La discusión pública en torno a las sanciones impuestas a la economía venezolana acaba por convertirse en un fuego cruzado entre quienes proponen su remoción y aquellos que defienden su permanencia.
Ya han transcurrido cinco años desde el primer paquete de sanciones financieras contra el gobierno de Nicolás Maduro y la Petróleos de Venezuela (Pdvsa). Estas primeras medidas prohibían la emisión de deuda y bonos por parte de la estatal.
Desde entonces, el chavismo ha sufrido diferentes etapas de presión. El mayor punto llegó en 2019, cuando Estados Unidos reconoció a Juan Guaidó como presidente interino y prohibió a empresas estadounidenses cualquier negocio con Pdvsa o cualquier otra estatal bajo la administración de Maduro.
Con el transcurrir de los años, la economía venezolana no ha hecho más que retroceder. Con o sin sanciones, las políticas de Maduro provocaron una contracción económica sin precedentes en la historia del país.
Según datos del Fondo Monetario Internacional (FMI), para 2013, cuando Maduro asumió las riendas del país, el producto interno bruto (PIB) de Venezuela era de 258.993 millones de dólares. Para el cierre de 2018, antes de que se aplicaran las sanciones más pesadas bajo la política de «máxima presión», el PIB se estimaba en 98.400 millones de dólares.
Es decir, entre 2013 y 2018, sin el peso de las sanciones de Estados Unidos, el PIB de Venezuela se contrajo en un 62%. En cinco años se perdió más de la mitad del tamaño de la economía venezolana. Esto se traduce en que la caída no responde a la aplicación de sanciones desde el extranjero, sino a las políticas económicas del chavismo.
No obstante, la responsabilidad directa del chavismo en la caída de la economía no significa que las sanciones no tuviesen impacto. Las medidas de Estados Unidos han impuesto condiciones aún más complejas para la economía venezolana, que acabaron por afectar a la población y contribuir con la crisis humanitaria compleja que padece el país.
Analistas como la economista Tamara Herrera, directora de la consultora Síntesis Financiera, han advertido durante años el peso del «sobrecumplimiento» de las sanciones, bajo el argumento de que exceden sus motivaciones iniciales y provocan daños colaterales que afectan a la población del país.
Ella y otros 24 actores de la sociedad civil, principalmente expertos en el área de la economía, firmaron una carta enviada al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, con la solicitud de que las sanciones sean flexibilizadas y el diálogo político siga su curso para canalizar ayuda humanitaria y poner fin a la crisis del país.
La carta colocó el tema una vez más en la palestra pública y las discusiones sobre la pertinencia de las sanciones se apoderaron de la escena. El pasado martes 17 de mayo se reveló que Washington estaría preparado para dar luz verde a una flexibilización parcial de las sanciones petroleras con el visto bueno de la oposición que inicialmente fustigó la misiva de «los 25».
Con este panorama, Herrera disecciona la carta en una entrevista para TalCual. Explica las motivaciones para firmarla, los problemas que desatan las sanciones y las posibles consecuencias de una flexibilización.
—¿Cómo surge la iniciativa y su intención de firmar la carta? ¿Colaboró en la redacción del documento?
—Yo fui invitada a firmar una carta abierta. Vi que predominaban muchas cosas con las cuales estoy completamente de acuerdo. Quizás si yo hubiese hecho la carta habría establecido otro orden u otra prioridad.
Es una carta que apunta a las áreas donde eventualmente podrían producirse decisiones con más rapidez, en vista de las conversaciones y estudios que se adelantan sobre la posibilidad de que se abra espacio para la venta de petróleo, que se pueda proveer ayuda humanitaria.
Es una necesidad que las sanciones se remuevan. Es muy perjudicial que se mantenga un statu quo como el que se mantuvo contra Cuba, con motivaciones que nunca alcanzaron objetivos.
—Usted ha insistido en los problemas que traería el sobrecumplimiento de las sanciones ¿Cuándo hablamos realmente de sobrecumplimiento? ¿Cuándo las sanciones se convierten en un problema?
