El proceso de amnistía promovido por la presidenta interina, Delcy Rodríguez, presenta una marcada ralentización tras un mes de vigencia. Pese a que la norma nació el 19 de febrero como una herramienta para el "reencuentro nacional" tras la captura de Nicolás Maduro, su aplicación actual genera más interrogantes que certezas sobre la reconciliación del país.
El director vicepresidente de la ONG Foro Penal, Gonzalo Himiob, confirmó a EFE que el ritmo de liberaciones cayó de forma significativa en las últimas dos semanas. Para el abogado, la permanencia de más de 500 presos políticos en las cárceles pone en duda la verdadera voluntad política del gobierno interino para cesar la persecución.
Himiob destacó un punto crítico: el aparato represivo —compuesto por los mismos policías, fiscales y jueces del periodo anterior— permanece intacto. "Esto evidencia que la amnistía buscaba más un efecto simbólico y mediático que un cambio real en las instituciones", afirmó.
Existe una brecha notable entre los datos oficiales y los registros de las organizaciones independientes:
| Fuente | Beneficiados Totales | Excarcelados (Prisión) | Medidas Cautelares |
| Gobierno (Jorge Arreaza) | 8.146 | 310 | 7.836 |
| Foro Penal (Ene-Abr 2026) | 743 | 187 (por amnistía) | Sin especificar |
El diputado Jorge Arreaza, presidente de la comisión de seguimiento, informó que han recibido 11.559 solicitudes válidas. Sin embargo, la ausencia de listas públicas impide contrastar la veracidad de estos anuncios.
Para el coordinador de Provea, Óscar Murillo, la ley arrastra un "pecado original". Según explicó, el poder actual interpreta la amnistía como un "perdón" discrecional y no como un proceso político hacia la paz. Murillo denunció que el trámite sufre un exceso de burocracia y respuestas arbitrarias.
Además, criticó la composición de la comisión de seguimiento. Aunque el Gobierno aceptó la creación de este ente, excluyó a actores clave propuestos por la sociedad civil, tales como:
"Lanzan cifras de 5.000 o 6.000 solicitudes, pero no hay posibilidad de verificar esos datos por falta de transparencia", sentenció Murillo.
La ley excluye taxativamente a la mayoría de los militares, así como a personas acusadas de corrupción, homicidio o instigación a acciones de fuerza extranjera. Esta limitación deja fuera a una parte sustancial de los detenidos por causas políticas de la última década.
El desafío inmediato, según los expertos, no solo radica en la aplicación de la amnistía, sino en la búsqueda de mecanismos complementarios que logren la libertad plena de todos los prisioneros y, fundamentalmente, el desmantelamiento de las estructuras de persecución en Venezuela.
Caracas / Redacción web
