A través de un informe diagnóstico, Fedeindustria Sucre y la Secretaría de Economía del ente en la entidad, dio a conocer la situación del estado en esta materia, que resalta la paralización de empresas agrícolas, pesqueras, madereras, industriales, navales, turísticas y comerciales.
La razón principal que aduce el gremio es el exceso de impuestos, tasas, sanciones y tarifas de servicios públicos (electricidad, permisos, registros, etc.) aplicados sin respetar el debido proceso, ni la reserva legal.
Para los empresarios, esto trae como consecuencia que casi no hay nuevas inversiones, muchas plantas procesadoras cerradas, flotas pesqueras detenidas, caída del turismo y pérdida de empleos.
Detalla el documento, que circuló este miércoles en plataformas digitales, que las causas de esta parálisis se pueden conseguir en sucesivas reformas fiscales, como el cambio en unidades tributarias de 2017, en 2018 la introducción del Petro como referencia, en 2020 la aplicación del Código Orgánico Tributario, que creó las Unidades de Cuenta Activas (TCMMV-BCV), ligadas al dólar oficial.
Asimismo, la entrada en vigencia de la Ley de Armonización Tributaria, que permitió a municipios y estados fijar tasas y sanciones más altas.
Entre los efectos de estas medidas, destacan la existencia de intereses moratorios altísimos (34%), empresas primarias (agricultura y pesca) tratadas como “contribuyentes especiales”, obligadas a usar máquinas fiscales y retener impuestos, aunque legalmente deberían estar excluidas, aplicación indebida del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en actividades que no deberían pagarlo y la aplicación de la Ley de Contribución al Fondo de Pensiones, que genera nuevas cargas económicas y sanciones.
Sobre el tema de los servicios públicos, destacan cobros y cortes sin criterios claros, afectando industrias de alimentos y turismo, por parte de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), la aplicación de sanciones y tarifas irregulares en puertos y embarcaciones por parte del Instituto Nacional de Espacios Acuáticos (INEA) y el Instituto Socialista de Pesca y Acuicultura (Insopesca), lo que genera inseguridad jurídica y paraliza la producción.
Como propuesta, la Secretaría de Transformación Económica, plantea un plan de reuniones urgentes con los entes responsables para buscar soluciones, siguiendo el ejemplo de Nueva Esparta (donde se logró reactivar la flota pesquera en un solo día tras un encuentro con autoridades nacionales).
También cree viables, un censo empresarial para clasificar empresas por tamaño, sector y ubicación, un levantamiento de información, que permita documentar impuestos, tasas y tarifas que están asfixiando a los sectores.
Plantean, además, la realización de mesas de trabajo urgentes, con organismos como el Ministerio de Pesca, INEA e Insopesca, con el fin de reactivar la flota pesquera mecanizada, así como con el Viceministerio de Transporte Acuático, para revisar sanciones y tarifas portuarias.
Las mesas de trabajo incluyen una con Corpoelec, que debe garantizar suministro eléctrico estable y justo para industrias y turismo y con el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) y el Consejo Federal de Gobierno, para revisar legalidad de impuestos, sanciones y aplicación del “solve et repete” (pague y después reclame).
Las discusiones incluirían a los alcaldes y concejos municipales, para evaluar el impacto de la Ley de Armonización Tributaria en las tasas locales.
Finalizan diciendo que la solución no es solo pedir exoneraciones, sino ordenar el sistema tributario, exigir respeto al debido proceso y coordinar con los gobiernos nacional y municipal para aplicar medidas de alivio inmediatas.
“La gobernadora tiene en sus manos la posibilidad de liderar este reordenamiento, apoyándose en los anuncios de estímulos fiscales hechos por el Ejecutivo Nacional”, concluye el documento.
Sucre/Corresponsalía
