En un verdadero calvario se convirtió el cobro del salario para los trabajadores de gobernaciones y alcaldías, desde que el nivel central asumió ese pago en octubre de 2018, a través de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre), debido a que en cada quincena hay un marcado retraso. Ello representa una pérdida para la masa laboral, pues ante la hiperinflación que enfrenta el país disminuye el valor adquisitivo de la moneda, señaló el presidente de la Unión Regional de Empleados Públicos del estado Anzoátegui (Urepanz), José Hurtado.
El dirigente sindical sostuvo que cuando el personal recibe su ingreso quincenal (sueldo o pensión), este vale cada menos, sobre todo porque el costo de la canasta básica suma 30 salarios mínimos, que “ningún trabajador en este país devenga, llevando a la clase trabajadora no a la pobreza crítica, sino a la miseria”.
“Esto es una total contradicción por disposición de un Presidente que dice ser nuestro presidente obrero, que nos saca del bolsillo no sólo el salario, sino que a través de Onapre y las benditas maquetas también nos ha confiscado todo tipos de beneficios contractuales”.
Expresó que ya el trabajador no puede contar con su quincena para honrar los gastos de su hogar, viéndose obligado a buscar otras alternativas en el área informal para tratar de lograr una mayor rentabilidad.
Declaró que el gobierno central acabó con el federalismo, con el proceso de descentralización llevado a cabo en Venezuela a finales de la década de los años 80. “Esto dejó de ser un país y se convirtió en una gran hacienda de un sector político y a los trabajadores públicos nos han convertido en esclavos que nos pagan por el servicio casi que con fichas para medio comer tres días y con tres productos de la canasta básica”.
Enfatizó que no sólo el Ejecutivo nacional envía tarde el dinero para pagar la quincena , también es escasa la diligencia de la dirección de Recursos Humanos de la gobernación al respecto, más el retardo que aplica el presidente del Consejo Legislativo del estado Anzoátegui (Cleanz), Pablo Cariaco en materia de créditos.
“Es un vil chantaje de diseccionar un crédito adicional para poder aprobar los recursos, pues esto es incompatible con sus funciones. Según la Constitución del país, la Cámara Legislativa sólo debe aprobar, improbar o sencillamente diferir, pero no tiene facultad para modificar ni exigir esta premisa”.
Manifestó que están lamentablemente en medio de una diatriba cuando se pretende entorpecer la gestión del gobernador Antonio Barreto Sira sin importar que se vulneren los derechos de más de 27 mil trabajadores. “Ante todo este maremágnum de situaciones, quien pierde es el trabajador que actualmente está pasando hambre con su familia”.
Barcelona / Rosa Marina Silva