—En mi opinión, el avance que tuvieron las sanciones desde un aspecto táctico y comunicacional, se aceleró sin seguir un objetivo político. Fue una estrategia en la que la política exterior hacia Venezuela estaba subordinada, en momentos tácticos, a una campaña electoral en Estados Unidos. Esa no es una política de sanciones que mantenga un norte.
Me parece un irrespeto poner el destino de un país subordinado a una estrategia electoral coyuntural o porque hay un estado clave (Florida) en Estados Unidos donde es crucial mantener una determinada fortaleza.
Las sanciones comprenden un espacio de la diplomacia que tiene que manejarse con muchísima experticia. Pasos que das, pasos que mides, consecuencias, logros, colaterales. Prácticamente no existe sanción que no tenga daños o eventualmente beneficios colaterales.
Para quienes imponen esas medidas, parte de los colaterales son instrumento de presión. Ahí es donde creo que se piensa que la presión y el deterioro económico que provoca quitarle a un país el acceso a una porción importantísima de sus ingresos iba a producir daños en la economía, de la situación de la población y que propiciaría movimientos políticos que indujeran un cambio de Gobierno.
—Se hizo énfasis en que el Gobierno debe reconocer que los acuerdos no pueden centrarse únicamente en lo económico ¿La flexibilización de las sanciones pasa obligatoriamente por acordar garantías políticas y humanitarias? ¿Deben negociarse estas condiciones?
—Creo que es un punto que se dejó implícito. Entre los firmantes hay personas que han dedicado su vida entera, asumiendo riesgos, a la mejora de las condiciones humanitarias que fueron perjudicadas en los años del Gobierno anterior.
Cuando aceleras a cierto punto las sanciones, pueden agravarse mucho más. Hablo de las sanciones generales, pero las individuales también tienen sus bemoles, porque si terminas de acorralar a la gente que controla un país, lo único que motivas es su permanencia, y no buscas ninguna grieta de salida o alivio de negociación. Son formas que más bien van estrechando el espacio de acuerdo.
Si ya llegaste a un lugar donde, si quieres aumentar la presión, tienes que aplicar medidas realmente duras, con efectos colaterales superiores a los que ya hemos sobrellevado, estás en un error y te toca empezar a aplicar las sanciones con una opción de alivio.
Creo que es momento de entrar en ese territorio. Hay que activar las sanciones como mecanismo de negociación y creo que el espacio de negociación más importante y serio que pudiera darse es el de México. Esa es una razón fundamental para firmar ese acuerdo.
—Uno de los argumentos comunes entre los críticos de la misiva es la administración de un mayor flujo de dinero. ¿Cómo garantizar el uso adecuado de recursos de, por ejemplo, una Pdvsa que produzca más?
—El argumento de quienes se oponen al alivio de las sanciones es que no podemos darle dinero a Maduro ni al Gobierno porque sobran las pruebas de corrupción, porque se roban todo. Para mí, es un argumento extremo.
El gobierno está interesado en que las cosas mejoren. Quieren mejorar su popularidad, y lo va a hacer con o sin sanciones.
Debe producirse una negociación donde se obligue y asegure un mecanismo debidamente supervisado, que garantice un flujo de dinero que vaya dirigido a la solución del problema humanitario. No debe caer en manos del Gobierno o allegados que toman tajadas enormes en estos procesos.
Pensar que ahora el dinero va a entrar y no se va a hacer nada con él, me parece una exageración. No creo que desaparezcan los depredadores, pero queda de parte de la sociedad el esfuerzo del monitoreo. Para eso, cualquier flexibilización de las sanciones debe ser muy difundida, explícita y monitoreada.
—La preocupación de muchos es que las sanciones acaben por atornillar al chavismo en el poder, al dejar de efectuar presión y darles mejores condiciones para gobernar. ¿Cómo evitar que esto ocurra?
