Tras la publicación, hace dos semanas, del informe de la Sección para la Participación de las Víctimas y las Reparaciones (Vprs) de la Corte Penal Internacional (CPI), la atención -tanto de las personas afectadas por casos de tortura y violencia, como la del propio Gobierno nacional-, está enfocada en qué ocurrirá en los próximos meses y cuáles serán los siguientes pasos en la investigación que se sigue por crímenes de lesa humanidad.
En particular, las interrogantes se centran en torno a la fecha en que se prevé que la Sala de Cuestiones Preliminares, que lleva el caso de Venezuela, dictamine si el fiscal Karim Khan puede continuar o no con el proceso por violaciones contra los Derechos Humanos que involucran a funcionarios del Estado.
Si bien los expertos enfatizan que no existen lapsos para un pronunciamiento, algunos dan por descontado que ocurrirá en el segundo semestre de 2023.
Mientras el director de Acceso a la Justicia, Alí Daniels, no descarta que la decisión sobre si seguir o no el proceso legal por los delitos cometidos en el país se produzca este año, la directora de la ONG, Defiende Venezuela, Genésis Dávila, estima que se podrían tener noticias alrededor de julio.
La coordinadora general de la organización Laboratorio de Paz y activista de DD.HH., Lexys Rendón, opina igualmente que el pronunciamiento podría darse este año, sobre la base de la experiencia de otros dos casos abordados por la CPI que sirven de antecedentes.
Uno de ellos fue el relativo a los crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en el conflicto bélico de Afganistán, a comienzos de la década de 2000. En marzo de 2020 se autorizó a la, para entonces, fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, a iniciar las indagaciones, lo que generó sanciones por parte de EE.UU. contra la instancia internacional.
El segundo caso se refiere a lo ocurrido en Filipinas, en la llamada “guerra contra la droga” del gobierno y de los crímenes perpetrados por el Escuadrón de la Muerte de Dávao entre 2011 y 2016.
“En el caso de Afganistán, una vez que se hizo la presentación de víctimas y organizaciones considerando por qué se debía continuar, la Corte demoró seis meses para determinar qué era lo que había que hacer. En el caso de Filipinas, fueron cuatro meses”, dijo Rendón a El Tiempo.
La experta señala que, en el caso de Venezuela, la cantidad de testimonios presentados es menor que el de Afganistán, -11 mil 150-, pero mayor que el Filipinas -6 mil 200.
El resumen sobre Venezuela publicado el 21 de abril apunta que existen aproximadamente 8 mil 900 víctimas y testigos de torturas, asesinatos, desapariciones forzadas, violaciones y/u otras formas de violencia sexual, desplazamientos forzados y persecución, entre otros delitos cometidos por funcionarios y autoridades nacionales durante las protestas de los años 2014 y 2017.
“Pudiéramos decir que en el rango de los cuatro y seis meses se tendría una respuesta (…) En este momento se encuentran paralizada (la decisión sobre si se continúa o no), pero una vez que la Sala de Cuestiones Preliminares del CPI y los jueces puedan evaluar el informe que les fue remitido por la secretaría, donde 8 mil 900 víctimas dan testimonio de que en Venezuela no se está haciendo justicia real, donde no hay posibilidad de que aquí se obtenga una verdad de lo ocurrido, ni una reparación y por supuesto las condenas necesarias a las cadenas de mando y a los responsables, lo más probable es que sea este año”, explicó.
Abogados y expertos confían en que la contundencia de los relatos y testimonios entregados al CPI sea un factor que facilite una decisión favorable y sin demoras.
El resumen divulgado por la Sección para la Participación de las Víctimas y las Reparaciones -que consta de 57 páginas-, indica que los casos de las 8 mil 900 víctimas se encuentran detallados en las 1 mil 875 solicitudes para que el CPI continúe el proceso.
El anuncio del inicio de la investigación en Venezuela -luego de una fase preliminar-, fue hecho sorpresivamente por el propio Khan durante una visita al Palacio de Miraflores en noviembre de 2021. Posteriormente, los testimonios y opiniones vertidos en el último documento fueron recabados entre noviembre de 2022 y marzo de 2023.
En el texto se transcriben relatos que dejan en evidencia, según subrayan los especialistas consultados, dos factores determinantes para dar luz verde a una nueva fase del proceso en el CPI: en primer lugar, que los crímenes cometidos en Venezuela fueron sistemáticos -planificados y ordenados por altas autoridades como política de Estado- pero también generalizados -afectando a un gran número de civiles.
En segundo lugar, que no ha existido voluntad del Estado para sancionar los crímenes de lesa humanidad. En un informe publicado por la CPI en noviembre de 2022, se indica que 67,86% de los casos (2/3) sigue en etapa preliminar de investigación y en 85,55% no hay ni siquiera un sospechoso.
Acceso a la Justicia puntualiza que de los cientos de denuncias, sólo hay sentencia para 3 %, e incluso cuando se ha producido una condena, esta abona argumentos a favor de la impunidad ya que no se sanciona a los responsables de dar las órdenes en la cadena de mando.
Los actos de violación a los DD. HH -de acuerdo a los testimonios de personas y organizaciones cuyas identidades no han sido reveladas-, fueron cometidos por efectivos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y otros organismos de seguridad.
En el resumen publicado semanas atrás, se extraen al menos nueve testimonios donde se describen diversos tipos de prácticas de torturas tales: como golpes; arrancar uñas de manos y pies; asfixia al cubrir a cabeza con bolsas que contenían insecticidas -algo que afecta seriamente los pulmones-, o bañar a las personas con orines y excrementos.
