A juicio de distintos voceros del gremio magisterial y de sindicatos docentes, el 2022 fue un capítulo negativo no sólo en materia de reivindicaciones, sino en cuento a la merma en la calidad de la enseñanza. Algo que podría repetirse este 2023.
Para Raquel Figueroa dirigente sindical de la Federación Colegio de Profesores de Venezuela y coordinadora nacional de la Unidad Democrática del Sector Educativo, los principales indicadores han permanecido en retroceso. Apunta que todos los problemas que dejó la pandemia en 2020 y 2021, no tuvieron solución al año pasado, ni lograron la aplicación de una política eficaz para restablecer la calidad perdida.
“En Venezuela ya no se puede hablar de calidad de enseñanza, porque es un país que tiene la educación como derecho humano violentado (…) Hay un retroceso en las responsabilidades del Estado”, indicó la vocera.
En la post pandemia, la desinversión ha sido el común denominador. “La inversión disminuyó de una forma tan abrupta que se volvió desinversión. Se vio reflejada la calidad de la alimentación escolar, y en el mantenimiento de los planteles que son prueba de un deterioro casi total. No se ha producido una recuperación destacable de estos espacios”.
Solo las escuelas piloto del proyecto bolivariano han recibido una pequeña porción de ayuda, pero más allá de eso, Figueroa apunta que más de 50% los centros de enseñanza se mantienen en el mismo estado de deterioro. Ni el primer, ni el segundo año de pandemia el gobierno venezolano “tocó la infraestructura educativa” por una simple razón, “porque los planteles estaban cerrados”.
El 2022 también estuvo marcado por un resurgimiento de las protestas y los reclamos salariales, principalmente en los meses de julio y agosto frente al retraso del pago bono vacacional, que finalmente se hizo efectivo. No obstante, desde marzo no se aplica un ajuste en la tabla salarial, por temor del Ejecutivo a expandir la liquidez monetaria y disparar la inflación.
El salario mínimo y las pensiones que hace 11 meses equivalían a $30 hoy se han depreciado drásticamente hasta llegar, en la segunda semana de enero, a $6,74.
Figueroa anticipa que este 2023 será muy conflictivo para el sector educativo en vista de que el Estado sigue teniendo cuantiosas deudas con los docentes. De hecho, el año que comienza también encontró a los educadores en pie de lucha.
El pasado 9 de enero se realizó una movilización de maestros y profesores en distintas entidades del país. En Caracas la principal concentración se llevó a cabo frente a la sede del Ministerio de Educación en el centro de la capital.
“Seguimos en las calles unidos en una sola consigna: la clase de hoy, la damos en la calle. Es el inicio de una jornada de protestas que se inició en los 24 estados del país. Hacemos un llamado para que nos organicemos. Esta pelea es fuerte, es grande, Tenemos 85% de nuestros derechos violentados en la contratación colectiva”, dijo Figuera durante la manifestación.
Para Figueroa las pruebas del retroceso se cristalizaron con la congelación de la convención colectiva que estaba por firmarse. Pero, además de la pulverización del salario, la dirigente también expresó el deterioro de vida en aspectos como su desarrollo profesional y pedagógico.
La vocera gremial subraya que, en términos generales, las capitales importantes del país son las menos afectadas, siendo las zonas fronterizas y más alejadas de los centros urbanos, las que se muestran con problemas más graves.
“Son las que más han sufrido en cuanto a la disminución del presupuesto y la educación. Allí se ha registrado una migración una masiva de docentes a otros países a realizar otras labores para poder subsistir”.
Carlos Calatrava, director de la Escuela de Educación de la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab) advierte que una cifra preocupante que marca el año que finalizó, son los más de tres millones de niños y adolescentes, entre 6 y 18 años, que se encuentran excluidos del sistema de enseñanza, a lo que se añade los más de 500 mil alumnos que no regresaron a las aulas luego de la pandemia.
Según la más reciente Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi-2022), realizada por distintas instituciones encabezadas por la Ucab, se estima en millón y medio el número de niños, niñas y adolescentes que permanecieron fuera del sistema educativo en el período 2021-2022.
