Durante las primeras 90 horas posteriores a los dos terremotos ocurridos en el país, reportes de organizaciones de la sociedad civil y testimonios de sobrevivientes documentaron fallas en la respuesta operativa oficial frente a la contingencia. De acuerdo con estos balances, la escasez de maquinaria pesada, la falta de dotación en los cuerpos de rescate locales y la fragmentación en la vocería gubernamental limitaron las labores iniciales de contención.
Ante este escenario, comunidades afectadas debieron asumir tareas de autorrescate con herramientas rudimentarias, mientras se articulaba la llegada de los primeros contingentes de cooperación internacional.
El evento sísmico coincide con la coyuntura política abierta tras los hechos del pasado 3 de enero, un periodo caracterizado por disputas institucionales y la reorganización de acuerdos en el sector energético con actores internacionales. En este contexto, organizaciones defensoras de derechos humanos han registrado incidencias relacionadas con el manejo de la emergencia, tales como restricciones temporales al libre tránsito de periodistas hacia las zonas afectadas, detenciones sin orden judicial previa y la aplicación de mecanismos de control en la gestión de la información pública.
Pero, mientras la respuesta oficial mostraba fisuras, la ciudadanía activó sus propios canales de asistencia, con miles de voluntarios y con puntos de recolección gestionados por universidades, iglesias y vecinos que se vieron desbordados de insumos.
Esta brecha entre la gestión estatal y la acción comunitaria es uno de los ejes que aborda Oscar Murillo, coordinador general de la ONG Provea, en una entrevista con Efecto Cocuyo, en la que, a un mes del doble terremoto, examina las fallas institucionales en la contingencia, los patrones de control registrados en las zonas afectadas y las condiciones mínimas para un plan de reconstrucción con garantías.
Al evaluar la respuesta oficial tras los sismos a partir de los informes técnicos a los que tuvo acceso la organización Provea, Oscar Murillo califica la actuación estatal como un desfase severo en la logística de contención.
“Lo primero que debemos señalar con mucha responsabilidad, y a partir del acceso a informes técnicos de organizaciones humanitarias internacionales y nacionales, es que sin duda lo que vimos el día 24 de junio y en sus próximas 72 a 90 horas a raíz del terremoto podemos calificarlo como un desfase crítico”, sostiene el coordinador general de Provea.
Desde el análisis transmitido por la ONG, las capacidades operativas disponibles del Estado se vieron sobrepasadas por la magnitud de los daños en el terreno.
En su análisis sobre los protocolos internacionales para desastres naturales, Murillo aclara que, aunque las capacidades locales suelen saturarse en tragedias como la ocurrida el pasado 24 de junio, el Estado debe garantizar una primera contención mientras ingresa la asistencia internacional. Sin embargo, señala que en esta oportunidad las limitaciones de equipos frenaron esa atención inicial.
“Lo que vimos fue que por las nulas capacidades operativas disponibles, refiriéndonos a maquinaria, equipo y desorientación en la dirección, el Estado no tuvo capacidad para responder. Por ejemplo, vimos cómo las Fuerzas Armadas no tuvieron el rol protagónico que sí tuvieron durante la vaguada de Vargas en el año 1999. Si comparas el país de 1999 con el de 2026, claramente observas la merma no solamente institucional sino también material del Estado”, precisa Murillo.
El representante de Provea enfatiza que las fallas en el despliegue no respondieron a la falta de disposición del personal de rescate, sino a la escasez de recursos e indumentaria. “Lo que sí había era voluntad de funcionarios adscritos a los órganos de protección social, como Protección Civil y bomberos. Ahí había voluntad y vinieron bomberos de muchos estados del país con los que conversamos, pero en el uniforme, en las dotaciones y en la falta de maquinaria ves la realidad. En esas primeras horas, cuando llegaba la ayuda voluntaria o la poca respuesta del Estado, se quedaba en las primeras zonas porque el nivel de impacto fue muy amplio. Cuando llegas te encuentras con el primer desastre, pero de ahí no avanzas. Por eso la gente dice que el gobierno llegó tarde o no llegó”, explica.
