El Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile emitió un comunicado informando sobre el cierre inmediato de los consulados chilenos en Caracas y Puerto Ordaz, según exigencia del gobierno de Nicolás Maduro.
Estos consulados eran las únicas dependencias que mantenía abiertas Chile en territorio venezolano, tras la suspensión de relaciones diplomáticas entre ambos países.
La Cancillería chilena expresó su pesar por esta situación en un comunicado, que impacta a miles de ciudadanos chilenos que residen en Venezuela y a aquellos venezolanos que requieren asistencia consular.
Las relaciones entre Chile y Venezuela son históricamente complejas, marcadas por períodos de cooperación y tensión. En los últimos años, estas relaciones se deterioraron notablemente bajo el gobierno del presidente chileno, Gabriel Boric, quien adoptó una postura crítica hacia el régimen de Nicolás Maduro.
Este enfoque se acentuó tras los resultados de las elecciones del 28 de julio de 2024 en Venezuela. Luego de este evento, Chile abiertamente condena las violaciones de derechos humanos y mostró un apoyo más explícito a la oposición venezolana.
La reciente decisión de Caracas se da apenas 11 días después de que el fiscal chileno Héctor Barros, encargado de investigar el secuestro y el asesinato del disidente, Ronald Ojeda, en febrero de 2024 en Santiago, comentara a Radio ADN que “tras una exhaustiva indagatoria de 11 meses, considera que el Gobierno venezolano está involucrado en este asunto”.
Barros también señaló que se habría contratado a la banda Tren de Aragua para llevar a cabo el crimen. Además, el jefe nacional del Ministerio Público de Chile, Ángel Valencia, amplió la información al asegurar que hay tres testimonios en la investigación que apuntan a autoridades del Gobierno venezolano como responsables del encargo.
Uno de los testigos, cuya identidad permanece en reserva, indicó que “el encargo y el pago lo habría realizado Diosdado Cabello, actualmente ministro del Interior, aunque este aspecto todavía necesita ser aclarado en el transcurso de la investigación”.
El cese de funciones consulares es un paso significativo que refleja no solo la ruptura formal de las relaciones diplomáticas, sino también el impacto directo que esto tiene en los ciudadanos.
La Cancillería chilena también señaló que está evaluando alternativas para garantizar el apoyo necesario a los chilenos afectados por esta decisión, lo que incluye potenciales acuerdos con otros países o instituciones para brindar asistencia.
El cierre de los consulados chilenos en Venezuela representa un desafío considerable para los aproximadamente 30 mil chilenos que residen en el país.
Sin acceso a servicios consulares, estos ciudadanos enfrentarán dificultades para realizar trámites esenciales como la renovación de pasaportes, la obtención de visas y otros servicios administrativos. Además la falta de atención consular puede complicar circunstancias críticas, como emergencias médicas o legales.
Por otro lado, esta situación también afecta a los ciudadanos venezolanos que buscan asistencia consular chilena, lo que podría limitar sus oportunidades para viajar o establecer vínculos con Chile.
Bolívar / Correo del Caroní
