La licencia otorgada por la administración de Joe Biden a la transnacional Chevrón para la extracción y venta de crudo venezolano, no ha dejado de generar dudas en relación al alcance y beneficios que, en el corto plazo, le pueda generar al país.
Pero más allá del impacto inicial en el volumen de producción -que todos los analistas coinciden que será limitado-, el verdadero interés del Ejecutivo nacional es que este sea el primer paso para una creciente participación en el mercado petrolero mundial.
Algo que quedó patente el pasado viernes 2 de diciembre, cuando se materializó la firma de acuerdos entre Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y Chevron, representadas por el ministro del sector, Tareck El Aisami, y el presidente de la compañía estadounidense en Venezuela, Javier La Rosa.
En ese momento, El Aisami hizo un llamado a producir crudo para “contribuir a la demanda que hoy el mundo clama”.
Pero para ello, antes hay que sortear varios obstáculos. Francisco J. Monaldi, director del Programa Latinoamericano de Energía del Instituto Baker, en la Universidad de Rice, en Texas, advierte que dentro de la Licencia General de Venezuela Nº 41, publicada el 26 de noviembre por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de EE.UU., existen dos aspectos restrictivos a tomar en cuenta.
El primero es la prohibición que pesa sobre Chevron de pagar cualquier impuesto o regalía al gobierno de Venezuela o a cualquier entidad propiedad de Pdvsa. El segundo punto que destaca Monaldi, es que Chevrón sólo podrá exportar crudo venezolano a EE. UU. -dejando fuera a naciones de Europa y el resto del mundo.
No obstante, el experto advierte que, si en un primer momento, estas parecen limitantes importantes, lo cierto es que forma parte de una negociación en curso y que “lo más probable es que puedan seguir flexibilizándose” en la Mesa de Dialogo de México, instalada nuevamente días atrás.
Pero aún más. Para Monaldi el gobierno de Maduro ya está ganando con el hecho de que una transnacional como Chevrón vuelva a hacer inversiones en proyectos de la Faja Petrolífera del Orinoco.
Adicionalmente, otra ventaja es que Venezuela ya no estaría vendiendo su crudo con descuentos a naciones asiáticas -como ha venido haciendo a raíz de las sanciones impuestas por EE. UU.
“El precio al que se vendería el barril de crudo en Estados Unidos sería mucho más elevado. Estaría en el rango de los $70, y no los $40 o $50 que está obteniendo por el lado de Asia. Y aunque ese dinero no pueda fluir hoy directamente al gobierno de Nicolás Maduro, claramente se están generando inversiones y se está pagando la deuda que tiene el Estado con Chevrón”, agregó Monaldi durante una entrevista al canal VPItv.
Según la firma consultora Ecoanalítica, las sanciones financieras aplicadas por EE. UU. desde 2017 y que se incrementaron entre 2019 y 2020 ahuyentaron a las empresas mixtas con capital extranjero en Venezuela, las cuales llegaron a aportar 60% de la producción del país.
En julio de 2019, los efectos de las agudas sanciones -sumados a años de corrupción y malos manejos administrativos-, llevaron la extracción a un promedio de 392 mil barriles diarios de petróleo, la cifra más baja desde 1934. Incluso, la actual producción no es ni la tercera parte de los más de 2 millones 500 mil barriles que producía Venezuela en enero del 2016.
Lo cierto es que el regreso de estas compañías podría ser vital para el comienzo de una recuperación real.
En el caso de Chevrón reactivará su participación en cuatro proyectos mixtos: Petroboscán y Petroindependiente, en la cuenca del Lago de Maracaibo; y Petropiar y Petroindependencia en la Faja Petrolífera del Orinoco.
En enero de 2014, cuando el presidente Maduro aún no cumplía un año en el gobierno, Kelly Hartshorn, presidenta de Chevron para América Latina, realizó su primera visita al campo Huyapari, en la División Ayacucho de la Faja Petrolífera del Orinoco, donde se desarrollaba la producción de Petropiar.
“Nos sentimos orgullosos de los resultados obtenidos y ser socios de una empresa como Petropiar”, dijo Hartshorn.
Con una distribución de capital de 70% Pdvsa y 30% de Chevron, Petropiar poseía en aquel entonces de 507 pozos activos en 45 macollas y una producción promedio de 158 MBD. La actividad consistía en extraer un crudo extrapesado de 8º API, para mezclarlo con un diluente entre 48º y 54º API y transportarlo hasta al Complejo Industrial José Antonio Anzoátegui, mejorarlo y comercializarlo en el mercado internacional.
Tras la aplicación de las sanciones que impidieron las actividades de Chevrón en 2020 - no se permitían las labores de extracción ni venta de crudo, dejando sólo funciones administrativas casi reducidas a cero-, la trasnacional se dedicó a hacer lobby frente a funcionarios de EE.UU. para suavizar las medidas de restricción comercial contra Venezuela.
Según fuentes extraoficiales, Chevrón y la española Repsol fueron dos de las que más invirtieron en las labores de cabildeo en Washington.
La flexibilización de las sanciones petroleras contra Venezuela, -condicionada al reinicio del diálogo entre el Gobierno y la oposición- llevaba más de un año cocinándose en el escenario geopolítico mundial.
La reactivación del diálogo en México el pasado 26 de noviembre y en paralelo, la licencia otorgada por la Casa Blanca a Chevrón, no fue algo que tomara por sorpresa a nadie.
Ya en mayo la Casa Blanca había dado autorización a Chevron, para sentarse a hablar con el Ejecutivo y negociar los términos de futuras posibles actividades con Pdvsa. Posteriormente, el 27 de junio durante la cumbre del G7, realizada en Alemania, Francia solicitó que el petróleo iraní y venezolano volvieran a estar disponible para el comercio mundial, con el propósito de estabilizar los precios de los hidrocarburos, afectados desde finales de febrero por la guerra con Ucrania.
Por otro lado, según reportaron agencias internacionales, el Departamento de Estado de los EE.UU., autorizó en mayo a la italiana ENI y a Repsol a restablecer parcialmente vínculos comerciales y enviar hidrocarburos venezolanos a sus respectivas naciones, como una forma de compensar el vacío que dejó el suministro de hidrocarburos rusos luego de la guerra con Ucrania. En junio se hablaba de que esa medida sólo traería como ventaja para Pdvsa la amortización de la deuda impaga con estas empresas, así como de dividendos pendientes.
ENI está aliada con Pdvsa a través de la empresa mixta Petrosucre, en la cual posee una participación de 26 %; en la Petrolera Güiria 19,5 %, Petrojunin 40 % y Petrobicentenario 40 %. Mientras Repsol, está en Petroquiriquire con 40% y en Petrocarabobo con 11 %.
De esta forma, Chevron parece ser la punta de lanza no sólo para la entrada de distintas transnacionales que desde ya están haciendo fila para ingresar al país, sino para que el gobierno de Maduro logre a mediano plazo mayor flexibilización de las sanciones, y con ellos un mayor flujo de caja para el país. Todo ello condicionado al otorgamiento de garantías electorales para 2024, dentro de las negociaciones que se siguen en la Mesa de Diálogo de México.
Caracas / Rodolfo Baptista