Para Murillo, la imposibilidad de avanzar hacia los puntos más afectados expuso la falta de maquinaria pesada necesaria para abrir vías alternas. En palabras del defensor de derechos humanos, “la tragedia causada por los terremotos deja muy claro o desnuda, como un espejo, esa crisis institucional, ese largo periodo de desatención por parte del Estado y la ausencia de políticas públicas”. A juicio del vocero, oriundo del estado Bolívar, este déficit operativo responde al recorte presupuestario sostenido en los cuerpos de socorro, una realidad que conoce de cerca al ejemplificar cómo los bomberos de Caroní en Guayana han tenido que realizar colectas comunitarias para atender emergencias.
El coordinador general de Provea destaca que esta precariedad local terminó convirtiendo a los contingentes internacionales que llegaron por Maiquetía en los actores principales de la contención.
De acuerdo con las observaciones planteadas por Provea, las medidas de restricción e incomunicación aplicadas durante la emergencia representan un rebrote autoritario que demuestra cómo los patrones de control del aparato estatal reaparecen de forma sistemática frente a cualquier coyuntura crítica.
Murillo vincula estas actuaciones de fuerza a la permanencia del modelo político actual, explicando que, aunque la coyuntura del 3 de enero alteró el escenario institucional, la estructura de fondo no ha sido transformada.
El coordinador de la ONG puntualiza que “el modelo autoritario ha continuado por una acción de fuerza y por los hechos ocurridos el 3 de enero, lo que movió el tablero político y generó una etapa de transformaciones que hoy día está en completa disputa”. El defensor de derechos humanos señala que sectores de la sociedad civil, la Iglesia y la Academia buscan incidir en este escenario para encauzar el proceso hacia una transformación institucional y democrática.
Murillo explica que las limitaciones impuestas al trabajo periodístico en la zona del desastre constituyen una muestra clara de cómo persisten los mecanismos de control, a pesar de la tragedia. “Vimos la obstaculización discrecional que buscó prohibir a los periodistas durante las primeras 24 horas bajar a La Guaira a pretexto de seguridad. Eso no cumple con los estándares internacionales. Tú no puedes apartar a la prensa porque es la que permite que el pueblo esté enterado de lo que está pasando, y ese es un derecho humano que no puedes condicionar por una emergencia”.
A juicio de Murillo, estas medidas que trataron de restringir el acceso a la prensa reflejan que la estructura autoritaria no ha sido desmantelada, aun cuando sostiene que la permanencia de la élite en el poder se apoye hoy más en la alineación con intereses económicos y petroleros internacionales que en el uso intensivo de la represión masiva de años anteriores.
En el marco de su monitoreo en el terreno, Provea registró la detención de Wilmer Cruz, conocido como “el topo de La Guaira”, un ciudadano que colaboraba en las labores de rescate y cuyas denuncias en redes sociales se hicieron virales.
“Pudimos verificar que esa detención fue arbitraria. Posteriormente, el Ministerio Público informó que fue detenido bajo una imputación de presunto hurto, pero allí se repitió el kit represivo que conocemos bien. Te detengo para generar una espiral de silencio, no se supo qué órgano policial actuó, a dónde lo llevaron, no le permitieron llamadas telefónicas ni contó con un abogado de confianza”, detalla el representante de la organización, para quien el procedimiento ejecutado constituyó una desaparición forzada de corta duración.
Para Murillo, la documentación de este caso, aun siendo el único registrado formalmente por la organización durante la contingencia, demuestra que el esquema de amedrentamiento policial sigue activo.
En el balance ofrecido por Provea a Efecto Cocuyo, el manejo gubernamental de la contingencia estuvo marcado por la falta de vocerías técnicas especializadas y la centralización de las decisiones oficiales.
Respecto al saldo de personas desaparecidas, Oscar Murillo precisa que la organización no cuenta con evidencias directas sobre cifras definitivas, un vacío informativo que atribuye a la falta de datos por parte del Estado.
