La migración venezolana se calcula en 7,7 millones de personas de acuerdo con los últimos datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), pero puede ser mayor porque no existen controles formales para tener la cifra exacta. Es un movimiento que no se detiene porque los graves problemas que causan el éxodo en Venezuela siguen vigentes; pero en 2024 estos migrantes enfrentarán retos no solo en el camino para establecerse en algún país, sino otros como las deportaciones que tomaron más fuerza en los últimos meses y que se han acentuado, la reducción de oportunidades económicas en América Latina y la xenofobia.
«Sin ninguna duda, la perspectiva de que se sigan generando situaciones de migración forzada sigue estando enfrente de nosotros por este año», asegura Carlos Lusverti, investigador de temas de migración del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bellos (UCAB).
Expone que Venezuela sigue siendo un país en crisis, demostrado por los números económicos y sociales y reitera que «hasta que no se corrijan las causas que impulsan la migración forzada y masiva, esta no se va a detener».
Los venezolanos fueron los que más cruzaron por la selva del Darién el año pasado tratando de llegar a los Estados Unidos y Canadá, con 63% del total de migrantes que tomaron esta peligrosa ruta: específicamente fueron 328.667.
La deportación fue una de las medidas que se impulsó en 2023 y que se ha extendido por diversos países como EEUU, Chile, Islandia, México, Luxemburgo y Alemania que comenzaron a devolver a los venezolanos a su tierra. Es una medida que se estima se mantenga este año, pero ¿cómo puede afectar a estos ciudadanos?, ¿cuáles otros retos deberán enfrentar estos migrantes?
La investigadora de temas migratorios María Gabriela Trompetero sostiene que, en un primer momento, «de aumentar las deportaciones, es posible que veamos una disminución de los flujos migratorios de personas venezolanas» y recuerda que así sucedió en octubre de 2022 cuando Estados Unidos inició devoluciones de venezolanos a México y con las deportaciones que comenzaron en octubre del año pasado directas de EEUU a Venezuela; no obstante, agrega que «de continuar la crisis humanitaria, política, económica e institucional en Venezuela, la migración forzada continuará, aún más si no se concreta un cambio político en 2024″.
Venezolanos deportados desde EEUU en octubre de 2023
Sobre las deportaciones, Lusverti explica que muchas veces los países toman estas decisiones por las presiones, como puede ser el caso de México y EEUU. Con este aspecto coincide Trompetero, quien señala que algunos países desestiman las recomendaciones de las organizaciones internacionales de no deportar a los venezolanos porque «existen presiones políticas por parte de algunos sectores que instrumentalizan a los migrantes como el perfecto chivo expiatorio para responsabilizarlos de los problemas económicos y de seguridad pública (en el país de acogida)».
También existen gobiernos que inician las deportaciones porque «consideran que de este modo se reducen las motivaciones de las personas migrantes para ir a sus países», añade María Gabriela Trompetero.
Ambos investigadores del tema migratorio explican que la deportación a Venezuela o a otro país conlleva riesgos de violaciones a derechos humanos, explotación laboral, trata de personas, violencia basada en género, esclavitud moderna, entre otros, que en muchos casos terminan beneficiando a grupos criminales que se aprovechan de las necesidades de los migrantes y su vulnerabilidad para estafarlos y ofrecerles (por altas sumas de dinero) llevarlos por rutas más peligrosas hacia Estados Unidos, donde los caminantes pueden perder la vida o quedar como desaparecidos sin saber con exactitud qué les sucedió, como es el caso de las decenas de migrantes desaparecidos tras tomar una ruta marítima desde la isla de San Andrés, en Colombia, para evitar el paso por el Darién —venezolanos y de otras nacionalidades—.
Entre los grandes retos que los migrantes venezolanos siguen enfrentando destacan la xenofobia y la integración con los nacionales en los países de destino. Estas también son algunas de las razones para que estos migrantes decidan emigrar por segunda y hasta tercera vez, buscando mejores oportunidades de vida hacia América del Norte o Europa.
La investigadora Trompetero dice que incluso migrantes que han logrado regularizar su situación en estos países encuentran brechas para la integración socioeconómica y ejemplifica con Colombia, que aunque ha logrado regularizar a casi dos millones de venezolanos por medio del Estatuto Temporal de Protección, este no es un tema prioritario en la agenda del presidente Gustavo Petro.
El presidente colombiano ha propuesto políticas de retorno para los venezolanos, enfocado en su alianza con el mandatario Nicolás Maduro, sin tomar en cuenta que de acuerdo con cifras oficiales de entes públicos colombianos más de 80% de los venezolanos que viven allá tienen deseo de permanencia.
Por otra parte, el investigador Carlos Lusverti expone que los eventos xenófobos suelen acrecentarse en contextos electorales «para ganar votos». Este es un año donde habrá elecciones presidenciales en Estados Unidos y México, países en los que el tema migratorio será crucial en las campañas de ambos países.
La exigencia de visados para los venezolanos es otro de los grandes retos que afrontan estos migrantes, pues en la actualidad, estos ciudadanos requieren visa para 98 países; de los cuales 13 están en las Américas y ocho en el Caribe.
Sin importar las medidas que los distintos países tomen para «frenar» la migración y buscando que los flujos migratorios disminuyan —que a veces se logra en los primeros meses—, lo que se consige, explica María Gabriela Trompetero, es que la movilidad humana «utilice vías más peligrosas para llegar a sus destinos».
Trompetero recomienda a los gobiernos receptores de migrantes (venezolanos y de otros países) que entiendan que estos salen de sus naciones e inician travesías para escapar de donde sus derechos humanos no son garantizados, huyendo de crisis humanitarias y en busca de mejores oportunidades de vida; por lo que recuerda que «deberían recibir protección internacional o alguna alternativa que les garantice acceso a derechos e integración socioeconómica en los países de destino sin trabas burocráticas».
Lusverti solicita políticas migratorias coherentes y acordes con los derechos humanos que no criminalicen la migración, no establecer detenciones preventivas, garantizar derechos mínimos y avalar la posibilidad de acceso a solicitar el estatuto de refugiado cuando haya elementos que acrediten a la persona.
Además, la investigadora María Gabriela Trompetero recuerda que, así como lo indican diversos estudios, los migrantes y refugiados «contribuyen con el desarrollo en materia económica y sociocultural de los países de acogida a través de pago de impuestos, compra de productos, cobertura de mano de obra, entre otros».
Los expertos recomiendan a los migrantes no caer en informaciones falsa, principalmente transmitidas por redes sociales e informarse adecuadamente en medios oficiales como embajadas, instituciones públicas u organizaciones internacionales sobre opciones regulares de migración.
Caracas / TalCual
