La asamblea legislativa de Guyana modificó la ley que rige la aviación en el país. Los cambios introducidos permitirán interceptar aeronaves que sobrevuelen el espacio aéreo ilegalmente y la creación de «una zona de exclusión aérea».
Este anunció que se hizo este sábado, con 65 votos a favor, se produce después de que Venezuela desplegara la víspera «patrullas aéreas» luego de que Estados Unidos anunciara el jueves el sobrevuelo de dos aviones de la Marina en Georgetown, la capital de Guyana -país con el que Venezuela mantiene una disputa territorial-, y sus alrededores.
«Estamos mirando al futuro y tenemos que ser capaces de poner en marcha este tipo de acciones», declaró en un comunicado Juan Edghill, ministro guyanés de obras públicas, encargado del sector de la aviación.
A su juicio, «se han producido movimientos descarados en el frente occidental, con Venezuela cada vez más pomposa en su reclamación de dos tercios del territorio guyanés».
«Guyana ha reforzado la cooperación en materia de defensa con sus aliados, incluido Estados Unidos. Precisamente el jueves, dos aviones de la Marina estadounidense, F/A-18F Super Hornets, sobrevolaron Georgetown», añadió Edghill.
El proyecto de ley, que deberá ser firmado por el presidente de Guyana, Irfaan Ali, establece que «el piloto al mando de cualquier aeronave, cuando sobrevuele el territorio de Guyana, deberá acatar cualquier señal de clasificación, orden de interceptación o maniobra» que indiquen las autoridades guyanesas.
Además, el nuevo proyecto de ley establece que Guyana se reservará el derecho a restringir o prohibir que una aeronave de otro Estado sobrevuele determinadas zonas de su territorio.
Venezuela defiende el Acuerdo de 1966 como instrumento jurídico para resolver la disputa sobre el Esequibo, una región selvática de 160 mil kilómetros cuadrados administrada por Guyana, rica en petróleo, oro y diamantes, entre otros minerales y piedras preciosas.
Sin embargo, Guyana se basa en el laudo arbitral de 1899 y apuesta por resolver el conflicto territorial a través del proceso abierto en la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
Georgetown / EFE
