Ramón Gómez, secretario general del Sindicato de Empleados Públicos en Sucre (Suepples), cree que la diatriba surgida a raíz de las elecciones presidenciales del 28 de julio hicieron aún más complejo el panorama nacional, al complicar la situación en el ámbito político, laboral y económico.
Gómez, quien hace vida activa sindical en la gobernación y alcaldías del estado Sucre, señaló que la situación, que ya había vislumbrado como complicada a principios de año, se ha agravado con la falta de un aumento salarial. “Se mantiene un bono de guerra que no tiene ninguna incidencia salarial, y el bono alimentario a $40, que en el caso de Sucre, por las contrataciones colectivas tiene incidencia salarial, así como en las bonificaciones de fin de año y vacacional, y en las prestaciones sociales”.
Dijo que esa no es la realidad que se vive en todo el país y que aunque los trabajadores de Sucre estén un poquito mejor, la situación en la entidad es compleja, porque el gobierno estadal rompió toda comunicación con las organizaciones sindicales.
“Durante todo este año no se ha realizado ninguna reunión de trabajo con las autoridades estadales. Se han tenido conversaciones informales, por la vía electrónica”.
Refirió que con el reciente proceso de jubilaciones manifestó algunas observaciones, entre ellas que las notificaciones no cumplen con lo establecido en la ley, por lo cual pueden estar viciadas de nulidad, pero se trata de un derecho y muchos trabajadores estaban esperando el proceso, por lo que el llamado es a corregir lo que pueda estar mal.
Llamó la atención sobre hechos como el no pago de las vacaciones no disfrutadas a jubilados, que les corresponde por ley. Tampoco saben si incluyeron en el cálculo un bono de 40 días que complementa las vacaciones.
Sí comprobaron que hay un grupo que jubilaron de enero a agosto a quienes no se les quiere cancelar este beneficio, el cual se encuentra en la ley, porque está incluido en el contrato y el estatuto de la función pública.
Considera que no hay indicios de mejoras salariales y el pago del bono de fin de año se quiere fraccionar, lo cual es ilegal. “Se trata de un concepto único y el pago debe ser único”.
En este sentido, reconoció que el fraccionamiento es una estrategia para controlar la inflación, que considera equivocada. “Está demostrado desde las estadísticas que el no pagar los aguinaldos no tiene mayor incidencia inflacionaria. En diciembre siempre hay un aumento de consumo porque hay circulación masiva de dinero y, por supuesto, se mueven un poco los precios. Aquí se pone como una excusa para el pago fraccionado del bono de fin de año”.
El dirigente sindical considera que es el gobierno el que debe buscar salidas a la crisis y convocar a un diálogo nacional. A su juicio esto pasa por acabar con la polémica mostrando las actas de las elecciones del 28 de julio. “La sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) es improcedente. La ley obliga que en un lapso de máximo 30 días se deben a mostrar las actas y no lo han hecho”.
Llamó a buscar salidas ante la presión internacional que amenaza con reforzarla sanciones “y todos sabemos que las sanciones afectan la economía del país y por supuesto afectarán la política laboral y salarial del gobierno, que de por sí es mala. No es una justificación. Hay que ser realistas. Las sanciones sí han tenido un efecto en la economía del país, pero no puede ser un argumento del gobierno para no ajustar sueldos y salarios”.
Fue aún más preciso y calibró que la salida de la crisis pasa por un cambio de gobierno y para que haya esta solución, debe haber diálogo y que se hagan elecciones transparentes para que puedan ser reconocidas.
Considera que lo contrario llevaría a un agravamiento de la crisis política y económica.
Con respecto a los anuncios presidenciales de mejoras para los educadores, Gómez se preguntó dónde quedan los demás sectores del país. “Y una pregunta que surge a raíz de eso, ¿cómo va a pagar un maestro?”.
Gómez ve la situación entrampada y cree que la salida es un diálogo, en el cual participen todos los sectores del país, incluyendo a los trabajadores, cuyas peticiones deben ser oídas por el gobierno, pues son unos 6.5 millones de empleados en el sector público y 4.5 millones de pensionados.
Sucre / Yumelys Díaz