En uno de los extractos del informe se deja leer:
“Me desnudaron, me colgaron las manos y me arrojaron baldes de agua que la mayoría de las veces me caían en la cara (…) En una ocasión me llevaron a una habitación donde solo había un viejo escritorio de metal pegado a una pared y una vieja silla de metal en medio de la habitación. Me esposaron las manos a la silla con dos juegos de esposas, tomaron un palo eléctrico que se usa para ganado y lo conectaron con un cable largo a un enchufe en la pared. Me lo colocaron varias veces en el pecho, me tiraron agua en los pantalones, precisamente en los genitales, y me descargaron electricidad en los testículos, por lo que no pude contener la vejiga y oriné con mucha fuerza. Todavía tengo en mi cuerpo las cicatrices de las quemaduras”.
El relato continúa: “Me llevaron a una habitación y me hicieron parar en un banco de plástico, me colgaron del cuello, me golpearon varias veces en el estómago mientras me hacían preguntas que no pude responder. Los golpes fueron tan fuertes que una de las patas de la banca se rompió, así que me colgaron y perdí el conocimiento (…) Me trasladaron a un área con otros presos y les dijeron a los detenidos que yo era un violador, entonces me llevaron, me golpearon y abusaron de mí obligándome a practicar sexo oral”.
Las narraciones sobre violencia sexual se hacen comunes a lo largo del texto: violaciones, tocamientos o descargas eléctricas en los genitales.
“La víctima trató de escapar, pero no lo logró, la agarraron (…) Una bolsa plástica negra de basura la rociaron con insecticida y le taparon la cabeza con ella tratando de asfixiarla (…) Fue golpeada brutalmente por estos hombres, al punto que cayó al suelo, y cuando dos trabajadores intentaron intervenir para ayudarla, los mataron en el lugar, con fusiles, para impedir que ayudaran (a la víctima)”, apunta uno de los relatos que se desarrolla en una situación de captura de una mujer.
“Ella continuó siendo golpeada, le quemaron la mano, la sacaron a rastras de la casa, la llevaron a uno de los establos donde fue violada salvajemente por hombres, quienes continuaron golpeándola brutalmente”.
En este caso, “la víctima tuvo que ser intervenida quirúrgicamente por los graves desgarros genitales provocados por las violaciones, se le desprendió parte de la mandíbula y los dientes por el brutal golpe, y tenía fracturas de cadera y problemas de columna”.
También en los centros de reclusión se aplicaba tortura psicológica, actuando sobre los familiares del detenido.
“Soy un activista político en oposición al régimen de Nicolás Maduro (…) En la prisión (…) mis derechos humanos no eran derechos, sino meros sistemas de recompensa que fueron instrumentalizados de la manera más perversa. Maltrataban a mi familia para hacerme sufrir. Mi esposa (…) fue constantemente abusada sexualmente, bajo la amenaza de que si no lo toleraba no la dejarían verme (…) Muchas veces la obligaron a desnudarse, le abrieron la cara interna de los muslos, la hicieron tocamientos indecentes (…) Había una ocasión en que era aún peor porque obligaron a nuestros hijos a presenciar cómo desnudaban a su madre y abuela y querían desnudar a mis hijos”.
“Lo desnudaron y le ordenaron a un perro rottweiler que le mordiera los testículos”.
A pesar de la cantidad y contundencia de los testimonios recabados, existen acciones para intentar frenar y demorar el proceso. Esto ocurrió en los casos de EE. UU. y Filipinas y también en el de Venezuela.
El pasado 25 de abril el gobierno de Nicolás Maduro pidió a la Sala de Cuestiones Preliminares que se le permitiera responder al informe sobre las opiniones de las víctimas, señalando como “necesario que Venezuela” se pronuncie “en detalle a cada una de (las) alegaciones”.
Puesto que esto llevaría a revelar la identidad de los afectados, tal solicitud queda descartada, según las normas que rigen al CPI.
No obstante, si en los próximos meses se diera luz verde para continuar la investigación, se entraría en una nueva fase del proceso: el fiscal Karim Khan, podrá presentar casos específicos de víctimas con pruebas, dando conocer sus identidades. Incluso, según apunta Acceso a la Justicia, se podría impulsar un programa de protección de los declarantes.
Por lo pronto, la identidad de los afectados por los crímenes cometidos por las autoridades y representantes de los poderes públicos permanece bajo resguardo.
Asimismo, en una eventual nueva fase de la investigación, se podrán solicitar órdenes de comparecencia u órdenes de captura contra los perpetradores de los delitos de lesa humanidad.
El especialista en Derecho Internacional, Mariano de Alba, señaló meses atrás que es poco probable que la Corte emita una orden de captura o comparecencia antes de 2025.
La coordinadora del Laboratorio de Paz indicó a El Tiempo que una nueva fase puede ser muy larga o corta dependiendo de distintos factores.
“Con relación a las órdenes de comparecencia, lo más importante es que, seguramente, se van a producir cuando se inicie una investigación y se presenten alegatos sobre las personas responsables y se hagan los señalamientos”.
En el caso de las órdenes de detención, estas podrían emitirse para garantizar que la o las personas señaladas tengan comparecencia en el juicio.
“La comparecencia puede ser de manera voluntaria o a través de una orden de captura. Por supuesto esto va a depender del apoyo de otros estados. No es un procedimiento fácil para que esto ocurra”.
La conclusión para los especialistas es que el expediente de Venezuela avanza de manera firme de acuerdo con los procedimientos de la CPI. A las víctimas les queda un tramo de espera difícil, que, aun así, podría rendir frutos al final.
Caracas / Rodolfo Baptista
