El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció que las mujeres privadas de libertad recluidas en el Retén de Caraballeda, en el estado La Guaira, permanecen en condiciones que considera incompatibles con los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos, luego de los terremotos registrados el pasado 24 de junio.
En un informe, la organización aseguró que el centro de detención sufrió daños estructurales durante el doble sismo y que, pese a ello, más de 25 mujeres fueron retornadas al recinto pocos días después de la emergencia, cuando aún no había sido reparado ni contaba con servicios básicos plenamente restablecidos.
Según el OVP, el sismo ocurrió a las 6:04 de la tarde, cuando en el Retén de Caraballeda solo permanecía el personal de guardia. La organización señaló que parte de la pared trasera del recinto colapsó, lo que obligó a evacuar a las mujeres privadas de libertad hacia una calle cercana, mientras los hombres permanecían bajo custodia.
La ONG afirmó que el colapso del servicio eléctrico, las dificultades para acceder a la zona y la ausencia de refuerzos policiales complicaron la atención de la emergencia.
Al día siguiente, una falsa alerta de tsunami difundida en La Guaira generó una nueva situación de pánico. De acuerdo con el OVP, algunas funcionarias y funcionarios abandonaron sus puestos y varias de las más de 40 mujeres que habían sido evacuadas corrieron para resguardarse, temiendo un nuevo desastre.
Posteriormente, tanto hombres como mujeres fueron trasladados a la sede policial de Macuto, que no presentó daños estructurales y ofrecía mejores condiciones de seguridad.
El informe indica que al menos seis mujeres quedaron inicialmente en condición de fugadas tras la emergencia, aunque varias se presentaron voluntariamente posteriormente en la sede policial de Macuto y en otras dependencias del país.
Sin embargo, el OVP cuestionó que apenas una semana después del terremoto más de 25 mujeres fueran devueltas al Retén de Caraballeda, pese a que la infraestructura seguía afectada.
Durante una visita realizada por la organización, sus representantes aseguraron haber encontrado un recinto con una pared colapsada, ausencia de personal de custodia visible y condiciones precarias para las internas.
La ONG sostuvo que durante varias semanas las mujeres permanecieron sin acceso a agua potable y que los pocos alimentos suministrados por algunos familiares eran compartidos entre todas las reclusas. Agregó que el servicio de agua comenzó a restablecerse aproximadamente cuatro semanas después del sismo, aunque las internas manifestaron que el líquido disponible no era apto para el consumo humano.
El Observatorio Venezolano de Prisiones expresó su preocupación porque, según afirmó, únicamente las mujeres fueron retornadas al Retén de Caraballeda, mientras los hombres permanecieron en la sede policial de Macuto, donde existían mejores condiciones de seguridad.
La organización sostuvo que mantener a las internas en un recinto afectado por el terremoto, con problemas de suministro eléctrico, acceso limitado a agua potable y alimentación insuficiente, representa una vulneración de sus derechos fundamentales.
Asimismo, argumentó que estas condiciones contravienen el artículo 46 de la Constitución venezolana, relativo a la protección de la integridad personal, además de las Reglas Mandela y las Reglas de Bangkok, instrumentos internacionales que establecen estándares mínimos para el tratamiento de las personas privadas de libertad, con especial atención a las mujeres.
Exigen intervención inmediata del centro de detención
Ante este panorama, el OVP solicitó la intervención urgente del Retén de Caraballeda y el traslado inmediato de las mujeres privadas de libertad a instalaciones que reúnan condiciones adecuadas de seguridad, salubridad y habitabilidad.
La organización también pidió a las autoridades venezolanas adoptar medidas para garantizar la integridad física de las reclusas y advirtió que el Estado sería responsable de cualquier hecho que ponga en riesgo sus vidas mientras permanezcan en un establecimiento que, según denuncia, no ofrece las condiciones mínimas para una reclusión digna.
Lara / El Impulso
