La implosión que ha sufrido el liderazgo opositor en los últimos meses —que tuvo su clímax días atrás, con la petición del dirigente de Primero Justicia (PJ), Julio Borges, de dar por terminado el gobierno interino de Juan Guaidó—, plantea una oportunidad de reacomodo y un nuevo inicio para el antichavismo de cara al 2022.
Pero la eventual recomposición de las fuerzas que adversan al Gobierno, luego del acelerado desgaste del interinato en el último año, abre distintos frentes de acción que exigen prontas definiciones si desean obtener resultados en el mediano y largo plazo.
Según especialistas consultados por El Tiempo, los retos planteados en el horizonte inmediato exigen tomar decisiones en al menos cuatro puntos: el primero es la permanencia del interinato más allá del 5 de enero, cuando se cumplen tres años de su aparición; el segundo es la renovación de la conducción política y el papel de los nuevos y viejos liderazgos en la misma; en tercer lugar, el restablecimiento del diálogo en México y, por último, la pertinencia o no de la activación de un Referendo Revocatorio contra el jefe de Estado, Nicolás Maduro.
La magnitud de la tarea puede resultar desalentadora, si se atiende a la acentuada fragmentación que vive actualmente la oposición. Sin embargo, la imprevista alianza de toldas antichavistas en torno a la candidatura de Sergio Garrido por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), para las elecciones de gobernador que se realizarán en Barinas el 9 de enero, ha dado un soplo de aire fresco a la opción de renovación. Y es que más de 11 organizaciones partidistas —algunas de ellas con posiciones en apariencia irreconciliables—, han mostrado su intención de unir fuerzas para enfrentar al candidato del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Jorge Arreaza, dando a entender que aún es posible conciliar posiciones en las disminuidas filas de la dirigencia antichavista.
La permanencia del gobierno interino ha sido debatida en los últimos meses no sólo por factores políticos sino por juristas y especialistas. Pero en este punto, el tiempo para llegar a un acuerdo se agota aceleradamente.
La Comisión Delegada Legislativa —instancia conformada por diputados de la AN del 2015, que funciona desde hace un año en forma paralela al parlamento oficialista—, aprobó el 26 de diciembre de 2020 la extensión de la gestión de Guaidó hasta el 5 de enero de 2022, a través de la Reforma de la Ley del Estatuto que rige la Transición a la Democracia.
Esta semana, el expresidente de la Federación Interamericana de Abogados y diputado de la AN 2015, Rafael Veloz, propuso, junto con el Frente Amplio de Profesionales, una nueva reforma al estatuto para alargar el interinato hasta el 2025. La iniciativa se sustenta en el supuesto vacío constitucional en que se encontraría el país luego de la “fraudulenta elección presidencial” de 2018, y en los artículos 233 y 350 de la Carta Magna.
El politólogo Raniero Cassoni considera necesaria la revisión a los temas de corrupción —en el manejo de activos en el exterior como Monómeros y Citgo—, que han incidido directamente en la credibilidad del interinato. “Hay una crítica interna en cuanto al manejo que se ha venido dando de recursos, y posibles temas de corrupción, y que pueden terminar siendo un debate en función de ver cuál es ese rol que se ha tenido. Es eso lo que ha podido incidir en la ausencia o la poca credibilidad que tiene hoy en día Guaidó”.
Más allá de la extensión de su funcionamiento, la cuestión en la acera opositora se centra en este momento en cómo reformular la figura del interinato, sin sacrificar el apoyo internacional que aún ostenta y que sigue siendo vital para la oposición.
El doctor en ciencias políticas Daniel Santolo cree que Estados Unidos mantendrá el apoyo al interinato, “ya que, pese a estar cambiando un poco la tónica, insiste en respaldar un gobierno paralelo que aún maneja una cartera de recursos”.
Mientras, el politólogo y expresidente de Fevecipol, Enderson Sequera, considera que la continuidad del gobierno encargado se resolverá salomónicamente. “Se reducirá la estructura de Gobierno (embajadas y funcionarios) y se mantendrá la continuidad de la presidencia para asegurar la interlocución con la comunidad internacional (…) Esta solución, al menos para el 2022, permitirá una pequeña victoria para todos los factores; aquellos que apostaban por la continuidad total y a quienes demandaban cambios dentro de la plataforma”, dijo el especialista a través de la red social Twitter.
Las elecciones regionales del 21 de noviembre pusieron sobre el tapete otro de los temas a resolver durante 2022: la renovación del liderazgo opositor. Los resultados de la consulta en algunos estados plantearon la existencia de un nuevo mapa político en el que viejas y nuevas figuras se imponían a las fórmulas del llamado G4, plataforma hasta ahora dominante, conformada por Primero Justicia (PJ); el ala de Acción Democrática (AD) liderada por Henry Ramos Allup; la Voluntad Popular (VP) de Leopoldo López y Un Nuevo Tiempo (UNT).
