El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela dio su validación para que la Asamblea Nacional (AN) someta a debate el proyecto de reforma parcial de la Ley contra el Odio.
A través de una sentencia de la Sala Constitucional publicada en su página web, el máximo tribunal declaró la conformidad constitucional de la propuesta regulatoria con el objetivo de que el Parlamento continúe formalmente el proceso legislativo para su discusión y posterior aprobación.
La iniciativa de modificación surge luego de que la mandataria encargada del país, Delcy Rodríguez, solicitara la revisión del texto ante la directiva de la AN, encabezada por su hermano Jorge Rodríguez. En dicha oportunidad, la funcionaria reconoció de manera pública que las autoridades locales habían aplicado de forma incorrecta y abusiva los preceptos de esta legislación, respaldando las advertencias formuladas durante años por organizaciones de derechos humanos y sectores de la oposición.
La denominada Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia fue dictada en noviembre de 2017 por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), un órgano instaurado en medio de la severa crisis política de ese año y que operó en paralelo al Parlamento electo.
Esta norma contempla sanciones penales de hasta 20 años de prisión para quienes incurran en los catalogados delitos de odio, un marco punitivo severamente cuestionado por Organizaciones No Gubertamentales (ONG) como Espacio Público debido a las restricciones que impone a las libertades fundamentales.
Caracas / Redacción Web
De acuerdo con los registros más recientes de la organización Foro Penal, al menos 927 personas han sido acusadas formalmente bajo el cargo de incitación al odio desde la entrada en vigencia del texto legal en 2017. A pesar de la decisión emitida por la Sala Constitucional para dar paso al debate parlamentario, múltiples activistas y defensores de derechos humanos insisten en que la medida idónea no es la modificación parcial de la ley, sino su derogación definitiva del ordenamiento jurídico venezolano.
