Con temple militar, Venezuela no se detiene en su empeño de expulsar a mineros ilegales de la Amazonía, una tarea que el presidente Nicolás Maduro encomendó a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) con el propósito de "limpiar" esta zona, donde la degradación ambiental salta a la vista luego de años de explotación.
El plan de la llamada revolución bolivariana prevé expulsiones masivas de extractivistas en la porción amazónica de Venezuela, fronteriza con Brasil y Colombia, una iniciativa mediante la cual fueron desalojadas cerca de 8.000 personas el pasado mes de julio, a falta de otras 2.000 que, según el Gobierno, operan en esta selva.
Aunque los partes militares solo dan cuenta del "éxito" de estas evacuaciones, algunas autoridades del Ejecutivo y varias ONG han aportado datos sobre el alcance de los daños al ecosistema y la tensión que involucra la idea de despojar a miles de personas de su forma de subsistencia, a veces relacionada con bandas criminales.
El 1 de julio, una semana antes de que se reunieran en Colombia los ministros de Ambiente de los ocho países amazónicos, Venezuela comenzó a desalojar, por centenares, a personas que llevaban años viviendo de la minería ilegal, principalmente en el parque nacional Yapacana, habitado casi exclusivamente por comunidades indígenas.
El comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), Domingo Hernández Lárez, asegura que estas evacuaciones son "voluntarias", si bien las imágenes que él mismo comparte en las redes sociales muestran a decenas de militares, fusil en mano, llevando a los pobladores en embarcaciones rudimentarias.
Luego de numerosos reportes sobre el avance de los operativos, el Gobierno no ha explicado el destino de los desplazados, por lo que se desconoce si enfrentarán algún proceso penal o dónde fueron a parar una vez que los militares dejaron de escoltarlos.
Una organización humanitaria que opera en la zona aseguró a EFE que las autoridades rechazaron un ofrecimiento de asistencia, al argumentar que los mineros evacuados, entre ellos niños, "tienen sus necesidades cubiertas" y "no necesitan ser ayudados".
Al respecto, la organización no gubernamental Fundaredes aseguró que persisten las irregularidades en estos operativos, entre ellas "desapariciones forzadas" de personas, aunque sea durante algunas horas.
"Detrás de esos desalojos, siempre hemos detectado arbitrariedades por parte de los funcionarios hacia las personas", a quienes "no se les respeta su integridad física", explicó a EFE la ONG que insiste en denunciar la complicidad entre algunos militares y grupos irregulares para cometer desmanes" en la zona.
El Ministerio de Ecosocialismo (Ambiente) anunció recientemente un plan de reforestación para las zonas afectadas por la minería ilegal, especialmente por el uso de mercurio, una modalidad que ha degradado la calidad de los suelos y las aguas.
Sin embargo, la cartera de Estado, que prevé emplear plantas resistentes a la contaminación, ha dejado claro que no sembrará ningún árbol hasta que termine el plan de evacuaciones.
Mientras tanto, la ONG SOS Orinoco considera que las labores militares en la Amazonía venezolana son un "show mediático", porque basándose en imágenes satelitales, llama la atención sobre el hecho de que la deforestación por minería aurífera "avanza", incluso entre abril y julio, cuando la presencia militar se incrementó.
En redes sociales, esta organización ha publicado vídeos que muestran enfrentamientos, a gritos y empujones, entre miembros de la FANB y comunidades indígenas que se niegan a abandonar las cercanías de alguna mina, así como la continuidad de la extracción minera en suelos y ríos.
Al compendio de ONG y actores humanitarios que realizan labores en los estados de Amazonas y Bolívar les preocupa, entre otras cosas, la posibilidad de que se cometan atropellos en las evacuaciones o que las personas desplazadas no cuenten con recursos para subsistir, después de años viviendo de la minería ilegal.
Por su parte, el Gobierno, que se dice comprometido con la restauración amazónica, mantiene la cruzada contra los individuos que actúan al margen de la ley sin rendir cuentas sobre el Arco Minero del Orinoco, el programa de explotación de minerales que durante años le ha proporcionado dividendos y que, según ambientalistas, daña superlativamente el territorio.
Caracas / EFE
