La Corte Penal Internacional condenó la decisión del gobierno de Donald Trump de autorizar sanciones contra su personal, alegando que constituye “un intento inaceptable de interferir con el estado de derecho y los procesos judiciales del tribunal”.
Un decreto de Trump anunciado el jueves autoriza las sanciones al personal de la CPI que investiga a soldados y agentes de inteligencia de Estados Unidos, Israel y otros países aliados, por posibles crímenes de guerra en Afganistán y otros lugares.
Las medidas comprenden congelar los bienes financieros en EEUU de los empleados de la corte y la prohibición de ingreso a ese país de éstos y sus familiares.
La corte, de 123 estados miembros, dijo en un comunicado el viernes que “respalda con firmeza a su personal y mantiene su compromiso inquebrantable de cumplir de manera independiente e imparcial el mandato” establecido en su tratado fundacional, el Estatuto de Roma.
Dijo que un ataque a la corte, con sede en La Haya, constituye también “un ataque a los intereses de las víctimas de crímenes atroces, para muchas de las cuales la Corte representa la última esperanza de obtener justicia”.
El presidente de la Asamblea de Estados Partes, el mecanismo de supervisión de la corte, O-Gon Kwon, también criticó las medidas de Washington. “Socavan nuestro empeño común de luchar contra la impunidad y obligar a rendir cuentas por las atrocidades masivas”, dijo en un comunicado. “Deploro profundamente las medidas contra funcionarios y empleados de la Corte y sus familias”.
La corte con sede en La Haya fue creada en 2002 para juzgar crímenes de guerra, de lesa humanidad y genocidio en lugares donde sus autores podrían burlar a la justicia. Estados Unidos nunca ha sido miembro.
El secretario de Estado, Mike Pompeo, denunció el jueves al tribunal como una “corte ilegal” que no ha sido eficiente para cumplir su mandato de juzgar crímenes de guerra.
“No nos da placer juzgarlos”, dijo Pompeo. “Pero no podemos permitir a los funcionarios de la CPI y sus familias venir a Estados Unidos de compras y de viaje y gozar de las libertades estadounidenses al tiempo que persiguen a los defensores de las mismas libertades”.
El año pasado, Pompeo revocó la visa de la jefa de la fiscalía del tribunal, Fatou Bensouda, por pedir a los jueces que investiguen presuntos crímenes de guerra en Afganistán. La corte autorizó la investigación en marzo.
Naciones Unidas “toma nota con preocupación” de los informes sobre el decreto de Trump, dijo Stéphane Dujarric, vocero del secretario general António Guterres.
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, expresó su apoyo al decreto de Trump y acusó a la Corte de fabricar “acusaciones insólitas” contra su país y elogió a Estados Unidos por defender lo que llamó la verdad y la justicia.
La Haya / AP
