Madres familiares y activistas por los derechos humanos acudieron este lunes a la sede del Ministerio Público, ubicada en Parque Carabobo, en el centro de Caracas, para presentar pruebas y testimonios sobre la inocencia de decenas de presos políticos y solicitar su liberación antes de navidad.
Pasadas las 9:00 am los parientes comenzaron a congregarse a las afueras de la Fiscalía General con fotos, franelas y pancartas alusivas a los distintos detenidos.
Algunas de las mujeres denunciaron que la evaluación de los casos y las visitas a los distintos penales del país serían suspendidas desde esta semana y hasta enero, debido a las vacaciones decembrinas.
Familiares de Leonardo Rojas, recluido en Tocorón (Aragua), relataron que en los próximos días les permitirían llevarle a los privados de libertad “galletas y chocolates”, ya que las visitas serías interrumpidas.
“Están hacinados, no les dan comida. Lo que les dan es comida podrida. Él (Rojas) está deprimido. Quieren atentar contra la vida de todos los detenidos. Les dicen que van durar 30 años presos”, dijo la hermana de Rojas.
Su madre, Sonia Mujica, apuntó que el fiscal 58, Ernesto Duéñez le habría notificado que a, causa del intermedio vacacional, la evaluación de los casos pendientes quedaba suspendida desde 13 de diciembre hasta el 20 de enero.
“Pero nosotros como madres no nos vamos de vacaciones. Los casos están engavetados. No existe expediente. Ellos están allí por un simple capricho.
Los están matando sistemáticamente de hambre. No entiendo cómo dicen ellos que no son presos si ayer intentó suicidarse en Tocorón un hijo del país, un hijo de Venezuela. Es un hijo de todas las madres.
Están pidiendo una orden presidencial para que lo pueda ver su mamá y su hermana. ¿Qué aberración es esa?”.
Mujica señaló que su hijo es operador de plantas y subestaciones eléctricas. “Él fue secuestrado dentro de la empresa. Se lo llevó una comisión. El 7 de agosto supimos que había sido privado de libertad. Y lo trasladaron a Tocorón el 5 de septiembre. Hoy en día mi hijo ha perdido como 20 kilos (…) Yo no pienso parar hasta que se haga justicia porque lo que está ocurriendo es una atrocidad. A mí, como madre no me van a callar”.
Los parientes de los detenidos luego de la crisis post electoral indicaron que han consignado solicitudes de revisión de casos pero, hasta ahora, las autoridades no han dado respuestas.
“La respuesta que nosotros queremos es la libertad.
Mi hijo es inocente”, agregó la madre de Leonardo Rojas.
Manuela González, madre de Anthony Quijada, relató que su hijo fue privado de libertad luego de las elecciones presidenciales del 28 de julio, cuando se encontraba en una parada de transporte público.
“Ese día, por todo lo que estaba pasado en el país, le suspendieron la jornada de trabajo y estaba en la parada, junto a otros compañeros para devolverse, cada uno a su casa”, indicó.
González, quien llevaba puesto un pañuelo en el rostro, dijo tener miedo por su integridad física a causa de las denuncias divulgadas en medios de comunicación. Apuntó que una de las autoridades carcelarias dijo que, debido a las informaciones que estaban circulado por las redes, “podían arremeter” contra los detenidos.
Aseguró haber sido víctima de una requisa carcelaria en la que sintió agredida su integridad personal, en Yare III (Miranda), antes de que trasladaran a su hijo a otro penal.
“El día 26 de noviembre en Yare III la revisión corporal a las familiares femeninas fue monstruosa literalmente. Fueron efectivos militares.
No obligaban a abrir nuestras partes íntimas y nos alumbraban con linternas de un teléfono. Nos pedían pujar. Yo les decía ‘¿en qué momento se me puede ocurrir a mi tratar de ingresar algo acá (…) En qué momento puedo sacarme algo de la vagina para dárselo a mi hijo cuando tenemos apenas 10 minutos y los custodios están alrededor de nosotros”, relató.
Agregó que a pesar del miedo seguiría luchando por la libertad de su hijo. “Mi hijo cumplió 23 años en prisión ¿Qué navidades podemos tener nosotros? Si a mi hijo lo condenan a mí me condenan también. No puedo abandonar la lucha por mi hijo”.
Otras de las presentes durante la jornada de protesta realizada frente a la sede del Ministerio Público fueron la madre y las hermanas de Carlos Valecillo, quien el pasado fin de semana habría intentado acabar con su vida en el penal de Tocorón.
Valecillo de 34 años, fue detenido el 29 de julio cuando trasladaba en su taxi a una vecina que necesitaba ir a una farmacia a comprar medicinas.
Hace varios días activistas de defensa de derechos humanos advirtieron sobre el cuadro clínico de padecimientos físicos y psicológicos que atravesaba Valecillo, incluyendo abscesos en el rostro, fiebre y depresión.
Los familiares no han podido ver al preso político en los últimos días.
“Sabemos que él está con vida, por lo que nos dijeron otros presos de Tocorón desde las ventanas de las celdas que dan para la calle. Sus compañeros lo bajaron del sitio donde él se estaba ahorcando y lo llevaron a enfermería con signos vitales”, detalló una de las hermanas del recluso.
Las mujeres pidieron una fe de vida de Valecillo.
“Las autoridades nos dijeron que así nosotros pataleáramos y lloráramos, no íbamos a poder verlo. Que ellos necesitaban de una orden de la presidencia para dejarnos ver a nuestro hermano, eso fue lo que nos dijeron”, acotó Monica Sánchez, hermana de Valecillo.
Subrayó que al igual que su hermano, el resto de los presos políticos de Tocorón están viviendo un “infierno”, comiendo alimentos en malas condiciones sanitarias y aislados en sus celdas.
Caracas / Rodolfo Baptista
