Desde el pasado jueves 18 de abril, la industria petrolera venezolana quedó inmersa nuevamente en medidas sancionatorias emitidas por Estados Unidos, a raíz del incumplimiento de los compromisos en materia política, electoral y en derechos humanos pactados por el chavismo en la firma del Acuerdo de Barbados.
La Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos decidió no renovar la Licencia General Nº 44, que establecía una flexibilización casi total de las sanciones implementadas contra Petróleos de Venezuela (Pdvsa) en 2019.
En su lugar, el organismo estadounidense expidió la Licencia General Nº 44A, que reestablece las limitaciones previas, pero deja una ventana abierta para que los negocios en curso con Pdvsa se finiquiten y también para que las empresas interesadas puedan solicitar ante la OFAC permisos particulares.
Este cambio de condiciones en la industria petrolera venezolana da pie a una modificación en las reglas de juego, al no contar con libertades para comerciar crudo en los mercados naturales de Venezuela, como Europa e India. Una vez más, tendrá que recurrir al opaco mercado asiático con descuentos que van a mermar los ingresos del Estado vía renta petrolera.
Como consecuencia de las dinámicas de mercado que se propician en el contexto de las sanciones, la economía podría tener un rendimiento más bajo del esperado, como ya anticipaban diversas consultoras económicas. Sin embargo, incluso bajo el paraguas de la Licencia General Nº 44, no se produjo un mayor cambio en la actividad económica venezolana entre el último trimestre de 2023 y el primer trimestre de 2024.
La crisis económica sigue su curso, con una dinámica recesiva por el escaso consumo que provocan los bajos ingresos de los venezolanos, que no parecen levantar cabeza con o sin sanciones. Indistintamente de las licencias que emita la OFAC, el bolsillo sigue afectado, por tanto vale la pena preguntarse ¿Tienen realmente las sanciones un impacto para el venezolano común?
De las sanciones no depende el buen desempeño de la economía, pues las políticas económicas aplicadas en Venezuela durante la última década explican la contracción más allá de cualquier decisión tomada desde Washington. La caída del Producto Interno Bruto (PIB) inició cinco años antes de la Orden Ejecutiva 13.850 (emitida en 2019), que restringía las operaciones de Pdvsa.
Entre 2014 y 2018, justo antes de las sanciones petroleras, el Producto Interno Bruto (PIB) se contrajo al menos 60,5%, según proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), a falta de data oficial del Banco Central de Venezuela (BCV) desde 2017. Además, el país estaba inmerso en un ciclo de hiperinflación.
Las sanciones, en efecto, acentuaron esa ya pronunciada caída para los dos años siguientes. De acuerdo con un informe publicado por la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), hasta octubre de 2020 el Estado había dejado de recibir aproximadamente $30.949 millones por concepto petrolero. Pero más allá de la cantidad de dinero, el desempeño de la economía no parece depender completamente de una orden Ejecutiva, como lo sugiere ese lustro de contracción previo a las restricciones a Pdvsa.
Por lo tanto, esta reimposición de sanciones genera más bien un ambiente de incertidumbre, en el que se desconoce el alcance real que tenga la medida en una actividad económica que ya estaba estancada sin estas limitaciones, mientras que los actores más importantes del sector petrolero, como Chevron, siguen operando en Venezuela con condiciones muy similares a las que tenían previo a la Licencia General Nº 44, además, por lo que no está previsto un impacto demasiado grande en la producción.
«La eliminación de la Licencia General Nº 44 y la introducción de la Licencia General Nº 44A han redefinido el escenario político y económico de Venezuela, planteando serios desafíos. Estas decisiones no solo impactan el presente, sino que sientan las bases para el futuro, en un contexto complejo y cambiante», reflexiona Daniel Cadenas, director de Oikos Research, en su boletín semanal.
Con estimaciones muy cautas de crecimiento económico, las consultoras no tienen demasiadas esperanzas indistintamente del estatus sancionatorio, al proyectar entre 3% y 6% en un escenario con sanciones y sin sanciones, respectivamente.
Fuera de estas proyecciones y del crecimiento o contracción del PIB, aunque las sanciones no condicionen en gran medida las políticas económicas ejecutadas por la administración de Nicolás Maduro, sí podrían tener un impacto en algunas actividades económicas que alteren la vida cotidiana del ciudadano de a pie.
