El sistema educativo venezolano ha estado en rápido declive. En 2016, en medio de una crisis humanitaria nacional generalizada, los docentes comenzaron a abandonar la escuela debido a una drástica disminución de los salarios de los docentes. También hubo un aumento significativo en la tasa de deserción estudiantil.
Para agravar estas ya terribles circunstancias, el gobierno venezolano declaró una cuarentena nacional el 17 de marzo de 2020 y los estudiantes se vieron obligados a permanecer en casa, creando nuevas barreras para acceder a la educación.
En abril de 2020, el Ministerio de Educación anunció que las clases se impartirían con “métodos a distancia” durante el resto del año. Al final, las clases presenciales solo se reanudaron parcialmente a fines de octubre de 2021, luego de 19 meses de aprendizaje remoto.
Las precarias condiciones del sistema educativo antes de la pandemia del Covid-19, junto con los efectos de la pandemia, han dejado a Venezuela en una situación en la que la asistencia estudiantil continúa cayendo, y los docentes enormemente mal pagados continúan renunciando, y la calidad de la educación sigue peligrosamente baja. Estas circunstancias constituyen violaciones sistemáticas del derecho a la educación, ya que las autoridades continúan incumpliendo sus obligaciones en términos del derecho internacional.
Cuando la pandemia de COVID-19 golpeó a Venezuela, el país ya venía sufriendo una situación humanitaria que alcanzó proporciones de crisis impactaron severamente el sistema educativo.
En 2019, ONG locales, como PROVEA, y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), informaron un deterioro considerable de la infraestructura de las escuelas y escasez de servicios esenciales en las escuelas, como electricidad, agua potable y saneamiento.
Igualmente, a principios de 2018, las ONG locales informaron que el programa de alimentación escolar solo proporcionaba alimentos dos días a la semana. Se informó que este acceso limitado a los alimentos era insuficiente para garantizar una nutrición adecuada debido a la baja calidad de los alimentos proporcionados.
Para empeorar las cosas, en los años previos a la pandemia, varias ONG locales documentaron altos niveles de deserción escolar en las escuelas venezolanas, aunque no hay datos oficiales al respecto. Por ejemplo, la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida de 2019 y 2021 (Encovi) informó que la asistencia escolar de las personas de entre 3 y 24 años fue de alrededor del 70% en 2018 y 2019.
Además, la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida de 2018 encontró que solo el 50% de los estudiantes asistía a la escuela con regularidad. Las razones citadas para la ausencia escolar incluyeron la falta de (a) agua potable, electricidad o alimentos en sus hogares, (b) alimentos en sus escuelas y (c) transporte público para ir a la escuela.
En octubre de 2021, cuando se anunció un regreso parcial a las escuelas, algunos docentes denunciaron que el Gobierno no tomó medidas para implementar medidas de bioseguridad o reparar el prolongado deterioro de la infraestructura de las escuelas y la escasez de servicios esenciales, incluso en el marco los prolongados cierres escolares.
En general, creían que el regreso a la escuela no era seguro para los estudiantes y maestros. A principios de 2022, la situación era tal que el sindicato Formación de Dirigentes Sindicales (Fordisi) afirmó que hasta el 80% de las escuelas ni siquiera tenían acceso a los servicios de agua y electricidad.
Además, y quizás en parte como consecuencia del mal estado de las escuelas, un estudio dirigido por DEVTech Systems confirmó que la cantidad de estudiantes que asistían a la escuela había seguido disminuyendo de 7,71 millones en 2018 a solo 6,5 millones en 2021.
Hay varios factores que ayudan a explicar las barreras que enfrentaron los estudiantes venezolanos para acceder al aprendizaje remoto durante la pandemia.
En primer lugar, Venezuela tiene una de las velocidades de banda ancha más lentas del mundo y la penetración de Internet llega a menos del 40% de la población. El acceso a Internet también ha sido limitado debido a una tarifa mensual inasequible por el servicio de Internet.
En segundo lugar, la falta de mantenimiento de la red eléctrica, sumado al vandalismo a la misma, ha provocado apagones y esquemas de racionamiento eléctrico en varios puntos del país. En 2020 y 2021, Freedom House documentó varios apagones que “limitaron la conectividad en muchos estados [venezolanos]”. Los apagones afectan una variedad de problemas sociales, incluido el acceso a una educación de calidad a través de Internet.
En tercer lugar, también se limita el acceso a ordenadores, tabletas o móviles. A principios de 2021, la organización de análisis de políticas Anova calculó que el 70,5% de los hogares venezolanos no tenían computadora. Estos hallazgos fueron confirmados en la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 2021.
En cuarto lugar, los padres o tutores carecen de la experiencia o la formación académica para ayudar a los niños con actividades de aprendizaje en el hogar durante períodos prolongados de aprendizaje remoto.
Se estima que el 38,6% de los niños de 6 a 17 años viven con adultos que no se han graduado de la escuela secundaria. Además, el Gobierno no tomó medidas efectivas para mejorar el acceso a los servicios de Internet o proporcionar acceso generalizado a computadoras o tabletas.
Desde 2016, las condiciones laborales de los docentes en Venezuela han sido precarias, siendo los salarios extremadamente bajos un problema clave. A mediados de 2019, el Sindicato Venezolano de Maestros, denunció que un gran número de docentes habían renunciado porque sus salarios no alcanzaban ni para cubrir sus necesidades básicas.
Aunque no hay datos oficiales al respecto, la ONG FundaRedes ha estimado que hasta 100.000 maestros de escuelas públicas pueden haber renunciado solo en 2019. Algunos de ellos emigraron a otros países, mientras que otros decidieron dedicarse a trabajar en diferentes campos.
