Un tribunal en Venezuela condenó a dos estadounidenses a 20 años de prisión por participar en una incursión fallida encaminada a derrocar al gobernante Nicolás Maduro, acción que fue condenada por su abogado que afirmó que a los detenidos no se les permitió el derecho a la defensa privada y se les juzgó en una audiencia a escondidas.
Los ex Boinas Verdes Luke Denman y Airan Berry fueron sentenciados por delitos de conspiración, asociación, tráfico ilícito de armas de guerra y terrorismo por la frustrada operación del 4 de mayo, indicó el fiscal general, Tarek William Saab, en su cuenta de Twitter.
Según Saab, los dos estadounidenses admitieron su responsabilidad en los hechos ocurridos a principios de mayo, cuando se registró una fracasada incursión en el estado costero de La Guaira por parte de un grupo de exoficiales desertores y civiles venezolanos.
“Hay rangos evidentes de violación de derechos constitucionales como lo es el derecho a la defensa”, afirmó el abogado Alonso Medina Roa, quien indicó que a pesar de que en el tribunal se consignó esta semana un documento de los familiares de los estadounidenses que lo acreditaban como su representante legal, no se le permitió el acceso a la audiencia y se les asignó a los detenidos una defensa pública.
Medina Roa dijo a The Associated Press que desde que Denman y Berry fueron arrestados y llevados a la cárcel capitalina de El Helicoide, que opera en una de las sedes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), “no se les permitió el contacto con la defensa o el mundo exterior” y se les ha limitado la protección consular.
Confesión
En relación al alegato que dio el fiscal general de que los detenidos admitieron su responsabilidad, lo que agilizó el anuncio de la condena, el abogado expresó que ese hecho presenta vicios porque, según argumentó, a los dos estadounidenses nunca se les permitió la asesoría jurídica para tal admisión y la declaración se dio sólo con la “complicidad de la defensa pública”.
El jurista indicó que la audiencia de Denman y Berry se hizo “a escondidas” la noche del viernes en El Helicoide a donde se trasladó el tribunal que más temprano había informado que no habría audiencia.
Al ser consultado sobre el hecho de que los dos estadounidenses fueron condenados en un tiempo récord de tres meses cuando los procesos en Venezuela suelen extenderse por años, Medina Roa afirmó que “si lo vemos con una visión política podemos entender esta reacción de parte del órgano jurisdiccional”.
El caso de los dos estadounidenses pasará ahora a un tribunal de ejecución donde la defensa realizará los trámites para la posible apelación de la sentencia, precisó el abogado.
Denman y Berry, que estaban asociados al ex Boina Verde Jordan Goudreau —quien se adjudicó la responsabilidad de la llamada Operación Guideón— fueron apresados el 4 de mayo junto a ocho hombres en el poblado costero de Chuao, en el estado central de Aragua.
Por la frustrada incursión fueron detenidas 66 personas, informó la Fiscalía General.
El escándalo desatado por la operación alcanzó al líder opositor Juan Guaidó, quien fue señalado por Goudreau por haber suscrito junto a dos excolaboradores, el asesor Juan José Rendón y el congresista opositor Sergio Vergara, el acuerdo para la incursión. Guaidó ha negado toda participación.
La Fiscalía General, controlada por el gobierno, solicitó la captura Goudreau, Rendón y Vergara, que estarían en Estados Unidos, y dijo que pediría su extradición.
Acusación
Venezuela acusó a los gobiernos de Estados Unidos y Colombia de estar implicados en el caso, señalamientos que fueron rechazados por ambos. El secretario de Estado, Mike Pompeo, dijo que Washington utilizaría “todas las herramientas” para repatriar a Denman y Berry.
La condena a los dos ex Boinas Verdes se anunció un día después del inicio del juicio contra seis ejecutivos estadounidenses de Citgo, filial de la corporación estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), que llevan más de dos años detenidos tras haber sido arrestados en la nación por supuestos cargos de corrupción.
El proceso contra los ejecutivos Gustavo Cárdenas, Jorge Toledo, Tomeu Vadell, José Luis Zambrano, Alirio Zambrano y José Pereira, demorado por varios años, tuvo un nuevo sentido de urgencia coincidiendo con la reciente reunión entre el exgobernador de Nuevo México Bill Richardson y Maduro, en Caracas.
A los seis ejecutivos se les dictaron cargos de malversación de fondos derivados de una propuesta nunca ejecutada de refinanciar unos 4.000 millones de dólares en bonos de Citgo ofreciendo una participación del 50% en la empresa como garantía. Cinco de ellos son venezolano-estadounidenses, con profundas raíces en Texas y Luisiana, y uno es residente permanente en Estados Unidos.
Reacción
El gobernador Richardson dijo el sábado que también trabajaría para liberar a los veteranos condenados, que son ambos nativos de Texas.
“Luke Denman y Airan Berry son ciudadanos estadounidenses y veteranos militares que merecen nuestro apoyo”, dijo. “Continuaremos nuestro diálogo con los venezolanos para tratar de encontrar una manera de traerlos de regreso a casa con sus familias”.
Ambos casos se desarrollan en medio de la hostilidad entre Washington y Caracas. El año pasado, la administración Trump apoyó al líder opositor Guaidó, quien declaró que era el presidente legítimo de Venezuela y prometió derrocar a Maduro.
Guaidó culpa a Maduro por el colapso económico y social de la otrora rica nación, mientras que el líder socialista dice que Washington está manipulando al líder opositor para robar la riqueza petrolera de la nación.
Caracas / Fabiola Sánchez / AP