En la actualidad los planteles presentan una mayor cantidad de niñas que de niños, pero quizás el dato que más temor ocasionan de cara al futuro es que los niveles de exclusión también se han elevado. “Al menos 80% de la población venezolana se encuentra en algún tipo de situación de pobreza”.
De acuerdo con el informe de resultados del Sistema de Evaluación de Conocimientos en Línea (Secel) correspondiente al año escolar 2021-2022, elaborado por la Escuela de Educación de la Ucab, los alumnos de educación media en Venezuela cada vez poseen competencias más limitadas en materias fundamentales del currículo. En promedio, alcanzaron 8,95 puntos sobre 20 en matemáticas y 9,34/20 en habilidad verbal, pero la brecha entre instituciones privadas y públicas se sigue agrandando, quedando estás últimas con menor puntuación.
Por otro lado, existe un creciente desinterés por parte de los estudiantes en continuar sus estudios o una carrera universitaria, como, por ejemplo, educación que resulta importante para el desarrollo del sistema de enseñanza en el país. La Encovi ha señalado de forma reiterada que la razón principal que lleva a los adolescentes a dejar los estudios no es el factor económico, sino más bien la poca pertinencia de la oferta educativa y la falta de interés en los estudios.
Calatrava explica que la actual es una generación que no quiere compromisos a largo plazo.
“Tienes el peor entorno para que cualquier persona estudie en la universidad y es entendible porque es un compromiso muy largo. Luego terminas y te das cuenta de que se vive en un país en donde el conocimiento no se premia. Entonces no estamos en el mejor momento para que la gente se ponga a estudiar educación”.
Los docentes parecen condenados “a morirse de hambre” porque a su juicio, solo se dedicaron a ser empleados del Ministerio de Educación o simples docentes. “Ser educador es moverse en situaciones bien diversas”.
Las cifras de la Ucab indican que hay personas en Venezuela queriendo estudiar educación incluyendo las ocho menciones que esta casa de estudio ofrece, pero al momento de llevarlo a la inscripción las cifras se desploman y dejan al descubierto que la intención no es suficiente.
Las razones de esto incluyen el desinterés, pero también la crisis en el hogar, la poca rentabilidad que le ven algunos a la educación y la imposibilidad de costearse los gastos universitarios durante cuatro o cinco años. En el caso de las instituciones públicas hay quienes ni el pasaje pueden pagar.
Los montos que involucra pagar la educación resultan variables. Si bien en los centros de enseñanza públicos hay muchos factores que quedan exonerados, en los privados resultan más variables -hay instituciones pequeñas, muy por debajo del precio de las grandes, con canchas, auditorios y otros servicios y beneficios.
“Hay un arco de precios bien variable en donde 70% de los gastos se van en nómina y el resto queda para todo lo demás y según el tamaño de la escuela sacas el precio”, apunta Calatrava.
Según datos de algunas federaciones y asociaciones el rango de costos en las escuelas y liceos va desde los $60 hasta los $400 y en las universidades privadas va desde los $1 mil hasta los casi $3 mil en un semestre.
Los educadores diagnostican, planifican, pronostican, programan, diseñan, evalúan, gestionan y dan clases. Son ocho ámbitos de desarrollo profesional muy claros por lo que pueden trabajar en espacios que van desde una escuela hasta una organización empresarial o una comunidad.
“Nos toca el aula, pero no es lo único que hacemos. Lamentablemente nos hemos quedado con lo más fácil que es dar clase Todos estos factores dan como resultado que la educación se ha vuelto un factor inalcanzable, en vista que las familias más desfavorecidas comienzan a darle prioridad a la supervivencia que a la educación. Sin embargo, esto no salpica tanto a la educación privada, ya que esta solo cubre el 19% de la escolaridad”, agrega.
En este sentido la investigadora de Todos por la Educación, María Victoria Restrepo, consideró que, para el Estado, la educación no es una prioridad. “La vuelta progresiva a la presencialidad solo demostró la pérdida diferenciada de las oportunidades educativas en todos los niveles. En 2022 no se recuperó el número de inscritos y disminuyó en 190 mil estudiantes respecto al período 2020-21, según la última Encovi. El porcentaje mayor de deserción lo tienen las mujeres, por tanto, se necesita una atención y enfoque diferenciado a esta realidad”, relató la también politóloga.
Corresponsalía / Con información de Armando Díaz
