Los periodistas Luis López y Gabriel González fueron pasados a juicio y el tribunal competente confirmó la privativa de libertad.
Aunque la audiencia de ambos fue celebrada en una sala de la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en El Helicoide el pasado martes 5 de noviembre, no fue sino hasta el 14 de este mes cuando los familiares de López y González se enteraron de dicha decisión.
Al igual que López y González los activistas de los partidos Voluntad Popular y Vente Venezuela en el estado Vargas, Jeancarlos Rivas y Juan “Kiko” Iriarte, respectivamente también fueron pasados a juicio.
Según Tal Cual, la audiencia telemática en la que dictaron la medida duró apenas 40 minutos.
Los acusados escucharon la decisión del juez Carlos Liendo del Tribunal Segundo de Control del Área Metropolitana contra el Terrorismo, quien aceptó los alegatos del Ministerio Público y los tres cargos que les fueron imputados a los detenidos: atentar contra una instalación militar, incitación al odio y terrorismo.
Fueron señalados de participar de un supuesto asalto a la sede del Comando de Seguridad Ciudadana de la Guardia Nacional ubicado en la parroquia Maiquetía, durante el recorrido del entonces candidato de la Plataforma Unitaria Democrática, Edmundo González Urrutia, el pasado 8 de junio de este año.
“Nos enteramos esta semana porque fue un acto básicamente clandestino. Aunque los familiares estábamos atentos y haciendo plantones en el Tribunal Segundo en materia de Terrorismo del área metropolitana de Caracas, esperando la audiencia, la hicieron vía telemática y no lo notificaron”, dijo Mary López, hermana del periodista Luis López, quien trabaja para el diario La Verdad de Vargas y programa El Pitazo Vargas.
Según López, el juez Liendo conminó a los cuatro imputados a declararse culpables. Si aceptaban, les rebajaría la pena, sin embargo ninguno aceptó.
“Los defensores públicos Santos Rojas y Valentina Lewis solicitaron la aplicación de una medida sustitutiva para que pudieran estar en libertad mientras se desarrollaba el juicio. Alegaron los solicitantes que no hay suficientes elementos probatorios para mantener la medida de detención, pero el juez se negó”, indicó Mary López.
De acuerdo al Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Prensa, 13 comunicadores sociales permanecen detenidos y ninguno ha recibido beneficio de parte del Ministerio Público.