“Una de las fallas fue la comunicación tan errática de las primeras horas. Llama la atención que la vocería la asumiera el presidente de la Asamblea Nacional. Uno se pregunta dónde estaba el Ministerio de Información o una autoridad articuladora entre la sociedad civil, la academia, el sector técnico y el Gobierno. Esa figura no apareció”, cuestiona.
Para el activista, esta desarticulación se profundizó con la asignación de autoridades para la fase de respuesta sobre la base de la lealtad partidista por encima de perfiles técnicos. “Resulta bastante preocupante que se repitan esquemas en las decisiones políticas para la reconstrucción, nombrando a funcionarios que responden más a la lealtad político-partidista que al perfil requerido, como ocurre con la designación de Jacqueline Faría. No es la figura que envía un mensaje claro para construir consensos”, advierte Murillo.
Asimismo, en la lectura de la organización, la pretensión inicial de encauzar la atención a través del esquema de “grandes misiones” —modificado posteriormente hacia la denominación de Plan Venezuela Renace— evidenció las dificultades institucionales para generar confianza en la opinión pública.
Desde el análisis de la organización de derechos humanos, esta dinámica administrativa se conecta directamente con la impronta militar dentro del aparato gubernamental. “Estos rebrotes autoritarios se conectan con la raíz del régimen, que es el militarismo. El militarismo, el personalismo y el autoritarismo fueron tres características que le imprimió el propio Hugo Chávez al proyecto político. Ese germen de entender a la sociedad como un cuartel sigue allí”, agrega.
En palabras del defensor de derechos humanos, trasladar la lógica de mando de un cuartel a la gestión social limita la participación ciudadana requerida para la emergencia. “Tener una gestión basada en inspiración militar es contraproducente porque cuando eliminas el disenso y la crítica destruyes la posibilidad de construir un horizonte compartido de país”, dice.
Para el defensor de derechos humanos, la solidaridad comunitaria se ha consolidado como el último pilar de resistencia de la sociedad venezolana tras el quiebre de la confianza en la ruta electoral. “El país se ha sostenido a lo largo de estos últimos 20 años a través de algunos pilares. El último pilar que se derrumbó fue el pilar electoral; es decir, había una convicción todavía creíble en la población venezolana de que a través de unas elecciones se podía generar algún tipo de cambio político, y por eso la gente siguió creyendo en el voto hasta el 28 de julio. Hay una ruptura porque hubo una burla a esa expresión popular”, señala.
Sostiene que, ante la pérdida de legitimidad de las autoridades, el tejido social encontró en la ayuda mutua su única tabla de salvación. “Al venezolano le ha quedado es la solidaridad. El venezolano está sustentado, el país se sustenta sobre la solidaridad, es decir, el Estado no me ayuda. El Estado más bien me persigue. El Estado busca controlarme”, enfatiza.
Según el activista, esta desconfianza absoluta hacia el aparato oficial pudo evidenciarla de forma concreta en las calles durante la recolección de ayuda para los afectados tras los terremotos. Murillo asegura que mientras los centros de acopio instalados por los ministerios en la avenida Urdaneta lucían vacíos, los puntos gestionados por universidades como la UCV y la Ucab, agrupaciones comunales e iglesias se vieron desbordados de insumos.
Desde la perspectiva del defensor de derechos humanos, esta articulación ciudadana no es un fenómeno improvisado a raíz de los sismos, sino una dinámica de supervivencia que las comunidades populares han venido construyendo de forma orgánica frente al abandono estatal.
Para Murillo, los terremotos funcionaron como un espejo que expuso la crisis institucional, pero al mismo tiempo como la gran vitrina para mostrarle al mundo cómo los venezolanos se organizan de forma autónoma ante la ausencia de un Estado que los proteja.
Por ello, de cara a la fase de reconstrucción y reubicación de los afectados, Provea demanda que el Estado asuma sus obligaciones sin instrumentalizar la asistencia e insisten en que la ayuda debe gestionarse con organismos especializados como Ocha y en articulación con la sociedad civil, aplicando un enfoque estricto de derechos humanos que respete la memoria familiar y evite la fragmentación social o los esquemas de control partidista.
Caracas / Efecto Cocuyo
