Tras años de luchas feministas, a principios de este año la Corte Constitucional de Colombia decidió despenalizar el aborto hasta la semana 24, en una decisión que puso al país de nuevo en la vanguardia latinoamericana, aunque 10 meses después sigue habiendo barreras en el acceso a este derecho.
El 21 de febrero centenares de mujeres se abrazaban, gritaban y lloraban a las puertas del Constitucional celebrando una decisión que los jueces llevaban aplazando semanas y que las trabas, las zancadillas y todos sus detractores amenazaban con que nunca se llegara a cumplir.
Desde ese día, las mujeres podían abortar libremente hasta la semana 24 y a partir de entonces regían las tres causales que estaban antes (violación o incesto, riesgo de la madre o malformación del feto). La Corte no sacó el delito del Código Penal pero amplió el derecho hasta un límite que no existe en muchos otros países.
Ahora "la implementación va a ser un desafío que nos va a tomar muchos años", reconoce a EFE la directora de la ONG Centro de Derechos Reproductivos, Catalina Martínez, que fue una de las impulsoras de la demanda ante la Corte.
Al menos 76 gestantes recurrieron entre el 22 de febrero y el 31 de mayo de este año a la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, a consecuencia de las trabas que estaban enfrentando a la hora de abortar, según el último balance publicado por el Movimiento Causa Justa.
La falta de información y reconocimiento del fallo de la Corte, la interpretación restrictiva de lo establecido y la ausencia de protocolos internos de atención en los institutos de salud se constituyen como los principales obstáculos que el documento identificó en materia de acceso al servicio.
"Se están incurriendo en demoras injustificadas y objeciones de conciencia ilegales", apunta Martínez al tiempo que denuncia casos de malos tratos en los centros médicos y peticiones irregulares de certificados clínicos innecesarios.
Bogotá / Con información de EFE
