Este sábado 22 de febrero se realizó en el Consejo Legislativo del estado Sucre (Cles) la jornada de consulta pública del Proyecto de Ley Orgánica para la Protección de los Derechos Socioeconómicos.
La actividad estuvo encabezada por los diputados a la Asamblea Nacional (AN) Jesús Faría, Francilvys Martínez y Haydée Nava; así como la gobernadora Jhoanna Carrillo y la presidenta del ente, Luisa Gutiérrez.
Faría señaló que se trata de un instrumento muy importante para los venezolanos, al tratar de los derechos socioeconómicos del pueblo. “Estamos en un proceso de expansión, de recuperación productiva y vamos restableciendo el sistema de bienestar”.
Agregó que deben atacar el tema de la especulación, del acaparamiento y las ofertas engañosas, que hacen mucho daño a los ingresos de la gente.
Destacó que una novedad, que es la organización popular, con la constitución de los comités de defensa de los consumidores y de los usuarios, que constituye a su entender una de las fuerzas que van a desplegar en la defensa de los ingresos.
“Estamos luchando en el marco de la recuperación petrolera y productiva, luchamos por la distribución justa de la riqueza, hay que defenderla para que no pierda su capacidad real”.
Faría dijo que aspiran que los trabajadores tengan salarios dignos y que se luche contra la especulación y los flagelos que atentan contra sus ingresos.
Destacó los aportes de los trabajadores, pero también de los empresarios, y que se requiere estabilización en todos los ámbitos.
La gobernadora Carrillo, por su parte, declaró que se trata de estructurar el andamiaje legal que proteja los derechos socioeconómicos.
Dijo que siempre buscan el equilibrio, al proteger al pueblo y a la empresa privada, para que todos puedan vivir en paz.
Objetivo
Durante la jornada también estuvieron presentes los diputados del Bloque de Patria del estado Sucre, concejales, sector empresarial, industrial y comercial; sectores de la oposición democrática, trabajadores y movimientos sociales.
El objetivo principal de este proyecto de ley es garantizar el acceso a la población de los bienes y servicios de calidad, a través de la participación comunitaria en la constitución de los comités de usuario y además, se crea la superintendencia de protección de los derechos socioeconómicos y el observatorio de precios para el acompañamiento y control de la gestión de precios. El instrumento deroga la actual Ley de Precios Justos.
Sucre / Corresponsalía
