El presidente chileno Sebastián Piñera anunció el miércoles la cancelación de las cumbres del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (Apec) y mundial del clima que se iban a celebrar en noviembre y diciembre, debido a la crisis social y las protestas que han sacudido al país.
“Esta ha sido una decisión muy difícil que nos causa mucho dolor”, dijo Piñera en un mensaje grabado y difundido por televisión.
Agregó que “un presidente siempre tiene que poner por delante las necesidades de sus compatriotas”.
La cumbre de la Apec iba a tener lugar el 16 y 17 de noviembre, mientras que la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP25) iba a celebrarse entre el 2 y 13 de diciembre.
Sara Larraín, titular de la organización no gubernamental Chile Sustentable, lamentó la suspensión de la COP25 “porque obviamente es una dificultad más para las difíciles negociaciones climáticas internacionales. Pero por otro lado, comprendemos y reconocemos que en Chile no hay respeto por los derechos humanos para que el personal y los delegados extranjeros vengan a una reunión tan larga, de casi dos semanas, en una ciudad como Santiago, que es la más convulsionada por la crisis social”.
Desde hace casi dos semanas miles de manifestantes se vuelcan a las calles en Chile en reclamo de mejoras sociales a pesar de la promesa del gobierno de entablar un diálogo ciudadano, un cambio de gabinete dispuesto por el presidente Piñera y la marcha atrás de algunas medidas que desataron las movilizaciones.
Las protestas comenzaron en rechazo al aumento del precio del metro, siguieron con generalizados ataques a farmacias, supermercados y al propio tren subterráneo -que quedó con menos de la mitad de sus estaciones habilitadas- hasta llegar a las multitudinarias manifestaciones que se viven a diario a lo largo del país.
Exigencias populares
Los manifestantes demandan mejores pensiones, salud y educación y rebajas en los servicios públicos, medicamentos, viviendas sociales e impuestos al patrimonio.
Piñera apostó por el cambio de ocho ministros, incluidos los más importantes como el del Interior -responsable del orden público- y el de Hacienda y ofreció pequeños incrementos a las pensiones más bajas y al salario mínimo, un alza en los impuestos a los que ganan más de 11.000 dólares mensuales, rebajas en los medicamentos y la electricidad y una disminución de los salarios de los parlamentarios, que oscilan entre los 27.000 y 44.000 dólares al mes.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos señaló en un informe que durante la vigencia del estado de sitio decretado por el gobierno hubo más de 3.100 detenidos y casi un millar de heridos.
Una misión de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU), la expresidenta chilena Michelle Bachelet, investiga las denuncias de violaciones durante la represión de las protestas.
Santiago / AP