De acuerdo con el experto petrolero Juan Szabo, una de las consecuencias directas más evidentes tiene que ver con la distribución de combustible, que podría empeorar en los próximos meses debido a los problemas internos de producción y las restricciones para importar.
La Licencia General Nº 44 abrió la puerta a las importaciones de combustible por medio de Chevron, necesarias para reducir el déficit de gasolina en el país, puesto que la producción interna no es suficiente para abastecer el consumo nacional.
«Me preocupa la gasolina, porque las refinerías no han estado produciendo la cantidad de gasolina que el mercado interno demanda. Según mis cálculos, hay unos 130.000 barriles diarios de consumo de gasolina y en semanas buenas producimos 70.000 u 80.000 barriles diarios», estimó.
Las colas para suplir gasolina no han cesado incluso bajo el marco de la licencia, pero sin la posibilidad de importar combustible, la situación podría empeorar, especialmente porque los principales complejos refinadores del país, Paraguaná y El Palito, afrontan fallas de manera reiterada.
En este sentido, Szabo recuerda que los problemas de producción no son consecuencia de las sanciones, por lo que una mejora en este sentido tampoco depende de la emisión o derogación de licencias.
«A veces se piensa que resolver el problema de las sanciones resuelve el problema de la baja producción, pero no es así. Ayuda, por supuesto, pero si analizas por qué colapsó la producción, ves que no fue por las sanciones, sino por la falta de electricidad, la corrupción rampante, la falta de mantenimiento y la poca gente con conocimientos. Mientras no se resuelva eso, la producción puede subir algo con licencias, pero no tanto como lo haría si el país estuviera ordenado», destacó.
En condiciones normales, la industria venezolana tiene una capacidad instalada capaz de procesar unos 1,3 millones de barriles diarios de diferentes derivados del crudo, como gasolina y diésel. Por lo tanto, ese tope de 80.000 barriles diarios de combustible equivale a tan solo 6,15% del que podría estar produciendo Pdvsa de acuerdo con las capacidades de la industria venezolana.
En la otra cara de la moneda, las víctimas silentes de las sanciones son las empresas privadas, según denuncian sus representantes. Aunque, en teoría, las prohibiciones de Washington solo perjudican a Pdvsa y a compañías privadas relacionadas con la estatal o con personajes del Gobierno sancionados, en la práctica el rango de impacto es mucho más amplio.
La Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción (Fedecámaras) ha denunciado en más de una ocasión la existencia de un «sobrecumplimiento» de las sanciones por parte de actores internacionales, tales como empresas privadas u organismos estatales.
Como consecuencia, empresas venezolanas afrontan mayores retos para llevar a cabo sus operaciones, ya complicadas por un contexto país tumultuoso. Deben lidiar con el bloqueo u otras restricciones de cuentas bancarias, proveedores que cancelan la relación comercial, el encarecimiento de traslado de mercancía, entre otros problemas.
Todas estas dificultades se traducen en una carga en la estructura de costos de las compañías, lo que a su vez implica el encarecimiento de bienes y servicios para el consumidor final.
«Muchos piensan que las sanciones están dirigidas a ciertas empresas del Estado, pero no es así. Los venezolanos terminamos pagando los productos por más de lo que valen. Nos perjudican a todos desde el momento en el que el buque que traslada la mercancía tiene que hacer dos o tres escalas, cuando los proveedores mandan un correo diciendo que no pueden despachar a Venezuela y debes buscar otro proveedor más costoso», razonó Tiziana Polesel, primera vicepresidenta de Fedecámaras en entrevista con Circuito Éxitos.
El presidente de Fedecámaras, Adán Celis, explicaba a TalCual, en una entrevista hecha tras la emisión de la Licencia General Nº 44, otros problemas inherentes a las sanciones para las empresas privadas, como la dificultad para hacer transacciones financieras con un BCV bloqueado, o el encarecimiento de los fletes por la «inseguridad» de los puertos venezolanos.
«Todo eso va incrementando los costos de producción y comercialización, por lo tanto, muchas de esas sanciones terminan significando que los productos sean más caros. En general, vemos cómo las sanciones han ido afectando de forma directa al sector privado. Todo el venezolano que trabaja aquí sabe la necesidad que tenemos. Ya van más de siete años y lo que hemos conseguido es que se pierdan empresas e inversiones», subrayaba.
Caracas / Talcual
