A inicios de enero, voceros del sector inmobiliario, urbanístico y de la sociedad civil de Cumaná, en el estado Sucre, volvieron a manifestar su preocupación ante la construcción del llamado “boulevard de las flores”, por parte de la alcaldía de la ciudad.
Cristina de Santana, arquitecta y presidenta del Colegio de Ingenieros del estado Sucre y miembro del Consejo de la Cámara Inmobiliaria de la entidad, señaló que el gobierno local comenzó a construir en la zona del viejo mercado de la ciudad unos kioscos que tapan la visual del río y lo están haciendo en un área verde, que no es apta para construcciones. “Están en el área protectora del río Manzanares”.
La vocera explicó que hicieron contactos con el alcalde Pedro Figueroa y su equipo de infraestructura y se reunieron para buscar alternativas. En la reunión estuvieron presentes, además, el contralor, e Ingeniería municipal y plantearon al jefe local las preocupaciones sobre la obra y éste argumentó sus razones.
Como alternativa se planteó la realización de una mesa técnica para evaluar el proyecto y hacer correcciones sobre el mismo, detalló Santana, aunque reseñó que el alcalde señaló que el proyecto igualmente va.
Pese a que la obra está parada, la fecha de la mesa técnica era para los primeros días de enero, pero sigue sin convocarse y las preocupaciones sobre los aspectos técnicos y urbanísticos persisten.
Santana señaló que el alcalde decidió hacer una remodelación del puente de la calle Mariño, que quedaría igual que el de la Bermúdez, la obra incluye el boulevard de las flores, reubicar una pasarela del parque Guaiquerí hasta la zona detrás del Museo Ayacucho, para hacer una conexión peatonal entre las dos riberas del río, lo que en suma sería el total de la obra en la parte pública.
Todo esto lo haría un inversionista privado, quien recibiría como contraprestación una parte de la prolongación de la avenida Arismendi hasta El Islote, un tramo de dos canales que está cerrado, para la construcción de un local comercial.
Entre las objeciones que hacen desde el Colegio de Ingenieros y la Cámara Inmobiliaria, es que no hay un proyecto como tal, “lo que hay es un esquema de funcionalidad, donde se ubica dónde va a ir el edificio, los kioscos, la caseta de policías”. Detalló que no hay estudios topográficos, estudios de suelo, ni de factibilidad de ninguna forma.
Especificó que el segundo planteamiento es que, ante la afectación vial, por tratarse de un nodo vial crítico, importante para la ciudad, debe formularse un plan especial, en el cual se establezcan todos los estudios técnicos que determinen la factibilidad del proyecto.
Se trata de una disposición establecida en la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística, que señala que cuando se va a afectar un sector de importancia para la ciudad, debe realizarse un Plan Especial.
“No hay estudios de vialidad, no hay estudios de transporte, no hay estudio de impacto ambiental, no hay análisis de los servicios, no hay un estudio de factibilidad económica y ese plan especial, una vez que se formule, debe ser sometido a un proceso de consulta pública”.
Explicó que se han cerrado calles en el casco histórico, por lo que la calle Arismendi, la prolongación de El Islote y las demás vías involucradas, han cobrado importancia para la circulación por el centro de Cumaná y en especial para el transporte público, por lo que se le hizo la observación al alcalde sobre la importancia de hacer un estudio de transporte, y cómo afectaría a los conductores de líneas y particulares.
Agregó que tampoco se hizo el análisis en el impacto a los servicios y por la zona pasan una línea de 115 mil voltios, que va de la subestación Manzanares a Tres Picos y hay un tanque de distribución, alrededor del cual no se debe construir, pero por no haber hecho el levantamiento topográfico, no deben haberse percatado.
Rechazó el argumento del alcalde de mejorar el río con los kioscos, porque cree que su solución es tapar la basura y los problemas con las estructuras, además de que son de mala calidad y sin normas antisísmicas.
No rechazan la idea de la inversión privada, pero deploró que se pida como contraprestación que den un bien público nacional. “A ti no te pueden vender un tramo de calle, ni uno de cloaca o acueducto, son bienes y servicios de la Nación y por lo tanto son inalienables e imprescriptibles. Tú no puedes vender una calle para que el privado pueda construir allí”.
“Estás sentando el precedente al dar al privado un área de muy alto valor, por la ubicación en plena avenida Mariño, en la salida del puente. No se lo puedes dar a un particular para que haga unas edificaciones de mala calidad, para beneficiar a un sector mínimo, a unas 15 personas, en detrimento de una toda una ciudad que pasa por allí, que usa el transporte público”.
Otra voz que se alzó contra la forma como se ejecuta la obra fue la del politólogo cumanés y profesor titular de la Universidad de Oriente, Jesús Alberto Castillo, quien expresó su rechazo por los trabajos que realiza una empresa privada en las inmediaciones del río Manzanares sin cumplir con las directrices del Plan de Desarrollo Urbano.
“En materia de planificación urbana es fundamental que se tenga un plan especial que contemple estudio de transporte y vialidad para detectar el flujo de personas y vehículos, así como la afectación a la población objetivo en ese sector, puesto que pudiera colapsar el tránsito en esa zona que ha servido de circulación alterna en el centro urbano de Cumaná”.
Sobre el aspecto patrimonial, dijo que el Manzanares simboliza la identidad de una ciudad que ocupa un sitial importante en la historia del continente americano y en los orígenes de nuestra nación. “Este emblemático río fue escenario de encuentro, mitos y actividad productiva de nuestros pobladores ancestrales y tenemos el compromiso de conservar ese legado e identidad”.
Sucre/ Corresponsalía