La aparición de toldas como Fuerza Vecinal y la Alianza Lápiz —sobre todo en Caracas y Miranda— y el triunfo de tres gobernadores de la vieja guardia —Morel Rodríguez, Manuel Rosales y Alberto Galíndez en Nueva Esparta, Zulia y Cojedes, respectivamente— apuntaban a un escenario que, a futuro, obligaría a impulsar un entendimiento.
A estos factores se suma la Alianza Democrática —agrupaciones antichavistas con representación en la Asamblea Nacional (AN), como Avanzada Progresista, de Henri Falcón; El Cambio, de Javier Bertucci; Cambiemos, de Timoteo Zambrano, y el grupo de las juntas ad hoc designadas por el TSJ tras la intervención de AD, Copei y VP—. Voceros del G4 como el propio Guaidó, Freddy Guevara y Ramos Allup, han sido tajantes en no aceptar el respaldo de dirigentes que se prestaron a “robar” los símbolos y tarjetas de organizaciones opositoras, con el aval del Gobierno.
El consultor político David Rico considera que el actual “terremoto político” en la oposición debe permitir un reacomodo desde sus cimientos. “Internamente, la oposición tiene las herramientas para llegar a un acuerdo que permita nuevamente la recomposición, reunificación y reestructuración, que son tan necesarias en este momento”.
Rico cree necesario, de una manera clara, eliminar las descalificaciones y buscar la fórmula de la conciliación entre los factores opositores. Asegura que, más allá de escoger a un líder que represente a la oposición como movimiento, se hace necesario tener una propuesta firme.
“Se trata de definir un proyecto de país que incluya a todos los venezolanos realmente; (…) Un liderazgo, más allá de ser una cabeza o una persona, tiene que ser un proyecto que reagrupe y vuelva a generar confianza, interés y, sobre todo, la esperanza de que en verdad se va a lograr la salida democrática”.
Santolo aclara que ese “reacomodo opositor” no será una tarea sencilla, “porque lamentablemente vienen de fracaso en fracaso. Son años con una política equivocada y acá tienen unos claros resultados”.
Sin embargo, opina que 2022 sería un año interesante porque actualmente ningún grupo puede decir que es mayoría. “La gente respaldó electoralmente a casi 125 alcaldes de la oposición; por cierto, muy variados”.
Otro de los temas puestos en la agenda de debates para el 2022 es el del Revocatorio. El próximo 10 de enero, un día después de las elecciones para gobernador en Barinas, será la fecha que marque la mitad del mandato del presidente Maduro, y con ello, los grupos que quieran promover el referendo en su contra podrán introducir los recaudos correspondientes para activarlo.
El vocero del Movimiento de Venezolanos por el Revocatorio (Mover), Nicmer Evans, ha impulsado durante todo el 2021 la iniciativa revocatoria, y confía en la posibilidad de que llegue a buen puerto. Según Evans, luego de las elecciones del 21-N, todas las organizaciones no oficialistas acumularon 4,6 millones de votos.
Según el artículo 72 de la Constitución Bolivariana, se requiere “un número no menor del veinte por ciento de los electores o electoras inscritos en la correspondiente circunscripción” para solicitar la convocatoria a un referendo. En este caso, se necesitarían 4,23 millones de firmas para dar luz verde al procedimiento. Luego de esto, se necesitarían 6,3 millones de votos para concretar la revocatoria de mandato, esto es, según Evans, 1,7 millones de sufragios más de lo obtenido por el antichavismo en las regionales. Evans considera esta meta posible de lograr -si se motiva a los electores que se abstuvieron de acudir a las urnas en noviembre.
Santolo por su parte, cree que el referendo es una opción con la que “no (se) irá a ninguna parte, y sería una pérdida de tiempo”. “Debemos reconstruir la oposición, organizando alrededor de nuevos liderazgos y no perder el tiempo en una pelea innecesaria con un Gobierno que tiene todas las de ganar”.
Sequera opina que este es un camino lleno de obstáculos para la oposición. Sin embargo, a su juicio, no representa un debate menor en la trinchera del antichavismo. De hecho, el Embajador de Estados Unidos para Venezuela, James Story, señaló en mayo de 2021 que la administración Biden estaría dispuesta a apoyar un referendo, una postura que zanjaría la diatriba sobre la legitimidad del mismo —algunos sectores argumentan que si Maduro está en condición de ilegitimidad en el cargo, no tendría sentido un revocatorio presidencial, desde el punto de vista legal.
“Si se quiere sacar algo positivo del revocatorio, que con toda probabilidad va a ser vetado por el chavismo, este podría usarse para llevar a la negociación en México”, señaló Sequera.
De cualquier modo, no es poca la tarea que tiene por delante la oposición para 2022. Pero, a pesar de las posturas pesimistas, aún existe un margen importante de maniobra que podría abrir más caminos a largo plazo, siempre y cuando se logren conciliar posiciones.
Caracas / Rodolfo Baptista / Rafael Arias