Durante la pandemia, el Ministerio de Educación siguió sin garantizar los aumentos salariales de los docentes necesarios. Como resultado, a principios de 2022, los docentes continuaron exigiendo un aumento en sus salarios o bonos en dólares.
La brecha entre sus salarios y el costo de vida sigue siendo evidente. Mientras un maestro del sector público gana solo alrededor de 10 dólares al mes, el costo de la canasta básica de alimentos para una familia de cinco personas rondaba los 365 dólares en febrero de 2022. Cabe destacar que, aprovechando el aprendizaje remoto, algunos maestros se vieron obligados a conseguir un trabajo adicional para cubrir sus necesidades básicas durante la pandemia.
Como consecuencia, no es de extrañar que los docentes hayan seguido renunciando desde el estallido de la pandemia de COVID-19. El Sindicato de Maestros de Venezuela, la Federación Venezolana de Maestros, afirmó que a principios de 2020, entre el 40%y el 50% de los docentes afiliados al sistema educativo habían abandonado su profesión debido a la inseguridad y lo bajo de los salarios.
De manera similar, otro Sindicato de Maestros de Venezuela, el Colegio de Profesores de Venezuela, indicó que solo hay la mitad de los muchos maestros que se necesitan en ciertas materias, incluidas matemáticas, física, biología e inglés.
Igualmente es preocupante que el Ministerio de Educación, en lugar de proporcionar aumentos salariales justificados, aparentemente haya tratado de abordar la escasez de maestros reemplazándolos con personal no calificado.
El mal estado del sistema educativo venezolano es evidencia de que el Estado venezolano está incumpliendo su obligación bajo el derecho internacional y los requisitos del derecho interno para garantizar el derecho a la educación. Este derecho no solo está consagrado en la Constitución venezolana (artículo 102), sino también en los tratados de derechos humanos de los que Venezuela es Estado parte, como la Convención sobre los Derechos del Niño (artículos 28 y 29) y el Pacto Internacional de Derechos Humanos. Derechos Económicos, Sociales y Culturales, PIDESC (Artículo 13).
En relación con la calidad de la educación, el Relator Especial del Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha subrayado que la educación de calidad incluye cuatro elementos clave: “(i) un nivel mínimo de adquisición de conocimientos, valores, habilidades y competencias por parte de los estudiantes; (ii) infraestructura escolar, instalaciones y ambiente adecuados; (iii) un cuerpo docente bien calificado; (iv) una escuela abierta a la participación de todos”.
En la misma línea, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU (Comité DESC), el órgano supervisor del PIDESC, ha subrayado que la aceptabilidad de la educación incluye currículos y métodos de enseñanza que sean “relevantes, culturalmente apropiados y de buena calidad”.
Con respecto a la infraestructura, el Comité DESC ha enfatizado que los Estados Partes deben tomar medidas para asegurar la disponibilidad de la educación, incluso asegurando la disponibilidad de “edificios u otra protección contra los elementos, instalaciones sanitarias para ambos sexos, agua potable segura, maestros capacitados que reciban educación y salarios competitivos a nivel”. También deben prever “facilidades de cómputo y tecnología de la información”, que necesariamente requieren acceso a energía eléctrica.
En la misma línea, la Relatora Especial sobre el Derecho a la Educación también ha enfatizado estos factores para el disfrute del derecho a la educación en el contexto específico del COVID-19, destacando la interdependencia e interrelación del derecho a la educación con otros derechos humanos, incluido el derecho al agua y al saneamiento.
El agua y el saneamiento son necesarios en las escuelas por diversas razones, entre ellas, para beber, preparar alimentos, el saneamiento personal y la higiene. Además, el Relator Especial ha subrayado la importancia de garantizar condiciones de trabajo justas a los docentes en el contexto de la pandemia, incluida una “remuneración justa”.
En el contexto de un sistema educativo ya en problemas, la pandemia de Covid-19 agravó el acceso a la educación en Venezuela. El acceso limitado a Internet y computadoras afectó gravemente la posibilidad de que miles de estudiantes venezolanos recibieran una educación de calidad a través del aprendizaje remoto.
El regreso a la escuela no se ha traducido en una solución a este problema: la infraestructura es precaria y los maestros siguen saliendo de las escuelas por los bajos salarios. Estas condiciones comprometen el acceso a una educación de calidad, hacen menos probable la asistencia de los niños, niñas y adolescentes y aumentan la probabilidad de que aumenten las tasas de deserción.
Las autoridades venezolanas tienen la obligación de tomar acciones contundentes, amplias, y urgentes desde hace mucho tiempo para garantizar el derecho a la educación. Esto requiere asignar el presupuesto necesario para mejorar significativamente la infraestructura de las escuelas y ofrecer salarios justos y beneficios sociales a los docentes.
Del mismo modo, las autoridades venezolanas deben garantizar que todas las escuelas adopten medidas sanitarias adecuadas, incluido el acceso a agua potable, instalaciones para lavarse las manos, baños funcionales, así como jabón y otros productos de limpieza, y garantizar el acceso a electricidad, computadoras y otras tecnologías de la información necesarias para una educación de calidad.
Finalmente, las autoridades deben analizar cuidadosamente el impacto tanto de la emergencia humanitaria en curso como de la pandemia de Covid-19 en el acceso a una educación de calidad, y diseñar e implementar estrategias para apoyar las brechas de aprendizaje ampliadas durante el cierre de las escuelas. Está en juego el futuro de una generación de niños venezolanos.
Caracas / Radio Fe y Alegríahttps://www.radiofeyalegrianoticias.com/venezuela-la-covid-19-arrasa-con-un-sistema-educativo-ya-en-crisis/
