Antes de las elecciones presidenciales la libertad de expresión y de prensa en Venezuela ya venía renqueando, pero los comicios electorales del 28 de julio marcaron un antes y un después en cuanto a represión, violación a la libertad de expresión y la censura. De un contexto represivo sostenido y de larga data, se pasó a un escenario de prácticas más violentas.
El informe “Represión y censura poselectoral en Venezuela”, publicado este miércoles, 6 de noviembre por la organización Espacio Público, expuso el impacto de la violencia estatal en contra de la prensa antes y después de las cuestionadas elecciones presidenciales, que se incrementó en comparación con procesos electorales anteriores.
De acuerdo con el monitoreo de Espacio Público, entre el año 2003 y 2022, se registraron 273 denuncias de violaciones a la libertad de expresión que, en su mayoría se dieron el día del proceso electoral. Principalmente, se registraron limitaciones y obstrucciones a la cobertura en los centros de votación que provenían de los miembros del Plan República.
Según datos presentados por la organización, en las elecciones de 2012 se registraron 34 denuncias, 46 en 2013, 21 en 2018 y 34 en los comicios de 2024. Sin embargo, un dato significativo de este proceso último proceso electoral es que antes del 28 de julio se asentaron 98 denuncias de violaciones a la libertad de expresión, frente a las 10 registradas en 2012.
Otra diferencia que reveló el informe, y que deja en evidencia el esquema represivo y de censura por parte del Gobierno en comparación con otros años, es que “las restricciones no cesaron el día de las elecciones, por el contrario, se instauró un nuevo ciclo represivo que continúa hasta el día de hoy”.
El informe de Espacio Público arrojó que entre el 28 de julio y el 31 de octubre se contabilizaron 49 detenciones en represalia por ejercer el derecho a la libertad de expresión e información. De la cifra, 21 son periodistas o trabajadores de medios de comunicación y de estos, 11 permanecen detenidos en la actualidad y con procesos penales abiertos bajo acusaciones de presunto terrorismo, incitación al odio u obstrucción de las vías públicas.
El camarógrafo Yousner Alvarado, la reportera gráfica Deysi Peña, Paúl León (camarógrafo de VPI TV), Eleangel Navas (community mánager de El Oriental), el locutor José Gregorio Camero, el reportero gráfico Fernando Chuecos, el editor Gilberto Reina, los periodistas Leocenis García, Víctor Ugas y Roland Carreño son los comunicadores sociales que actualmente están detenidos y sometidos a patrones en los que se le niega el derecho legítimo a la defensa.
Otro elemento que destacó el informe de Espacio público y que no había ocurrido en años anteriores es el ataque a las autoridades regionales y locales, a medios de comunicación y a periodistas de “manera preventiva”, a través del monitoreo y vigilancia para inhibir la publicación de contenidos que “generen zozobra” o “inciten al odio”.
La organización evidenció que en estados como Trujillo, Portuguesa, Mérida, Nueva Esparta, Táchira, Carabobo y Bolívar se registraron amenazas más concretas, como la supuesta circulación de una lista de periodistas que estarían siendo buscados para ser detenidos arbitrariamente.
Espacio Público señaló que actualmente los periodistas venezolanos que aún ejercen en el país han tenido que adoptar varias medidas para proteger su identidad y así evitar ser víctima del patrón represivo del gobierno de Nicolás Maduro.
Rodríguez indicó que entre las decisiones que han tenido que tomar los periodistas y los medios están las de publicar los trabajos sin firmas personales y evitar determinadas coberturas políticas, especialmente si están relacionadas con sectores de oposición.
“Las fuentes también han decidido en muchos casos silenciarse, también como un mecanismo de protección, porque temen que no solamente el ataque está asociado al periodista, sino a la información que esta persona difunde. Hay un temor generalizado también en las fuentes, lo que dificulta hacer el trabajo periodístico”, explicó.
La organización considera de suma importancia seguir fortaleciendo los protocolos de seguridad, los mecanismos de monitoreo y denuncia, y documentar bajo el anonimato, para resguardar la seguridad de los comunicadores sociales sin que tengan que abandonar su labor informativa.
