La Central Bolivariana Socialista de Trabajadores (CBST), ente abiertamente chavista, se reunió con representantes de la junta interventora de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) con el fin de llegar a acuerdos que logren paliar la crisis y desatención en la que viven los obreros del holding a causa de la precariedad de los beneficios referentes a la salud y educación, todos contemplados en la contratación colectiva.
Estos beneficios fueron pulverizados en 2018 a través de la firma del memorándum 2792, del cual la central fue firmante ante el Ministerio del Proceso Social del Trabajo. Sin embargo, hoy afirman que el contenido del instructivo fue tergiversado y violentado.
Estas circunstancias están contempladas en el pliego conciliatorio que la CBST envió al Ministerio del Proceso Social del Trabajo durante el mes de febrero, en el que respaldan las quejas y exigencias que han motivado las múltiples protestas laborales en Guayana a razón de la mala calidad de vida de los trabajadores de CVG.
Algunas de las exigencias que hizo el órgano laboral fueron la necesidad de contar con atención médica inmediata para todos los obreros. Ante la incapacidad del Hospital de Trabajadores Dr. José Gregorio Hernández de dar atención oportuna a una población de más de 200 mil personas, la central propone un sistema mixto de salud, que permita reactivar el HCM con el pago de reembolsos a los recintos privados en casos que no puedan ser atendidos en los hospitales de CVG.
La decisión de erradicar el HCM fue una resolución del expresidente Hugo Chávez, quien consideró en su Plan Guayana Socialista 2009-2019, que el HCM era demasiado costoso para la corporación y propuso invertir en la construcción de centros de salud que pudiesen centralizar y autogestionar el servicio. Actualmente el modelo ha fracasado, resultando en el colapso del Hospital de Trabajadores, la falta de citas médicas y la renuncia de especialistas debido a los impagos de la CVG.
Asimismo, Pedro Perales, presidente de la CBST, afirmó a Correo del Caroní que se solicitó la entrega de multidosis, recuperación de los módulos de servicios médicos, entrega de insumos, equipos médicos y unidades móviles, entre otras necesidades de los recintos.
La junta interventora visitó hace unas semanas el Hospital Dr. Américo Babó, propiedad de Ferrominera Orinoco, recinto que, según los obreros, permanece sin reactivos ni insumos para brindar atención médica.
Durante las lluvias, el Hospital de Trabajadores, ubicado en Alta Vista, se inundó debido a las malas condiciones de infraestructura. Estas son algunas de las problemáticas que expone el pliego introducido por la central.
En torno a la educación, por contrato colectivo, las empresas cumplían con el pago de las colegiaturas de instituciones privadas, era un beneficio destinado a todos los hijos de los obreros.
Sin embargo, durante el 2022, Correo del Caroní atendió reclamos de trabajadores de Sidor y Ferrominera Orinoco, quienes denunciaron que las empresas recortaron el beneficio, puesto que ahora se pagaba un monto que iba de 40 a 55 dólares -dependiendo de la empresa- por trabajador y no por número de hijos.
En principio, vía comunicado oficial, las compañías desmintieron esta situación; no obstante, la central reconoció esta problemática y, según lo informado por Perales, se acordó el reconocimiento de pago por número de hijos.
Sobre el mismo tema, el vocero oficialista agregó que se conformó una comisión educativa integrada por trabajadores del holding y miembros de la junta interventora para idear políticas y gestiones que garanticen la educación de los hijos de los trabajadores.
Esta comisión deberá organizar reuniones para revisar la nómina de hijos en edad escolar, y constatar cuántos estudian en planteles privados. También acordaron realizar reuniones con colegios privados para establecer acuerdos de pago.
Hay que señalar que durante 2022 la Asociación Nacional de Institutos Educativos Privados alegó que estos acuerdos se rompieron debido a la morosidad de las empresas de ejecutar los pagos.
Bolívar / Correo del Caroní
