Las autoridades panameñas decidirán qué migrantes son elegibles para ser retornados a sus países de origen después de atravesar la selva del Darién, la peligrosa frontera natural con Colombia usada como camino para llegar a Norteamérica, en el marco de un acuerdo firmado entre Panamá y Estados Unidos para reducir el flujo migratorio, según informó este martes una funcionaria estadounidense.
«Todo el mundo que el Gobierno de Panamá determine que debe ser retornado van a ser ‘elegibles’ para el programa» que devuelve a los migrantes a su país, dijo en Ciudad de Panamá la agregada regional de seguridad interna de EE.UU., Marlen Piñeiro.
Panamá suscribió con el Ejecutivo estadounidense el pasado 1 julio, el mismo día que José Raúl Mulino fue investido como presidente, un acuerdo para devolver a través de vuelos a aquellos migrantes que atraviesen el Darién.
Aún no hay fecha para el inicio de esos vuelos, pero Piñeiro dijo este martes que será «inminente».
La funcionaria explicó que aún se están afinando los detalles de ese acuerdo «piloto» entre ambos países, pero anotó que los retornos de los migrantes se harán bajo el marco jurídico de la ley panameña, que acoge tres figuras: expulsión, deportación y repatriación.
«Este programa de repatriación está basado en la ley panameña, que tiene tres categorías: deportaciones, expulsiones y repatriaciones voluntarias. Estamos elaborando y colaborando en el espacio de expulsiones y deportaciones», detalló la funcionaria para esclarecer que el programa no es exclusivo para las repatriaciones voluntarias.
Y enfatizó que los migrantes «no necesariamente tienen que tener un antecedente criminal» para ser retornados, como ya Panamá aplica, sino que «tienen que caer bajo la ley de deportación y expulsión» del país centroamericano.
Así, subrayó que el rol de Estados Unidos dentro de este acuerdo «es verificar que los procedimientos sean bajo esas leyes internacionales», además de financiar el programa, que incluye los vuelos para retornar a los migrantes.
El acuerdo entre Panamá y EE.UU. tiene un valor de 6 millones de dólares, aunque la funcionaria estadounidense explicó hoy que el dinero no será «entregado directamente» al Gobierno panameño, sino que irá destinado a financiar los apoyos para poner en funcionamiento dicho programa.
Este acuerdo está destinado a reducir el flujo de migrantes por esa peligrosa selva del Darién, que ya la han atravesado en lo que va de año más de 216.000 migrantes, la mayoría venezolanos, mientras que en todo 2023 fueron más de 520.000, una cifra inédita, según datos oficiales de Panamá.
Para reducir este flujo, desde el pasado 3 de julio Panamá ha cercado progresivamente con «barreras perimetrales» (vallas de alambre con púas) unos 4,7 kilómetros en el Darién, donde había al menos cinco pasos no autorizados o trochas, para «canalizar» el flujo de los migrantes a través de un «corredor humanitario».
A la espera de datos comparativos de todo el mes de julio con respecto al mes anterior, las autoridades panameñas aseguran que tras esas medidas se ha percibido ya una reducción del número de transeúntes.
El director general del Servicio Nacional de Migración, Roger Mojica Rivera, aseguró recientemente que su política migratoria se guía por los principios internacionales de una migración segura, ordenada y regular, «y es claro que el tránsito de migrantes por la selva darienita no es seguro, ni ordenado y tampoco regular».
Darién es una selva que hace de frontera natural entre Panamá y Colombia, con 266 kilómetros de longitud. Atravesada por los migrantes en su camino hacia Norteamérica, allí se enfrentan a menudo a peligros como la crecida repentina de ríos o los ataques de animales salvajes o de grupos armados, que cobran a los migrantes por el paso o les roban, siendo en ocasiones además víctimas de abusos sexuales.
Washington / EFE
