La Organización No Gubernamental (ONG), Foro Penal, contabilizó al menos 1 mil 010 detenciones ejecutadas por efectivos de seguridad, luego de los comicios del 28 de julio (28J), 91 de las cuales corresponden a personas menores de edad.
Voceros del Gobierno han señalado que las capturas postelectorales se ubican entre 1 mil 200 y 2 mil.
El director presidente del Foro Penal, Alfredo Romero, apuntó que las cifras “se están actualizado minuto a minuto”.
“Estamos recibiendo información de familiares que van llegando a la sede (de la organización) y vamos corroborando los datos de detenidos relacionados, no solo con las manifestaciones o protestas posteriores a las elecciones sino también con ‘detenciones selectivas’”.
Señaló que uno de los casos de “detenciones selectivas” apunta a defensores de Derechos Humanos, como ocurrió con el activista y abogado del Foro Penal en el estado Carabobo, Kennedy Tejeda (24 años) quien por solicitar información acerca de una persona en un comando de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en Montalbán, fue privado de libertad el 2 de agosto. Presuntamente habría sido trasladado a instalaciones de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).
“No vemos el objetivo de detener a personas de manera indiscriminada de esa forma”, agregó Romero.
También se reportaron los casos de tres ciudadanos que fueron capturados en el aeropuerto de Maiquetía cuando intentaban abordar un avión.
Una de ellas fue la trabajadora humanitaria y profesora de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Edni López, privada de libertad el 4 de agosto. El defensor de los derechos Lgbtiq+, Yendrí Velásquez, también fue retenido en Maiquetía, pero fue liberado luego de seis horas.
“En el caso de los 91 adolescentes detenidos, se trata de jóvenes de 14 a 16 años. Sus familiares no han tenido acceso a los centros de reclusión para poder verlos”.
Indicó Romero que se están realizado audiencias en todo el país y “el patrón es el mismo”: imputando a las personas por “instigación al odio, terrorismo, asociación para delinquir” y en algunos casos por “traición a la patria”.
Las entidades con más casos de detenciones son: Distrito Capital (176), Carabobo (140), Anzoátegui (112) y Miranda (76). El Ejecutivo nacional informó que las cerca de 2 mil personas capturadas están siendo trasladadas a los penales Tocorón, en Aragua, y Tocuyito, en Carabobo, pero también se reportaron traslados a la cárcel de Yare III en el estado Miranda.
De igual forma se contabilizan al menos 11 asesinatos, cifra que según indicó el Foro Penal, se encuentra bajo revisión. La ONG de defensa de DD.HH., Provea ha informado sobre la muerte de 22 personas en medio de una “ola de represión”.
Según Provea, las entidades con mayor número de fallecidos son Distrito Capital (8) y Aragua (6).
También se han gegistrado las detenciones de dirigentes políticos, entre ellos el coordinador de Voluntad Popular (VP), Freddy Superlano. Su esposa Aurora Silva, denunció que el también exdiputado, estaría siendo objeto de “torturas, para que posiblemente salga a declarar” en contra de la dirigente de Vente Venezuela (VV),María Corina Machado y el ex andidato de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Edmundo González Urrutia.
El pasado jueves, el Fiscal General, Tarek William Saab, confirmó la privativa de libertad de Superlano y aseguró que se “encuentra cooperando”. Hasta ahora se desconoce su sitio de reclusión.
Otro de los detenidos es Enzo Scarano, exalcalde del municipio San Diego, Carabobo. Su familiares apuntaron que se encuentra desaparecido desde la madrugada del 3 de agosto, cuando fue capturado por al menos 12 funcionarios de la Dgcim.
Uno de los casos denunciados fue la captura del periodista y activista de Voluntad Popular (VP), Roland Carreño, quien ya había estado preso entre octubre de 2020 y octubre de 2023, acusado de “terrorismo y conspiración”.
De igual forma, organizaciones como Laboratorio de Paz, han confirmado denuncias sobre desapariciones de testigos de mesa que participaron en los comicios presidenciales.
Caracas / Rodolfo Baptista