—Todo lo que propicia esta parálisis económica hace que fragüen aún más en el tiempo las capacidades del Gobierno de mantenerse en el poder en un país aislado y menguado. Esto afecta las condiciones de vida, de crecimiento de la población, de desarrollo intelectual, de actividad y desarrollo político.
Si no se logró que las sanciones produzcan un cambio de Gobierno, hay que trabajar en otro tipo de cambio. Todo el que promueva el statu quo actual, está promoviendo una situación donde el dinero transita a oscuras y que se estructure sólidamente un país a oscuras. Es lo que ocurre con el aislamiento.
Las sanciones son una excusa externa para todo lo que el gobierno no hace o hace mal. Interesante sería dejarlos al desnudo y pedirles cuentas.
Una de mis aspiraciones es que al menos quede al descubierto que no hay rendición de cuentas. Políticos, partidos y sociedad civil tendrán que entenderse con comunidad internacional, que está buscando cosas similares a las nuestras. Tienes que defender y presionar aquí esa rendición de cuentas. No es un trabajo de corto plazo y los resultados políticos tampoco son de corto plazo.
—¿Cree que la remoción de sanciones puntuales es la única manera viable de recuperar la economía del país?
—Quizás, por tantos años de esa polarización inducida típica de los regímenes, todo se ve como blanco o negro, pero no. Si a nosotros nos levantan las sanciones, nos vamos a mover como nos estamos moviendo, despacio y donde se pueda.
Al levantar las sanciones, el Gobierno queda expuesto a los obstáculos que pone. La flexibilización de facto que ha propiciado este nuevo equipo económico que hace cuatro años dirige la política económica, es una mutación con marco legal que ha variado muy poco y que propicia muy poco. Todo es muy gradual, escondiendo cosas. Así no se hace.
Actualmente se están exponiendo las sanciones como elementos de obstáculo, pero si las quitas, queda el Gobierno con su marco institucional como impedimentos reales de un flujo de inversiones que podría ser mucho mayor.
Todo lo que se está haciendo es una mejora, una forma de crecimiento pequeña e insuficiente, que está dejando atrás a millones de personas que están siendo excluidas gracias a la destrucción económica.
—¿Cómo han lidiado con la opinión pública tras la publicación de la carta, en un contexto de tanta polarización en las redes sociales? Los han acusado incluso de recibir pagos del chavismo.
—Hubo un momento en el que me sorprendió, pero desde 1998 veo cómo se siembra la polarización. No me impresiona eso en las redes sociales, donde se maneja un espacio de muy superficial reflexión y se tergiversa el discurso. Guardé silencio, me ocupé de aclararlo ante amigos que no piensan como yo, pero entienden mis razones.
Me he llevado la sorpresa de algunos analistas que divulgaron comentarios sobre la carta como lo haría un tuitero pagado.
—Más allá de las críticas ¿Cuál ha sido la repercusión hasta el momento? ¿Ha sido positiva o negativa?
—El efecto de la carta ha sido una grata sorpresa, porque está motivando la discusión. Este país está en una inercia de no pensar, no reflexionar, no discutir, no debatir, no articularse. Todos esos insultos que se dieron a la carta o a los 25 firmantes tuvieron ese gran beneficio.
—La opinión pública termina siendo importante en estos casos. ¿Cómo combatir la polarización, la desinformación y ese radicalismo en redes sociales?
—Las redes sociales son espacios donde hay gente que agrega valor y gente que destruye. Unos destruyen por como son y otros porque son pagados.
Mi percepción es que esta carta todavía está sobre el tapete. Es bueno porque se discute qué puede hacerse. Es importante que se avance, así sea con pasos pequeños; sin prisa, pero sin pausas, porque dependemos de lo que ocurra electoralmente en Estados Unidos. Ahí hay puertas que se cierran y llegaríamos nuevamente a un punto muerto.
Caracas / TalCualhttps://talcualdigital.com/tamara-herrera-las-sanciones-son-una-excusa-externa-para-lo-que-hace-mal-el-gobierno/
