Para el abogado, profesor universitario y experto en criminalística, la salida pacífica a la crisis en Venezuela está plasmada en la Constitución. Ante la violación sistemática de “tantos” de sus artículos por parte del Gobierno, sugiere acciones más contundentes de la comunidad internacional. Asegura que “en algún momento la Corte Penal Internacional (CPI) tendrá que actuar”.
–Tras el intercambio de los siete detenidos estadounidenses por los sobrinos de Cilia Flores, ¿cómo queda la justicia en Venezuela?
–Que los detenidos norteamericanos fueran liberados por negociación del Ejecutivo Nacional que controla Maduro, te habla del estado de la justicia en Venezuela.
–¿Y la de Estados Unidos?... dicen que este caso marca el fin de la independencia del sistema judicial de ese país.
–En el caso norteamericano entiendo que se guardaron las formas; fue una medida de gracia de Biden, una especie de indulto contemplado en la legislación de EE.UU.
–¿Cree usted que los detenidos norteamericanos fueron, como dijo Biden, “injustamente detenidos”?
–Sí, creo que los detuvieron precisamente para tenerlos como moneda de cambio. Lo peor es que a los pocos días del canje detuvieron a otro norteamericano en Apure.
–¿Se efectuará otra “negociación” que libere a Alex Saab?
–Los americanos han dicho que eso nunca ocurrirá, pero como dice el Quijote: “cosas veredes, Sancho”.
–Mientras, ¿qué se podría esperar del tercer informe de la ONU sobre crímenes de lesa humanidad y de los DDHH en el Arco Minero del Orinoco, cometidos por el gobierno venezolano?
–El informe refleja, entre otros aspectos, las atrocidades del crimen organizado en el Arco Minero. Los informes de este tipo están bien y quedan para la historia, pero se necesitan acciones más contundentes de la comunidad internacional.
–¿Han cedido las presiones de la CPI?
–En parte sí, porque han tratado de guardar ciertas formas, imponiendo algunas condenas a violadores de DDHH, aunque la mayoría muy leves. Pero no van por la cadena de mando, los que dan las órdenes. En algún momento la CPI tendrá que actuar.
–¿Por qué el presidente Joe Biden adoptó la medida de deportar a migrantes venezolanos?
–Emigrar a cualquier país de América Latina es hoy como cambiar de camarote en el Titanic. Por eso los venezolanos ahora buscan a EE. UU. y el gobierno de Biden actúa en consecuencia, pero la mayoría seguirá entrando por los caminos verdes, como lo han hecho los mexicanos por décadas.
–¿Qué son hoy las negociaciones entre Gobierno y oposición?
–El cuento de nunca acabar.
–Especialistas denuncian que en Venezuela rige una dictadura judicial. ¿Cómo enfrentar estas dictaduras?
–Como se enfrentan todas las demás, pero no es fácil.
–¿El golpe judicial más artero de los últimos tiempos?
–Creo que la detención de la jueza Afiuni marcó un antes y un después en el control del Poder Judicial.
–¿Hay que reformar la Ley del sistema judicial?
–Hay que adaptar algunas leyes, pero el problema del sistema de justicia en Venezuela no es legal, se trata de un secuestro político.
–¿Una nostalgia judicial?
–Jueces y fiscales independientes, a pesar de las fallas que existían.
–¿El colmo de la impunidad?
–Los que le restriegan su riqueza en la cara a los venezolanos de a pie, después de haber saqueado a un país.
–¿Es ciega y sorda la justicia en Venezuela?
–Sí, como la canción de Shakira. Ciega, sorda y habría que agregar, corrupta.
–¿Qué ha pasado con la Ley de Amnistía?
–Han existido varías leyes de amnistía en el pasado, pero luego viene el efecto “puerta giratoria”, y los calabozos se vuelven a llenar de presos políticos.
–¿El artículo constitucional más violado?
–Son tantos. Para mencionarte uno, podría ser el 272, que obliga a la descentralización de las cárceles y en vez de eso crearon un Ministerio.
De perfil
Luis Izquiel Bermúdez es abogado egresado de la Universidad Central de Venezuela (UCV). Se especializó en ciencias penales y criminológicas. Es profesor de criminología en la máxima casa de estudios. También ejerció la docencia en las universidades Santa María (USM) y Monteávila (UMA). Redactó la Ley de Regulación de la Telefonía Celular y la Internet en el Interior de los Recintos Penitenciarios, entre otros proyectos de ley. Es experto en seguridad ciudadana; miembro de la Comisión Nacional de Seguridad de Fedecámaras y del equipo que elaboró el Plan País de Seguridad Ciudadana. Asesoró a las comisiones de Política Interior y de Justicia y Paz. Es coautor del libro “Revolución de la Muerte, 20 años de Crimen Violencia e Impunidad en Venezuela”.
Barrotes institucionales
–Pese al artículo 214 de la Constitución, el régimen no libera a los 400 presos políticos…
–A veces liberan a unos y luego detienen a otros. Esto no es un tema legal, los presos políticos son una necesidad para el régimen imperante.
–¿Qué le falta a un preso político para llegar a ser un político preso?
–Es solo un juego de palabras. En realidad, los presos políticos son víctimas de atropellos del poder, con fachada judicial.
–¿Quién debería controlar al TSJ?
–La justicia y la ley.
–¿Al fiscal?
–Lo mismo.
–¿Y al contralor?
–La Constitución, las leyes del país.
–¿Vale la pena denunciar en Venezuela?
–Las estadísticas demuestran que cerca del 75% de los venezolanos piensa que no. Lamentable.
–¿Son interpelados los funcionarios públicos?
–Ahora no, prácticamente no hay Asamblea Nacional. Cuando la controlaba la oposición, no iban.
–¿Entre el Poder Judicial de la democracia y el de la “revolución”?
–El de la democracia, pero espero que el que venga después de esta catástrofe sea el mejor de la historia para los venezolanos.
–¿Da pena el Derecho Penal?
–Pena dan los que lo pisotean.
–¿Qué será de las ONG ante las amenazas del Gobierno?
–Espero que sigan existiendo y trabajando, a pesar de los peligros y dificultades, de lo contrario la gente común sería la perjudicada.
–¿Incentiva la delincuencia el populismo?
–Para muestra ve lo que ha ocurrido con la inseguridad en el país en los últimos 23 años.
–¿Penaría por igual a un delincuente y al juez que lo libera?
–Si la liberación fue producto de un acto de corrupción, sí.
–¿Qué puede hacer un juez honesto en este país?
–¿Migrar?
–¿Garantizan la Fanb la paz?
–La paz de los que están en el poder.
–¿Un temor?
–Que esto dure muchos más años y que continúe la migración, la pobreza y etcéteras...
–¿Una esperanza?
–Que el pueblo despierte en 2024 o cuando hagan las presidenciales. Que la gran mayoría entienda que el poder para el cambio y un país mejor está en sus manos.
–¿La salida constitucional?
–La salida pacífica a esta catástrofe está plasmada en varios artículos del texto constitucional.
Caracas / Jolguer Rodríguez Costa
