificó de “golpe de Estado” su intención de llevar adelante esa consulta y anular, entre otras, la ley de reelección indefinida.
Viéndose directamente perjudicado, consideró que la consulta contraviene la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, y valoró que todo es una maniobra de su sucesor -y oficialmente aún correligionario- para que él no regrese al ejercicio político.
En la consulta, Moreno quiere preguntar a los ciudadanos sobre cuestiones medioambientales, la no prescripción de delitos sexuales contra menores y la anulación o enmienda de varias leyes aprobadas por el anterior Ejecutivo de Rafael Correa. La más polémica, y que Correa volvió a calificar ayer ante los medios como “un golpe de Estado“, es la anulación de la reelección.
Enemigos
A juicio del exmandatario ecuatoriano Rafael Correa, la consulta solicitada por su sucesor está destinada a buscar “legitimidad política y capital político” y cree que Moreno está “aniquilando el país en el mediano plazo como hace 20 años”.
Quito, Ecuador / AP-EFE
