La dirigencia y militancia de Acción Democrática (AD) en Resistencia en el municipio Bermúdez del estado Sucre, encabezados por su secretario general, Edgar García, realizaron una rueda de prensa en la sede de la organización política en la calle Carabobo de Carúpano, para hacer la propuesta de renombrar la llamada Ley de Amnistía como Ley de Liberación e Indemnización de los Presos y Perseguidos Políticos en Venezuela durante el periodo 1999-2026.
García fundamentó la petición en que el término alude al perdón y los afectados por este proceso que no cometieron delitos, “porque nos los pueden castigar por pensar diferente o colocar en un estado de Whatsapp una idea sobre la soberanía popular o lo que ocurrió el 28 de julio de 2024. No es un delito, y muchos venezolanos fueron presos por pensar diferente”.
Cree que para liberar a los venezolanos en esa situación no hace falta una ley sino un acto de buena justicia o de buena voluntad. “De paz, de reconciliación, por parte del gobierno nacional y soltar a todos los presos políticos”.
Reconoció, sin embargo, que quienes estén señalados por delitos comunes, y estén juzgados por un tribunal, deben ser sancionados si es el caso, así como no deben recibir el beneficio de indulto o de la amnistía.
Sobre la ley, y su formulación, llamó la atención sobre la no intervención de un poder en otro, y evaluó que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, prácticamente ordenó la elaboración de una ley express, al Legislativo Nacional.
Señaló que la ley debe ser ampliamente discutida por todos los sectores, las organizaciones no gubernamentales y reseñó que el Foro Penal presentó un proyecto de ley de amnistía, que va más allá de la liberación de los presos políticos y cumple con otros beneficios.
“Queremos que de manera inmediata se libere a todos los presos políticos de Venezuela y de manera especial, estamos solicitando la libertad de Robert Franco, que tiene más de cuatro años preso”.
García aprovechó para proponer que se incluya en la amnistía el tema laboral, porque muchos trabajadores fueron despedidos injustificadamente, por reclamar, tal es el caso del sector universitario. Fueron despedidos 72 profesores del entonces IUT Jacinto Navarro Vallenilla, en el año 2002.
“A la mayoría no se les reconoció sus beneficios contractuales, legales, y esta amnistía laboral debe reconocer y resarcir a todos estos trabajadores, no solo a los universitarios sino a todos los trabajadores. Solo en el sector petrolero botaron a unos 20 mil trabajadores y no les fueron reconocidos sus derechos, muchos se fueron al exilio”.
Aclaró que la ley debe favorecer a la víctima no al victimario, “no es para favorecer al torturador sino al torturado”.
Sucre/ Corresponsalía Carúpano
