“Un niño no tiene que ser enjaulado, tiene derecho a pensar, al estudio, a la salud”, se escuchaba a las afueras de la oficina del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en Caracas. Las madres y familiares de niños detenidos se concentraron para exigir que el organismo intervenga en la liberación de los menores de edad.
Nérida Ruiz, madre de Ángel Ramírez, de 16 años, dijo delante de los medios de comunicación que en la audiencia preliminar su hijo no aceptó los cargo de culpabilidad y fue enviado a juicio. Ruiz, de 39 años, sostiene la inocencia del niño y denunció la violación del debido proceso.
A Ramírez lo están acusando de terrorismo, incitación al odio, resistencia a la autoridad y hurto calificado. El niño puede enfrentarse a 10 años de prisión, pese a que la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente establece un máximo de dos años de privación de libertad.
En el artículo 624 lo deja claro: “Las órdenes o prohibiciones tendrán una duración máxima de dos años y el cumplimiento deberá iniciarse, a más tardar, un mes después de impuestas”.
En conjunto, los familiares redactaron una carta que fue entregada en el organismo internacional. La misma fue recibida por el secretario. En ella, le piden garantizar la libertad inmediata de los niños, niñas y adolescentes, que un equipo de UNICEF acceda a los centros de detención a observar el estado físico y mental de los niños.
“Es fundamental que, de manera urgente, se garantice a estos niños, niñas y adolescentes el acceso a atención médica y psicológica adecuada. Dado el evidente deterioro de su bienestar físico y emocional, es imperativo que se realicen evaluaciones exhaustivas para determinar el impacto de estas detenciones arbitrarias han tenido en su salud”, se lee en el documento.
En la concentración, también asistió una madre proveniente de Valencia, estado Carabobo. Katherine Martínez habló de su hija Irene, quien tiene 17 años, y fue detenida por pertenecer a un grupo de WhatsApp.
Martínez explicó que a su casa llegó una citación para su esposo y tanto su hija como ella lo acompañaron a la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) de las Acacias en Carabobo.
“Pasamos cuatro horas ahí y después nos llamaron a mi hija y a mí. Nos revisaron el teléfono y después uno de los muchachos dijo: ‘Es ella la que se va a quedar, porque está en este grupo de WhatsApp”, contó.
Irene está detenida desde el 4 de agosto. Su madre confesó que quería estudiar en el extranjero, pero al ser hija única, le insistieron en que se quedara porque “el país iba a cambiar”.
“Mi hija se quería ir a Chile y no la dejamos. Le dijimos que estudiara aquí y ahora tenemos remordimiento de consciencia”, dijo.
Antes de ser detenida, Irene tenía una gran ilusión por estudiar Derecho, ahora afirma que no quiere. También es modelo y le faltaba poco para culminar sus estudios en este área.
“Mi hija me dice: ‘Mamá, ¿hasta cuándo?’ Me duele verla así. Ellos son niños y niñas no deberían ser considerados terroristas”, expresó su progenitora.
Martínez señaló que a su hija solo le están imputando un cargo y es el de incitación al odio. “No entiendo por qué no la han dejado salir. Ella es inocente”, indicó.
La audiencia preliminar de la niña fue el 26 de septiembre. En la misma, los padres se enteraron de que una persona que pertenecía a ese grupo de WhatsApp interpuso una denuncia por acoso digital y bullying.
“No hay pruebas que incriminen a mi hija. No hay ni una captura y no entendemos, no sabemos qué hacer. Queremos que esta gente tenga un poco de humanidad”, detalló.
El frente de ‘Madres en la Defensa de la Verdad’ y el Comité de la Familia por los presos políticos continuarán en la calle exigiendo que se respete el debido proceso y condiciones dignas en las cárceles venezolanas.
De acuerdo a Foro Penal, en su último balance publicado el 14 de octubre, 70 niños, niñas y adolescentes se encuentran detenidos.
Caracas / Runrunes
