Familiares de detenidos en el Internado Judicial del Rodeo II y III en Guatire, estado Miranda, alertaron sobre una requisa llevada a cabo el pasado viernes 22 de noviembre, sobre la que acusan a funcionarios de haber violado los derechos humanos de los reclusos.
Según lo estipulado en una carta enviada a Nicolás Maduro, a la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez; al fiscal general impuesto por la Asamblea Nacional Constituyente y ratificado por la AN Chavista Tarek William Saab; al ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello y al ministro del Poder Popular para Servicios Penitenciarios, Julio García Zerpa, los presos argumentan que sufrieron vejámenes en el marco de la llamada operación “Gran Cacique Guaicaipuro”.
En la misiva, familiares expusieron que agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), Policía Nacional Bolivariana (PNB) y Guardia Nacional Bolivariana (GNB) supuestamente incurrieron en actos contra la integridad física y psicológica de los presos.
Miembros de la familia de los detenidos aseguraron que los atropellos incluyeron maltratos físicos, destrucción de pertenencias personales y privación de alimentos.
Argumentaron que, según las normas internacionales, este tipo de conducta constituye un trato “cruel, inhumano y degradante”.
Los familiares hicieron un llamado a las autoridades para que cese de inmediato la violencia hacia los privados de libertad, se garantice el respeto a los derechos humanos, efectúen una investigación exhaustiva para determinar quiénes fueron los responsables y se establezcan sanciones.
Además pidieron que se implementen medidas para mejorar las condiciones de reclusión en el Internado, incluyendo acceso a una alimentación adecuada, atención médica y condiciones de higiene.
Los familiares indicaron que es perentorio que se tomen las medidas necesarias para garantizar la seguridad y el bienestar de los privados de libertad. “Independientemente de su situación legal, merecen ser tratados con dignidad y respeto”, expuso la misiva.
Dos días después de la requisa, también familiares denunciaron una repentina militarización de la cárcel del Rodeo I, donde de acuerdo al Comité por la Libertad de los Presos Políticos, hay detenidos de conciencia y militares.
“Seguimos con atención las denuncias de familiares sobre posible despliegue militar y exigimos al Estado el respeto a la integridad física y psicológica de las personas privadas de libertad y sus familiares”, escribió la ONG Provea en su cuenta de X.
También Andreina Baduel, cuyo hermano Josnars Baduel está preso en el Rodeo I, confirmó la militarización y aseguró que la visita se había suspendido.
