El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) informó este 27 de abril que en un hecho «sin precedentes» el gobierno de Nicolás Maduro pidió a la Corte Penal Internacional (CPI) que le permita responder al último informe de la Sección de Víctimas.
Como se recordará, el pasado 20 de abril, la Corte Penal Internacional publicó la versión editada del informe de la Sección para la Participación de las Víctimas y las Reparaciones (VPRS).
La VPRS recibió observaciones de víctimas venezolanas de crímenes de lesa humanidad, en particular, de «asesinatos, encarcelamientos u otra privación grave de la libertad física, torturas, otros actos inhumanos, violación y/u otras formas de violencia sexual y desapariciones».
En total, al menos 8.900 víctimas pidieron no solo que se reanude la investigación sobre Venezuela en la CPI, sino que se amplíe y se incluyan otros crímenes de lesa humanidad que no están contemplados en el caso Venezuela I.
Según explica Provea, el gobierno argumenta que el informe presenta hechos sobre supuestas víctimas «que pudieron haber sido objeto de investigaciones penales internas, o incluso, los perpetradores pudieron haber recibido sanciones internas».
Alegan que puede que los hechos «no hayan sido nunca reportados ante el sistema judicial interno de Venezuela», lo que haría necesario que ellos respondieran en detalle cada uno de esos alegatos.
El gobierno habría pedido un plazo, por lo menos, hasta el 30 de mayo, para responder.
Para Provea esta petición del gobierno «tiene muy pocas posibilidades de éxito» y el gobierno la presenta solamente con «fines dilatorios».
«Los jueces de la CPI deberán responder a la petición del Estado, lo que podría retrasar el procedimiento para decidir si se autoriza al fiscal de la CPI, Karim Khan, a retomar la investigación por crímenes Venezuela I», explican.
El exfiscal del Ministerio Público, Zair Mundaray, también opinó en su Twitter que la solicitud de la cancillería venezolana a la CPI tiene fines «evidentemente dilatorios».
«Está claro que el avance del caso Venezuela I ante la CPI los tiene muy nerviosos. Por eso Jorge Rodríguez pedía el cese de la investigación a «sus líderes» en una claro mensaje de ‘yo no estoy incluido ahí», comentó Mundaray en su cuenta en Twitter.
Provea menciona que la petición del gobierno supondría tener acceso a la información sobre las víctimas, pero aclara inmediatamente que esto «está completamente excluido, incluso para el Fiscal de la CPI y con mayor razón para los Estados».
Por su parte, la ONG Acceso a la Justicia enfatizó que la sala no revelará información alguna que ponga en peligro a las víctimas venezolanas.
«El informe con todos sus detalles solo es accesible para los jueces de la Sala de Cuestiones Preliminares, así que independientemente de lo que decida esta, a todo evento, la identidad de las víctimas será salvaguardada», aseguraron en un trino en Twitter.
Caracas / Runrunes
