El Gobierno de Brasil pidió a la Corte Suprema que suspenda la medida dictada por la administración regional de Roraima, estado en la frontera con Venezuela, que restringe el acceso de los inmigrantes y refugiados venezolanos a servicios como la salud y la educación
La suspensión de la norma fue solicitada por la Abogacía General de la Unión (AGU), considerando que Brasil, como signatario de diversos tratados y acuerdos internacionales que garantizan principios y derechos a los extranjeros, tiene la obligación de contribuir en la universalización de los derechos humanos.
El órgano de asesoría legal de la Presidencia considera las restricciones inconstitucionales por negarles derechos fundamentales a los inmigrantes aceptados por Brasil, como la humanidad y la dignidad.
Redacción
