El proyecto de importación de gas venezolano a Colombia se cayó luego de que uno de los socios colombianos decidiera liquidarlo debido a que uno de los accionistas de la empresa venezolana que los acompañaba terminase involucrado en el reciente caso de corrupción descubierto en la compañía estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa).
La información fue obtenida por el medio del país vecino El Tiempo, el cual también reseñó parte del comunicado compartido por la empresa colombiana Integral Energy Plus S.A. En el documento se explicó con mayor detalle el motivo de la paralización de las negociaciones entre ambas partes.
“En la mañana de hoy el Fiscal General de Venezuela anunció que dentro de las personas imputadas en las investigaciones que se adelantan en dicho país por casos de corrupción se encuentra el señor Bernardo Arosio. Teniendo en cuenta que el señor Arosio es accionista de la sociedad Prodata Energy C.A., los accionistas de la empresa Integral Energy Plus S.A.S. se reunieron en la mañana de hoy en asamblea extraordinaria de accionistas y acordaron disolver y liquidar de forma inmediata la sociedad”, se lee en la comunicación publicada .
De igual forma se aclaró que aunque Arosio no tiene ninguna participación en Integral Energy Plus S.A.S., “su calidad de socio en Prodata Energy C.A., de la cual es accionista uno de los accionistas de Integral Energy Plus S.A.S. hace inviable seguir adelante con el proyecto que se venía adelantando para la importación de gas de Venezuela a Colombia”.
La sociedad colombiana también recordó que por el momento no se había adelantado ningún contrato para la importación de este recurso energético porque ello dependía de una probación por parte de la Oficina de Coordinación de Sanciones del Departamento de Estado del gobierno de los Estados Unidos. La solicitud había sido presentada en noviembre de 2022.
Desde el viernes 17 de marzo se lleva a cabo en el país una serie de detenciones a altos funcionarios de la administración de Nicolás Maduro por su presuntos vínculos en hechos de corrupción por la supuesta desaparición de 3.000 millones de dólares provenientes de la venta de petróleo de la estatal Pdvsa.
En un operativo «anticorrupción» llevado a cabo por la Policía Nacional conjuntamente con el Ministerio Público, se detuvieron varios funcionarios integrantes de gobiernos regionales y de los sectores militar y judicial , entre los que destacan Joselit Ramírez, superintendente Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas (Sunacrip); Antonio Pérez Suárez, vicepresidente de Comercio y Suministro de Calidad de Pdvsa; Samuel Testamarck, gerente general de PDV Marina y, al diputado del PSUV Hugbel Roa.
Estas investigaciones anunciadas por el chavismo para encontrar la «raíz de la corrupción», con énfasis en una revisión de los procesos de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), guardaría relación con los $21.200 millones no cobrados por la estatal por facturas impagadas por intermediarios.
Cuatro fuentes cercanas a Pdvsa indicaron a la agencia de noticias Reuters que la investigación habría sido impulsada por la incapacidad del Gobierno para acceder a esos $21.200 millones con una campaña presidencial que financiar en los próximos meses.
Caracas / TalCual
