La líder antichavista María Corina Machado afirmó este viernes que "Venezuela entera" y el "mundo democrático" exige la liberación de la presidenta de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel, detenida el 9 de febrero del año pasado, a quien la exdiputada consideró como una "mujer valiente y firme" y "una activista comprometida".
"Así actúa este sistema criminal para tratar de callar las voces que los enfrentan; violan todos los derechos humanos y cometen terrorismo de Estado", indicó Machado en su cuenta de X.
Más temprano, la ONG Provea afirmó que la activista está "injustamente presa" en la sede de Caracas del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), conocida como El Helicoide.
"Exigimos una medida humanitaria y su libertad para que Rocío pueda recuperar su vida. Además del respeto a sus derechos fundamentales y el debido proceso", manifestó Provea.
La organización denunció que, tras su detención, San Miguel fue presentada en Caracas ante un tribunal contra el terrorismo y no pudo designar una defensa privada.
"Hoy, el Gobierno de (Nicolás) Maduro la acusa de 'terrorismo' y 'traición a la patria' por su labor en Control Ciudadano, donde documentaba, investigaba e informaba sobre defensa, soberanía nacional y temas militares", aseguró.
Provea señaló que las autoridades arrestaron a cinco familiares de la activista, de los cuales cuatro, entre ellos su hija, fueron excarcelados "bajo régimen de presentación, prohibición de salida del país y sin poder dar declaraciones", mientras que Alejandro González, exesposo de San Miguel, sigue detenido.
En diciembre pasado, el abogado de la presidenta de Control Ciudadano, Juan González Taguaruco, dijo a EFE que San Miguel sufrió una fractura al caerse como consecuencia de un mareo producido por una laberintitis, que "no fue debidamente atendida" y, desde entonces -aseguró-, "se quejaba del dolor y era tratada con analgésicos".
Por tanto, Provea y otras organizaciones han pedido en varias oportunidades una medida humanitaria para San Miguel, a quien la Fiscalía acusa de un supuesto vínculo con una "trama conspirativa" que buscaba "atentar" contra Maduro y altos funcionarios del país caribeño.
Según el fiscal general, Tarek William Saab, San Miguel "entregó información" sobre sistemas de defensa militar a un embajador de la Unión Europea y a legaciones de otros tres países que no precisó.
Caracas / EFE
