Sindicalistas acusan al presidente del Instituto Anzoatiguense de la Salud (Saludanz), Omar Aray, y al gobierno regional, encabezado por Antonio Barreto Sira, de irresponsables que solo buscan lavarse las manos ante los retrasos en el pago de las bonificaciones que vienen reclamando desde hace semanas.
La reacción se produjo luego de que el pasado lunes 19 de julio, la autoridad sanitaria en el estado ofreciera unas declaraciones en las que aseguró que tanto el bono de “Protectores de la Salud”, como los de alimentación y transporte, no dependen de la gobernación, sino que son competencia del Ministerio de Salud.
Edisson Hernández, coordinador general del Movimiento de Trabajadores de la Salud, señaló que “si bien es cierto que ninguno paga, son igual de irresponsables al no hacer la presión suficiente al gobierno central para que salde la deuda pendiente con los 2 mil 580 empleados perjudicados”.
Además, criticó que con este tipo de acciones, el doctor Aray y el mandatario regional buscan “lavarse las manos como Poncio Pilato”.
José Igualguana, secretario ejecutivo del Sindicato de Trabajadores de la Salud (Sintrasalud), pidió al presidente del organismo sanitario que aclare debidamente la situación, pues en febrero de este año recibieron un dinero en la cuenta nómina por concepto de una de las bonificaciones.
“A nosotros nos cancelaron un bono a través de la gobernación hace cuatro meses, y si eso no depende de ellos, entonces que nos expliquen por qué recibimos ese dinero”, enfatizó.
Rafael Simoza, delegado sindical del hospital de niños Rafael Tobías Guevara, puso en tela de juicio la capacidad de Omar Aray, y también de Antonio Barreto Sira, para ocupar estos puestos. A su parecer, es una falta de respeto que salgan a ofrecer ese tipo de declaraciones.
“Saludanz cometió una serie de irregularidades, respecto a los bonos, que ahora no quieren admitir. Eso sí les compete a ellos, pero incurrieron en errores que demuestran que hay una mala gerencia que perjudica a los trabajadores”, aseveró.
Edisson Hernández incluyó en la lista de culpables directos a la jefa de Recursos humanos del ente, Rosa Rodríguez, porque, supuestamente, siempre que se le busca para introducir alguna queja, se niega a atender al personal.
Puerto La Cruz / Javier A. Guaipo
