La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) pidió al Estado responder la solicitud hecha por la viuda del concejal Fernando Albán (PJ), muerto en el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en octubre de este año, de que sus restos sean trasladados a los Estados Unidos (EEUU). "La familia tiene derecho a conocer la verdad, conocer las circunstancias en que perdió la vida", argumentó el comisionado Joel Hernández.
La petición fue interpuesta este miércoles por Meudy de Albán, durante la audiencia de la Cidh para conocer la situación de los derechos políticos y detenciones arbitrarias en Venezuela: “Estoy ante ustedes para pedir justicia por su detención arbitraria, las torturas a las que fue sometido, y la falta de respuesta del Estado desde su muerte hace dos meses”, afirmó.
La viuda del dirigente opositor, quien vive en Nueva York, exigió la conformación de una comisión independiente que investigue su muerte con transparencia, se dé a conocer la verdad y se le haga justicia a Albán, quien murió en extrañas circunstancias: Mientras el Gobierno asegura que se suicidó, su partido político, diferentes sectores de la vida del país y de la comunidad internacional creen que fue asesinado.
Hernández también señaló que la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) Michelle Bachelet debe conocer detalles sobre el fallecimiento de Albán cuando visite Venezuela.
Petición expresa
“El Estado venezolano tiene el deber de investigar, procesar y reparar la grave violación que constituye la muerte de Fernando Albán”, indicó la comisionada Flávia Piovesan.
Durante la audiencia, Transparencia Venezuela denunció la persecución del Gobierno a la Asamblea Nacional (AN) y todas las maniobras para inhabilitar al poder legislativo. “Desde 2016, el Ejecutivo ha dictado nueve estados de excepción en los que suprime competencias de la AN (aprobación del presupuesto y contratos de interés público)”, dijo Mercedes De Freitas, coordinadora de esa Organización No Gubernamental (ONG).
Destacó que ocho diputados opositores de la AN están en el exilio y han alertado que el acoso se acentúa al denunciar la precariedad de los derechos humanos en el país. Sostuvo que este es el caso de José Manuel Olivares, quien fue perseguido tras alertar sobre la crisis de salud. Denunció que cuatro diputados estuvieron presos y denunciaron torturas y violación de derechos humanos. Tres legisladores han sido suspendidos del cargo
"Se han presentado sistemáticos ataques en contra de los parlamentarios venezolanos por parte de los poderes públicos de Venezuela", indicó De Freitas.
En descargo
El representante del Estado, Larry Devoe, aseguró que “el Gobierno está dispuesto a presentar toda la información que la Cidh requiera. Venezuela es el primer país del continente que en su Constitución reconoce el derecho de los ciudadanos a una democracia participativa”.
Añadió que desde enero hasta noviembre de este año en el país se registraron 6 mil 802 manifestaciones: 5 mil 427 incluyeron cierre de vías. 3 mil 697 de ellas fueron reclamos por servicios públicos. “Los ciudadanos se movilizan con libertad en el país”, dijo.
Edison Lanza, relator de la Cidh para la libertad de expresión, señaló que en el país “hay limitaciones a los derechos políticos por diversos métodos. A través del derecho penal, a través de falta de garantías, a través de eliminación de potestades de Asamblea Nacional, entre otras formas en que el Estado reprime expresión de la disidencia”.
Corresponsalía / Caracas
