Distintas Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y activistas de Derechos Humanos se pronunciaron acerca del alcance de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática sancionada este jueves 19 por la plenaria de la Asamblea Nacional (AN), calificándola de restrictiva, excluyente y “chucuta”.
El texto de 16 artículos y una disposición única fue modificado en algunos aspectos del proyecto original como: la posibilidad de que las personas en el exilio pueden designar un abogado para tramitar el perdón; se extienden los hechos calificados de delitos que pueden ser objeto del beneficio y se crea una comisión de 23 integrantes -presidida por el diputado Jorge Arreaza-, para hacerle seguimiento al cumplimiento de los casos.
Según el Comité por la Libertad de los Luchadores Sociales la norma -que ayer mismo fue firmada en Miraflores por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez-, establece una “amnistía chucuta”, ya que el delito de rebelión excluido del articulado es estrictamente político. “Al excluir esto, deja a la mitad de los presos políticos tras las rejas”.
El Comité señala que la Ley “está totalmente alejada de los estándares internacionales en materia de DD.HH., excluye causas totalmente políticas y condiciones de salud de muchos encarcelados”.
“Lo que aprobaron busca proteger a quienes cometieron delitos contra DD.HH. y condena a la injusticia a centenas de personas”, indicó la instancia.
En el artículo 9 queda exento de la amnistía la “promoción, solicitud, facilitación y financiamiento de acciones armadas contra el pueblo, la soberanía y la integridad por parte de Estados o corporaciones extranjeras”.
“Ley que es bastante restrictiva y excluye a un sector importante de personas que son perseguidas políticas”, dijo Alfredo Romero del Foro Penal / Foto: Archivo
El director y presidente del Foro Penal, Alfredo Romero, apuntó que el texto final promulgado por la presidencia de la República incluye a un grupo de “perseguidos políticos”.
“Sin embargo es una Ley que es bastante, bastante restrictiva y excluye a un sector importante de personas que son perseguidas políticas y que están detenidas incluso muchos de ellos arbitrariamente”, agregó Romero.
Desde el 8 de enero cuando se inició el plan de excarcelaciones y hasta el 18 de febrero se habían liberados 448 presos políticos de los más de 1 mil que permanecían recluidos en los penales.
La ONG Justicia , Encuentro y Perdón (JEP), lamentó que todas sus “preocupaciones y advertencias respecto al proyecto de Ley de Amnistía se confirman ante un texto que, tal como señalaron oportunamente, resulta revictimizante, excluyente y, en lo absoluto, garantiza la liberación plena de todos los presos políticos”.
“Hoy queremos hablar con claridad y con el corazón en la mano (…) Advertimos que no bastaba un anuncio ni una narrativa de reconciliación si el contenido mantenía filtros, condicionamientos y ambigüedades capaces de dejar por fuera a quienes más necesitan justicia”, señaló JEP.
La ONG acotó que, en este momento, muchas familias se sienten profundamente defraudadas. “Se generaron enormes expectativas -legítimas, humanas, comprensibles-, que no han sido plenamente cumplidas. A ellas las abrazamos con respeto y solidaridad. Su dolor es real. Su frustración es legítima. Nadie debería jugar con la esperanza de quienes han esperado durante años la libertad de sus seres queridos”, agregaron a través de sus redes sociales.
Apuntaron que la liberación de todas las personas detenidas por razones políticas “depende de una genuina y verdadera voluntad política, que debe verificarse en la aplicación efectiva de la Constitución y las leyes nacionales, sin interpretaciones restrictivas ni decisiones discrecionales”.
El coordinador general de Provea, Oscar Murillo advirtió que la ley contempla “un injustificable exceso de exclusiones, que no la exigen ni la Constitución ni los instrumentos internacionales”.
“Esto, sin duda, no se corresponde con el espíritu de paz y reconciliación que debería tener una norma de esta naturaleza”.
Murillo agregó que desde Provea se formularon propuestas que, lamentablemente, no fueron incorporadas:
“Propusimos incluir disposiciones para dejar sin efecto las inhabilitaciones políticas acordadas por la Contraloría General de la República, por ser contrarias al Derecho Humano de participación política (…) Recomendamos incluir garantías de retorno seguro y sin persecución para quienes se encuentren en el exterior, incluyendo la restitución de la validez de pasaportes y la prohibición de alertas migratorias”, dijo el activista en DD.HH.
De igual forma se planteó incorporar “la restitución de bienes incautados y el levantamiento inmediato de las prohibiciones de enajenar y gravar bienes”.
“La lista de acontecimientos abarcados (calificados de delitos) debía ser meramente enunciativa, no taxativa, e incluir hechos de confrontación política ocurridos en años obviados en el listado. Acá se cometió un grave error”, subrayó.
Por parte el director del Laboratorio de Paz y defensor de DD.HH., Rafael Uzcátegui, considera que el resultado de la Ley de Amnistía ratifica que el “plan” de la presidenta (e) Delcy Rodríguez y el presidente de la AN, Jorge Rodríguez, “es la auto preservación y no la transición”.
“Lamentablemente se ratifica que los procesos de ´consulta express’ improvisados y a la carrera son sólo para la foto. En Argentina se aprobaron leyes de impunidad que, por la acción de los ciudadanos, con el tiempo fueron derogadas. Nos toca trabajo”, recalcó Uzcátegui.
Caracas / Rodolfo Baptista
