Un juez de la Audiencia Nacional de España dejó en libertad con medidas cautelares a Pedro José Rojas Chirinos, diputado opositor de la Asamblea Nacional de Venezuela que fue detenido el lunes en el aeropuerto de Barajas, en Madrid, cuando se disponía a viajar a Panamá.
El arresto de Rojas Chirinos -diputado del partido Acción Democrática, intervenido por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela- se produjo en virtud de una orden de detención a efectos de extradición emitida por las autoridades venezolanas por presuntos delitos informáticos por los que le piden 15 años de cárcel.
Tras tomarle declaración, el juez Francisco de Jorge, a instancias del fiscal, acordó su puesta en libertad con la prohibición de salir de España, retirada del pasaporte y comparecencias mensuales en el juzgado, a la espera del resultado de la tramitación de la extradición que reclama Venezuela, informaron a EFE fuentes jurídicas.
En su comparecencia ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1, en funciones de guardia, el reclamado, de 58 años, negó lo hechos que se le atribuyen y alegó que la orden de detención cursada a través de Interpol Venezuela se debe a una «persecución política» por tratarse de un diputado nacional del partido de la oposición al régimen de Nicolás Maduro.
Rojas Chirinos, al que asistió en la comparecencia el abogado experto en extradiciones y exfiscal de la Audiencia Nacional, Carlos Bautista, añadió además, que tras las elecciones presidenciales en Venezuela, ha sido víctima de «un ataque continuado», y en ese contexto enmarcó la orden de detención contra él.
Según la orden de detención de las autoridades judiciales venezolanas, el opositor venezolano fue presidente de la empresa Tranred -una plataforma tecnológica de medios de pago- en la que después permaneció como directivo asociado con Gustavo Chirinos y otras seis personas.
Se le acusa, en concreto, de no atender a las alertas del equipo de tecnología debido a las deficiencias que se estaban presentando y dejar vencer las licencias de los sistemas operativos, lo que dejó a la plataforma en situación de vulnerabilidad.
Ello, según sostiene la reclamación, facilitó que Tranred sufriera un hackeo que le generó un gran daño reputacional y patrimonial, valorado en 200.000 dólares.
Por estos hechos se le atribuyen delitos de asociación para delinquir, apropiación de información por medios electrónicos y sabotaje o daño a sistemas.
Madrid / EFE
