Después de haber sido excarcelado, el sufrimiento no ha parado para Favián Palma de 18 años de edad.
La organización Justicia, Encuentro y Perdón expuso que este martes 3 de diciembre, Palma fue recluido en el ambulatorio de La Isabelica en Valencia, estado Carabobo y trasladado luego de emergencia al Hospital Central de la ciudad por continuas convulsiones.
Palma fue aprehendido luego de los comicios de finales de julio y recibió una medida de excarcelación.
La familia está solicitando apoyo económico para costear el tratamiento de Palma, cuya situación es crítica y requiere diversos estudios médicos.
Palma no es el único que padece por la salud de quienes fueron detenidos en la represión desatada por el régimen madurista luego de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio.
Desde el 12 de agosto Arianna Pinto de 20 años de edad está internada con una condición de salud grave en el hospital Joaquina de Rotondaro del municipio Tinaquillo en el estado Cojedes.
Los familiares de Pinto están a la espera de una medida humanitaria. Pinto, quien se dedicaba a labores del campo, sufre insuficiencia renal crónica, diabetes mellitus tipo I e hipertensión arterial, además convulsiona casi a diario.
Por su parte, José Bellorín Lárez, detenido en Carúpano, estado Sucre, permanece hospitalizado desde el 4 de agosto cuando fue trasladado de emergencia al Hospital “Santos Aníbal Dominici” de esa localidad luego de presentar una crisis hipertensiva que se complicó al punto de causarle una especie de accidente cerebrovascular.
La familia de Bellorín expuso que este necesita exámenes especiales de alto costo y de rutina a fin de definir el tratamiento adecuado.
De la misma forma Terris Méndez, detenido en la cárcel de Tocuyito, estado Carabobo, tuvo un ACV el pasado miércoles 27 de noviembre que lo dejó inmovilizado y sin poder hablar.
Su madre, Rosa Escobar, denunció que fue notificada tres días después del hecho y que pese a su estado delicado no ha sido trasladado a un centro asistencial debido a que los custodios alegan que deben esperar orden de traslado.
Según la Constitución el Estado venezolano tiene la obligación de garantizar el bienestar y la vida de estas personas y de todas las que permanecen detenidas por motivos políticos.
